Son muchos los aspectos a analizar de este acuerdo, que gobierno y los sindicatos del régimen no han tardado en calificar de histórico, como si el hecho mismo de que sea avalado por todas las partes sea por sí solo un síntoma de un buen acuerdo.

Desde luego para CGT es cuando menos claramente insuficiente, como ya se ha manifestado.

Los estudios más pormenorizados, en breve se conocerán de la mano de nuestras compañeras del equipo jurídico. Desde aquí nos limitaremos a hacer un repaso de los temas más llamativos, pero sobre todo a comentar al final, como hemos llegado hasta esta Reforma Laboral y que repercusiones tiene a nivel de sindical y político, para elaborar un discurso crítico, como primer paso una respuesta organizada.

Y para hacernos una idea de la situación, nada mejor que empezar por destacar cómo celebra la patronal este acuerdo. Así, en un comunicado publicado por CEOE y CEPYME con fecha del mismo 23 de diciembre, afirman que “el acuerdo consolida en modelo laboral actual, que ha permitido incrementar la productividad de las empresas, asegurar su competitividad y contribuir al crecimiento del empleo” y añade que “mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa y la seguridad jurídica y contribuye a la paz social”. Con estas afirmaciones queda bastante claro la orientación de esta Reforma Laboral.

Pero hagamos un repaso de las medidas más destacadas.

Puntos en los que se mejora con esta Reforma Laboral:

1. Se recupera la Ultra actividad de los convenios colectivos. Es decir que se mantenga en vigor los convenios en las mismas condiciones, hasta que se llegue a un acuerdo para firmar uno nuevo. Este asunto había sido muy controvertido desde la Reforma del 2012 del PP. Y desde el punto vista legal era muy difícil de seguir sosteniendo esta situación. Así que este asunto queda corregido.

2. Se recupera la Prevalencia del convenio sectorial, pero solo en materia salarial. Algo que no se está explicando adecuadamente, porque en el resto de medidas, los convenios de empresa van a seguir teniendo prevalencia con condiciones laborales en muchos casos peores, como jornada de trabajo, vacaciones…

3. Al mismo tiempo esto es fuente de importante controversia porque no se garantiza la prevalencia del convenio de ámbito provincial o autonómico, que con frecuencia los sindicatos nacionalistas suelen negociar con condiciones sensiblemente mejores.

4. Aumentan las sanciones a las empresas por contratos en fraude de Ley. Pero claro, las empresas saben que son muy pocas las trabajadoras que denuncian este tipo de abusos en la contratación y la Inspección de Trabajo no dispone de suficientes recursos.

5. Mejoran las condiciones para la conversión de contratos temporales a indefinidos. De tal manera que antes era necesario cumplir 24 meses de contrato en un periodo de 30 meses para la conversión a contrato indefinido y con esta nueva Reforma será suficiente con cumplir 18 meses en un periodo de 24 meses. Lo cual es un avance sin duda. Pero esta medida que se presenta como una solución a la temporalidad en el empleo, lo más probable es que en muchos casos favorezca el aumento de rotación de trabajadores eventuales en la empresa.

Todo esto está muy lejos de ser una derogación de la Reforma Laboral del 2012del PP y ni mucho menos de la de 2010 del PSOE.

Por tanto, siguen intactas las principales mediadas que garantizan la desigualdad en favor de las empresas y que dificultan la capacidad acción de las trabajadoras. Son las líneas rojas que exigía la patronal como intocables, y sobre las que ni gobierno, ni sindicatos de pacto, han planteado la más mínima oposición. Se mantiene así la flexibilidad interna y externa que tanto les ha beneficiado a las empresas en los años de austericidio:

1. No se recupera la indemnización por despido improcedente, anterior a 2012. Antes era de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 meses. Y se mantiene con 33 días/año con un máximo de 24 meses.

2. No se toca las condiciones para los despidos colectivos (ERE), que antes de 2012 era necesario que contara con la aprobación previa de la autoridad laboral.

3. No se toca la indemnización por despidos objetivos individuales, que se mantiene en 20 días por año trabajado y un máximo de 12 meses.

4. Tampoco se recupera los salarios de tramitación. Es decir, tener que abonar los salarios dejados de percibir mientras dura el proceso jurídico. Este es un asunto tabú para el empresario y que facilita el despido barato y tasado.

5. No se ponen límites en porcentaje de contratos temporales en la empresa. Se deja a la negociación colectiva.

6. No se toca la Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, Art. 41 del ET. Verdadera arma de destrucción masiva de puestos de trabajo a bajo coste.

