En la movilización del #25N, día internacional por la erradicación de la violencia en América Latina, feministas denunciaron que con la Alerta de Violencia de Género (AVG) decretada hace seis años en ocho municipios de Morelos, la violencia se incrementó en vez de reducirse. En esta acción denunciaron también que Morelos es “anfitrión del feminicidio”.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en lo que va del mandato de López Obrador han habido 10 mil 466 asesinatos de mujeres, de los cuales solo el 25% se investigan como feminicidios. En los cinco primeros meses del 2021, el feminicidio incrementó en un 7.1% en comparación al mismo periodo del año anterior.
Entre enero y agosto del presente año, Morelos superó la tasa promedio a nivel nacional de feminicidios por cada 100 mil mujeres, siendo la del país de 1.1 y la del estado de 2.1, colocándose como el segundo estado con más índice de feminicidios después de Quintana Roo que tenía un 2.2.
El gobierno del estado, con Cuauhtémoc Blanco a la cabeza, ha tenido una serie de medidas impotentes frente al incremento de la violencia, como la fue la creación de la Fiscalía Especializada para investigar feminicidios o la implementación de brazaletes con botones de pánico para las mujeres que sufren violencia de género.
Sin embargo, en cuanto a prevención del feminicidio y de la violencia, no hay iniciativas. Esto tendría que contemplar garantizar refugios dignos para las mujeres que sufren violencia, financiados por el Estado, pero administrados de forma independiente al mismo, pues no es ningún secreto que la misma policía y funcionarios están coludidos con el crimen organizado y las redes de trata o que muchas veces son ellos mismos los agresores.
Además si se quiere combatir la dependencia económica de las mujeres, que en muchos de los casos es un factor decisivo para que no puedan salir de las casas donde viven quienes las violentan, debe acabarse con la precarización laboral, que es la violencia más invisibilizada y al mismo tiempo la más generalizada.
Mientras se incrementó en un 66% el presupuesto a la militarización del país, una de las políticas responsables del incremento en la violencia en el país y específicamente hacia las mujeres, tan solo se incrementó un 3.3% a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres y de eso, el 90% fue para programas del gobierno, dejando a los programas de atención a víctimas, con una mínimo porcentaje de la partida.
Hay que reconocer que las “dádivas” del gobierno, como la despenalización del aborto en distintos estados, son en realidad conquistas del movimiento de mujeres, pero que no son suficientes. Tenemos que recuperar las calles y la organización independiente al gobierno y a los partidos del régimen que después de haber llenado el país de militares, cínicamente se quieren hacer pasar por nuestros aliados, para luchar por la demilitarización del país, por refugios dignos, para acabar con los feminicidios y con la precarización laboral, así como por la legalización del aborto a nivel nacional. | 
