La reforma laboral de Yolanda Díaz, que como analizamos en otras notas no se trata de una derogación de la reforma laboral del PP, ha encontrado un nuevo obstáculo para su convalidación en el Parlamento.

El decreto ley aprobado recientemente en Consejo de Ministros tras el pacto entre burocracia sindical, gobierno y patronal debe ser aprobado ahora en el Congreso de los Diputados a finales de enero. Sin embargo, los hasta ahora socios fieles (e indispensables por aritmética parlamentaria), ERC, EH Bildu y PNV han afirmado que no votarán a favor de la medida, debido a que afirman que tienen enmiendas al texto. La respuesta del gobierno PSOE-UP y de la patronal ha sido contundente, ambos han afirmado que no se tocará ni “una coma” de lo escrito.

La respuesta de Yolanda Díaz en rueda prensa a las afirmaciones de sus socios parlamentarios se ha producido después de que Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE, advirtiese de que cualquier modificación al texto supondría el retiro del apoyo de la patronal al acuerdo. El gobierno ha defendido rápidamente esta postura argumentando que el diálogo para consensuar el texto se habría dado ya en los nueve meses anteriores y que se habría contactado y debatido ya con las formaciones que ahora afirman haberse quedado fuera de la negociación.

La ministra de Trabajo ha resaltado como positivo el apoyo de la organización de empresarios a su proyecto, como una característica esencial de su forma de gestionar la política. Uno de los gestos con los que pretende construir su imagen de candidata a las próximas elecciones. Llegando a afirmar que lo ideal habría sido poder sacar adelante la reforma con los votos del PSOE y UP.

No obstante, la realidad es que Díaz necesita el apoyo de los tres partidos que ahora le lanzan críticas, ya que suman 24 escaños imprescindibles para la mayoría gubernamental (el gobierno está a 21 escaños de la mayoría absoluta).
Esquerra Republicana (ERC) a través de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufian, ha destacado que si bien la vicepresidenta segunda ha dedicado nueve meses a poner de acuerdo a sindicatos y patronal, no ha dedicado “ni una hora” a hablar con su formación.

Por su parte, Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, ha señalado que la reforma no es histórica como afirma Unidas Podemos, porque no rompe con la tendencia al recorte de derechos y de devaluación salarial que existe desde hace 40 años. No obstante, sí considera que existe un margen de negociación que podría permitir enmiendas que permitiesen revertir dicha situación. Bildu ha señalado que Díaz debe negociar con los partidos independientemente de si a la patronal le parece bien o mal.

El PNV que tampoco apoya el texto presentado, ha señalado que la reforma debe proteger la prevalencia de los convenios autonómicos, una medida que el presidente de la CEOE ha rechazado porque “rompe la unidad de mercado” y que, en caso de aceptarse por parte del gobierno, provocaría la salida de la patronal del pacto.

El gobierno PSOE-UP que se ha pronunciado ya a favor de las posturas de la patronal tiene ahora un mes para obtener el apoyo de sus socios parlamentarios si no quiere que el decreto ley encalle.