7. No se toca la movilidad geografía Art. 40 del ET. Otra medida muy útil para el empresario para eliminar puestos de trabajo. Ya que las trabajadoras se ven sin más incentivo que aceptar una pequeña indemnización ante el tortuoso camino jurídico.

8. Se amplía las posibilidades de aplicación de los ERTE con el nuevo mecanismo RED. Que por una parte no consumen cotizaciones del trabajo, pero tampoco garantiza el 100% del salario, sino solo el 70% del sueldo. Y vendrá acompañado de bonificaciones para las empresas. Además de ayudas directas para la formación de trabajadoras y trabajadores en ERTE. Lo que sin duda podrá ser una nueva fuente de corrupción.

9. Se mantienen la externalización de tareas estructurales que puede tener una empresa a través de subcontratas. Para entendernos con un ejemplo, Las Kellys que trabajen en un hotel a través de una subcontrata de servicios como es lo habitual, seguirán estando tan precarias como siempre. Podrán reclamar el convenio de limpieza, pero seguirán sin conseguir que se les aplique el convenio de Hostelería, de aplicación en la empresa matriz del hotel.

10. Las medidas propuestas para reducir la temporalidad de los contratos, no tienen ninguna garantía de éxito mientras no se refuerce con más medios y recursos a la Inspección, tal y como ha afirmado Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo.

A modo de conclusiones, a partir de aquí nuestro humilde granito de arena

Para empezar, creemos que recuperar las condiciones laborales anteriores a 2012 e incluso la reforma de 2010, no son medidas revolucionarias.

Volver a la situación previa a 2012 es simplemente cumplir con las promesas electorales del propio gobierno autoproclamado el “más progresista de la historia”. Eso por sí solo sería una medida claramente posibilista, insuficiente, pero podría identificarse como un compromiso.

Como anarcosindicalistas no nos vamos a lamentar por las promesas incumplidas de un gobierno pretendidamente de izquierdas. Pero si merece la pena destacar sus contradicciones y el contexto general en el que se firma este acuerdo.

Para empezar, hay que dejar claro, que las razones por las que se convocó Huelga General en 2010 y en 2012 siguen vigentes. Esto hay que dejarlo bien claro. Las mismas razones que ahora CCOO y UGT parecen no dar importancia.

El juego de intereses se mantiene como siempre. Conviene recordar que, en 2010, solo un mes más tarde de la Huelga General del 29 S, Zapatero nombró como ministro de Trabajo a Valeriano Gómez, el líder de UGT que encabezó la manifestación de aquella Huelga General. Y desde entonces ya no se volvió a cuestionar la Reforma Laboral de Zapatero.

Ahora el gobierno actual, también tiene poderosos argumentos para persuadir a los llamados “agentes sociales” para firmar este acuerdo, que pretende sellar la “paz social”. No en vano tanto las organizaciones empresariales, como CCOO y UGT, se convertirán en beneficiarias directas de buena parte de esos 140.000 Millones de €, que el gobierno espera ir recibiendo de forma progresiva en los próximos años, de los fondos de rescate europeos, tras el visto bueno a este acuerdo. Del mismo modo que las comunidades autónomas de aquellos partidos que hoy se muestran un tanto recelosos de este acuerdo de Reforma Laboral, también recibirán su correspondiente asignación cuando llegue el momento.

Las mismas contradicciones que nos invitan a recordar que el Decreto de Fondos Europeos aprobado en el parlamento español fue aprobado gracias a la abstención de Vox. Lo que favoreció que Sánchez llegará a elogiar a Abascal como un “hombre de Estado”.

Pero además CCOO y UGT se encuentran en uno de sus peores momentos de financiación, ante la actual situación derivada de los últimos escándalos de corrupción. Pero también de otros casos antiguos, como el de los ERE de Andalucía, donde tienen a varios imputados.

En resumen, no podemos esperar nada de aquellos que son parte del problema, de aquellos que sirven fielmente al sistema y que dependen de él para mantener su estatus.

Solo nos queda desenmascarar las promesas vacías del gobierno, su modelo de legitimación de la desigualdad y del mismo modo la hipocresía de los sindicatos del régimen que ahora dan por valido aquello que en su día los llevó a convocar Huelga General.

Y desde ahí construir desde abajo una alternativa antagonista frente al discurso oficial. Desde el sindicalismo combativo y de clase, desde el apoyo mutuo y la acción directa. Con la aspiración de favorecer la organización de la clase trabajadora, para cambiarlo todo.