El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó que se investiguen los números de teléfono y la computadora que utilizaba María Eugenia Vidal. La Justicia trata de establecer cuál fue el papel de la exgobernadora de Buenos Aires en la organización de la mesa judicial destinada a armar causas contra organizaciones sindicales y atacar derechos laborales, en una estrategia común de funcionarios que actuaron bajo su Gobierno junto a empresarios.
Kreplak solicitó que se identifiquen los números de teléfono fijos y móviles que utilizó Vidal, para poder realizar un entrecruzamiento de llamados con los funcionarios que aparecen en el escandaloso video donde se tramó la “Gestapo” antisindical. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, el exministro de Infraestructura, Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, y el actual intendente de La Plata, Julio Garro.
También requirió que se informe si la exgobernadora o alguno de los imputados en la causa tiene registros de ingresos a alguno de los edificios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
A instancias de la fiscal Ana Russo, el juez modificó la carátula del expediente con otros posibles delitos: asociación ilícita, abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y violación de la ley de inteligencia. Además, pidió que las llamadas sean cruzadas con los números telefónicos de Juan Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra, tres altos funcionarios de la AFI que también aparecen en el video.
Fuentes judiciales informaron que Kreplak solicitó que se incluyan los números de teléfono de los empresarios que estuvieron presentes en la reunión ocurrida en la sede porteña del Banco Provincia de Buenos (Bapro), según publicó La Nación.
Después de estas investigaciones, Vidal, que actualmente ocupa una banca como diputada nacional de Juntos por el Cambio, podría quedar imputada también en la causa. Días atrás, se defendió de las acusaciones con argumentos que sonaron a excusas. Primero afirmó que fue “una reunión institucional” y luego que “una reunión de trabajo grabada ilegalmente no sirve como prueba”.
Sin embargo, los ingresos de quienes participaron de la reunión no fueron registrados en el edificio del Bapro, algo que hubiera ocurrido si se trataba de una reunión de carácter institucional, como aseguró la exgobernadora.
El video, que se conoció a fines de diciembre, volvió a exponer los vínculos entre el poder político, los empresarios, los servicios de Inteligencia y el Poder Judicial. Se trata de una práctica que se ha afianzado desde la salida de la dictadura en adelante, y que atravesó a todos los gobiernos de turno sin importar su signo político.
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