Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario, e Inés Gómez-Mont, presentadora de televisión, fueron señalados desde 2020 por la FGR de haber participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Gómez-Mont se defendió en sus redes arguyendo que "jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos [...] Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado". La FGR, por su parte, sostiene que el matrimonio hizo uso de recursos del erario federal y realizaba contratos mediante comprobantes digitales que aparentaban prestaciones de servicios que no se hacían.

Según la dependencia, el matrimonio habría realizado una evasión fiscal de 2 mil 950 millones de pesos. Asimismo, según información del sitio Animal Político, el desvío se habría hecho a través de mil 446 operaciones bancarias junto con la SEGOB.

El día de ayer, 20 de enero, la FGR comunicó que finalmente emitió órdenes de aprehensión contra Gómez-Mont y Álvarez Puga, quienes se encuentran prófugos y que ya tienen ficha roja emitida por la Interpol.

Corrupción capitalista

El caso del matrimonio Álvarez Puga-Gómez-Mont es otro ejemplo más de que la corrupción es el aceite que engrasa la maquinaria capitalista. Gómez-Mont, en el ya mencionado posteo en redes sociales, señalaba que "tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida", aunque varias noticias señalan que llegaba a regalar bolsas que costaban varios millones de pesos.

Gómez-Mont es además sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont, quien fuera titular de la dependencia durante el sexenio de Felipe Calderón y que además formó parte del PAN por 20 años. Por su parte, Álvarez Puga es CEO de Álvarez Puga y Asociados, una firma que sostiene es "una de las más prestigiadas de México".

La asociación entre políticos, familiares de políticos y empresarios es común, al grado que incluso muchos le llaman "la puerta giratoria" a la facilidad con la que unos y otros cambian del ámbito público al privado y viceversa. Tal es el caso del expresidente Ernesto Zedillo, quien, como accionista de Grupo Citi, llegara a recibir 3 millones de dólares luego de terminar su mandato.

La corrupción, lejos de ser un problema aislado, es general en un sistema que prioriza la ganancia por encima de las necesidades sociales —como ya lo demostraron los casos de los Papers Panama, Pandora y Paradise—, que involucran a complejos entramados de redes, contactos y empresas especializadas en evadir impuestos y desfalcar dinero a través de los paraísos fiscales.

Frente a ello, un Estado de distinto tipo, organizado a partir de la estatización de los medios de producción, en el que sean los trabajadores y no las castas político-empresariales quienes gobiernen, frenaría este fenómeno con candados democráticos como la rotatividad y revocabilidad en cualquier momento de los funcionarios electos, así como estableciendo que los funcionarios no ganen por encima de lo que gane un trabajador calificado. De esa forma, al contrario de quienes afirman que "el poder corrompe" o que "el hombre es egoísta por naturaleza", se puede garantizar que exista una constante rendición de cuentas y una democracia más eficiente. Cuestiones que son imposibles dentro del capitalismo.