La fiscal federal de La Plata Ana Russo imputó al exministro de Trabajo de Vidal durante el gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, e impulsó una investigación de los hechos.
Recordemos que esta semana la Agencia Federal de Inteligencia “encontró” un video que muestra a funcionarios del anterior gobierno bonaerense, empresarios y agentes de la AFI discutiendo como armar causas contra dirigentes sindicales de la construcción.
Allí Marcelo Villegas, en ese momento ministro de Trabajo, dice “si pudiera armaría una Gestapo contra los gremios”. Lo cierto es que tiempo más tarde serían procesados y luego detenidos distintos referentes de las cúpulas sindicales peronistas, entre ellos Juan Pablo “Pata” Medina (UOCRA), Marcelo Balmacedo (Municipales) y Omar Suárez (SOMU). Están siendo juzgados y en algunos casos fueron juzgados por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Lo que pudo comprobarse con estos videos es que las causas contra estos sindicalistas, aún cuando se trata de personajes impresentables para muchos trabajadores, tenían como trasfondo los intereses políticos y empresariales de quienes se reunían en las “mesas judiciales” hoy denunciadas. Entre ellos atacar luego derechos de los trabajadores de esos gremios.
El Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak. También le solicitó que identifique a todos los que participaron de aquella reunión, organizada en junio de 2017, informaron a Télam fuentes judiciales.
Según Página 12 también se puso en acción la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. "En simultáneo, la Bicameral, que preside Leopoldo Moreau, se reunió y resolvió conformar una subcomisión para abocarse a la investigación del rol de los integrantes de la AFI que encabezaron la reunión de junio de 2017".
Por lo que se sabe hasta ahora, de aquella reunión participaron el exministro Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro y cinco empresarios de distintas cámaras de la Construcción. También funcionarios de la AFI como Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, jefe del área de jurídicos de la central de espías. Y empresarios entre los que se conocieron los nombres de Marcelo Jaworski, director General de COPETRO; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de AGRINECO; Fernando Sacrachi, director de ACIP; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.
La vicepresidenta Cristina Kirchner le dedicó un hilo de tuits al tema, aunque prefirió relacionar el tema con sus causas judiciales antes que con algún tipo de ataque a sindicatos y derechos laborales.
Desde la CGT se criticó el hecho, aunque evitaron generalizarlo: la inmensa mayoría de sus dirigentes tuvieron una excelente relación con el gobierno de Macri.
La fiscal Russo aún no calificó los hechos. Recordemos que la causa también está impulsada por la Agencia Federal de Inteligencia del actual gobierno. Desde allí denuncian que la anterior gestión “espiaba” no solo a opositores sino a sectores de su propia coalición, como en este caso.
El hecho muestra cómo el mismo Estado que pacta con las cúpulas sindicales resuelve sus disputas con métodos de espionaje y aprietes judiciales. Son los trabajadores y trabajadoras de esos gremios quienes deben rendir cuentas con la burocracia, no las “mesas” de funcionarios, espías y empresarios. En este y cualquier gobierno. | 
