Colapsan los servicios públicos en medio de la ola de calor pero el gobierno provincial se resiste a quitarle la concesión a EDET. Apenas anunció una multa tardía de 15 millones de pesos, monto que equivale a la facturación de la empresa en apenas unas horas.

Este jueves la ola de calor en Tucumán llegó a un pico con 39 grados y 43 de sensación térmica y se pronostica que seguirá escalando en los próximos días hasta el fin de semana. Pero la situación se está convirtiendo en un grave problema para miles de familias que en todo el territorio de la provincia están sin luz y, ahora también, sin agua.

Recordemos que la empresa de distribución de energía, EDET, comenzó con sus cortes de energía programados en diciembre. En aquel momento, el directorio salió a defenderse responsabilizando a la empresa de distribución de agua, SAT, por la rotura de un cable de alta tensión. Aunque el cable en cuestión ya estaría arreglado, continúan los cortes de energía y esta semana se trasladaron desde el centro de la capital a la zona metropolitana, Yerba Buena, Tafi Viejo, Banda del Río Salí, Famaillá y Leales, entre otras zonas afectadas.

Aunque parezca mentira, en la página de la empresa estos cortes aparecen asociados a "obras de mantenimiento". No se registran obras en meses anteriores ni posteriores, pero ahora, en medio de un aumento de la demanda de energía para uso doméstico la empresa programa cortes de 4 a 5 horas en distintas zonas de la provincia.

Hace apenas unos días, Máximo Fons, Jefe de Operaciones de Transnoa, la empresa encargada del transporte de energía al NOA, reconoció que en Tucumán existen apenas dos estaciones transformadoras desde donde se realiza la distribución a todos los hogares y establecimientos de la provincia. También reconoció que existe una notable "insuficiencia de infraestructura eléctrica de transporte en la provincia", aunque a la hora de las responsabilidades señaló a la empresa EDET por la falta de inversión.

Como el meme del hombre araña, todas las empresas de servicios públicos se señalan entre sí, y ahora es la Sociedad de Aguas de Tucumán (SAT), la que justifica los cortes de agua responsabilizando los cortes de energía de la empresa EDET. La falta de agua con estas temperaturas es un hecho gravísimo que está afectando a miles de familias en Los Ralos y en Las Talitas.

Mientras tanto desde el gobierno provincial anuncian a los cuatro vientos medidas que no causan ni cosquillas a estas empresas. En el caso de Edet, la Dirección de Comercio Interior aplicó, por orden del gobernador Osvaldo Jaldo, una multa tardía de 15 millones de pesos por 3 cortes de luz, uno de 2019 y los otros dos en diciembre de este año.

Lo anunciaron como una multa "millonaria", como la tasa más alta que se le puede cobrar a esta empresa que viola sistemáticamente el contrato de concesión que tiene hace 25 años. Sin embargo, ya en 2018 esta empresa facturaba más de 11.500 millones de pesos y se ubicaba dentro de las primeras 500 empresas con mayor facturación del país. Es decir que ya en 2018 facturaba más de 30 millones de pesos por día, el doble de la "histórica" multa en cuestión. Con los tarifazos de Macri y Manzur, la facturación al día de hoy debe estar duplicando lo declarado en hace tres años.

En el caso de los cortes de agua, desde el gobierno ni siquiera amenazó con pequeñas multas para la SAT, que hace años recibe centenares de denuncias por cortes de agua, distribución de aguas sucias y colapso del sistema cloacal. Apenas instó a la empresa a poner un camión cisterna para los barrios afectados.

Lo llamativo, o no tanto, es que a pesar que varios legisladores del oficialismo e incluso "opositores", como Federico Masso, pidieron aumentar las multas, ninguno cuestiona el modelo de servicios públicos privatizados desde hace décadas. Estas empresas que tienen la concesión total o participación accionaria sobre los servicios públicos esenciales como el agua, la luz, el gas o el transporte, se dedican a facturar millones de pesos sin invertir un centavo en ampliar la capacidad de provisión para la población.

Desde el Frente de Izquierda Unidad, Alejandra Arreguez, sostuvo que "el gobierno de Jaldo y Manzur son responsables del colapso en los servicios públicos, durante años se dedicaron a sostener el negocio de estas empresas a costa de la salud de miles de familias que ahora están sin luz y sin agua soportando temperaturas altísimas. No alcanza con anunciar multas ridículas. Hay que quitarle la concesión a estas empresas, que abran los libros contables para ver a dónde fugaron los millones de pesos que reciben todos los años y que no van a inversión, y hay que estatizar los servicios públicos bajo control de trabajadores y usuarios. El acceso a estos servicios es un derecho humano vital y esencial, no puede quedar en las manos de empresas que solo buscan maximizar sus propias ganancias".