En octubre, escribíamos por este medio que el Inspector del nivel secundario Pablo Raúl Meda había separado de todos los cargos a Maximiliano Kevorkian, docente del distrito de San Martín, por una denuncia de "violencia de género", procedimiento habitual para iniciar una investigación apelando al art. 139 del Estatuto del docente.
Sin embargo, lo sospechoso fue que esta "denuncia" se produjo 14 días después de que este mismo compañero docente hubiera aplicado el protocolo de ESI, elevando la denuncia de dos jóvenes por abuso contra el Director de la Institución donde el compañero se desempeña como docente de artística y ejerce como delegado. En su descargo, el compañero no sólo desconoce la situación que se le adjudica: haberse referido a la compañera denunciante como "linda", sino que podría probarse fácilmente ya que ambos no comparten turnos. Claro que estaba bien realizar una investigación. El hecho es que lo que se probó, en cambio, es que no sólo no hubo investigación, sino que la sospecha de que esta "denuncia" era una represalia contra el compañero por haber aplicado el protocolo de ESI contra un directivo, se transformó en certeza cuando mantienen al compañero separado de todos sus cargos en diferentes escuelas del distrito, aún cuando la denuncia había sido desestimada y archivada por la UFI N° 14 de San Martín el día 15/11. Para muestra de nuestra afirmación, es que la Jefatura Distrital rechazó el 13/12 -casi un mes después- un recurso de revocatoria que presentó SUTEBA San Martín, que ni siquiera pedía que lo restituyeran en ese lugar de trabajo - donde pudiera incomodar a la compañera que había realizado la denuncia- hasta tanto no se terminara de investigar el hecho; sino que requería que el compañero sí pudiera asistir a sus otros lugares de trabajo, argumentando que en este caso no había habido una relación de asimetría entre la compañera que denuncia y el denunciado, y que la aplicación del procedimiento no difería del aplicado en otros casos que excedían un conflicto vincular -aún probándose-, por lo tanto, desjerarquizaba hechos que objetivamente revestían mayor gravedad. Sin embargo, la jefatura distrital basó su rechazo del pedido en el procedimiento que exige la aplicación de la Ley Micaela sin siquiera conocer -o conociendo lo que sería peor- el estado de la causa. Si no conocía el estado de la causa que llevaba- repetimos- un mes desestimada y archivada con la debida notificación a la denunciante- ¿por qué siguió considerando al compañero sospechoso de violencia de género y sujeto al procedimiento de la Ley Micaela? El tiempo de separación del cargo de un trabajador por un hecho tan grave como puede ser una causa penal por violencia de género requiere la mayor seriedad en la investigación, tanto sea para que en el caso de que se pruebe que se ejerció violencia verbal contra una compañera, se aplique inmediatamente la sanción que corresponde; cuanto porque si, como veníamos planteando que esta denuncia estaba relacionada a una represalia, también se subsane rápidamente y se tomen las medidas pertinentes no sólo para limpiar el nombre del compañero denunciado sino para evitar que se utilice un tema tan grave como la violencia de género como forma de perseguir y disciplinar. Sin embargo, aquí o no se investigó seriamente como requiere el procedimiento y demanda la gravedad de la acusación, o se conocía la desestimación de la UFI N° 14 y se sostiene la separación del compañero (incluso violando los fueros gremiales) porque son parte de la política de persecución contra el compañero como lo han sido otros inspectores del mismo distrito años atrás.
Desde La Marrón, quienes formamos parte del movimiento de mujeres y defendemos los derechos de las mujeres, peleamos por la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles e instituciones educativas y luchamos contra toda forma de violencia contra las mujeres y diversidades, nos parece de suma gravedad la utilización de denuncias falsas para perseguir a los luchadores, pero no nos sorprende. Les recordamos a les compañeres trabajadores de la educación que en el año 2019 hubo un fallo del Tribunal Laboral N° 5 contra la Dirección General de Cultura y Educación, en ese momento a cargo de Finocchiaro bajo la gobernación de Vidal, que sentó precedentes por persecución sindical contra dos delegados del mismo distrito: quién firma esta nota y Alejandro Oviedo. En esa ocasión, utilizaron una denuncia penal por violencia de género contra los delegados para separarlos del cargo en medio de una lucha contra cierre de cursos, y aún cuando se había desestimado y archivado la causa, la inspección persistió en la separación del cargo violando fueros gremiales; hasta el fallo de inmediata reinstalación y fallando contra la DGCyE por persecución sindical.
¡Por tal motivo, exigimos la reinstalación del compañero Maximiliano Kevorkian en todos sus cargos ya! |
