El Conacyt se encuentra elaborando el nuevo anteproyecto del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, el cual fue enviado por esta institución a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) para su revisión. Cabe destacar que en esta nueva normativa hay una serie de disposiciones represivas que atentan contra la libertad de expresión y de manifestación, entre ellas la suspensión de becas a mexicanos que estudien en el extranjero si son parte de protestas políticas, al igual que a estudiantes extranjeros que estén en México si incurren en lo mismo (lo que ya se contemplaba en el reglamento de 2018).
Dicha medida parece responder a las recientes protestas en diferentes instituciones, como el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) donde el gobierno del Morena, mediante la directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, intentó imponer las directrices de la 4T en esa institución. Y es que el CIDE es una universidad dominada por los viejos adversarios de derecha del presidente, como el Instituto Nacional Electoral (INE), quien es miembro de su Consejo Directivo; pero ellos no son los únicos que protestan, existen también sectores críticos “por izquierda” que serían afectados por la medida, como -por ejemplo- los estudiantes de maestría de estudios latinoamericanos, quienes, en octubre de 2020, se movilizaron contra el recorte de becas.
Esta nueva legislación crea la posibilidad de que se busque suspender las becas a quienes participen en cualquier manifestación política, limitando el derecho a la participación. Además de que recortar becas se ha convertido en parte de la política del gobierno de la 4T, lo que ya sucedía en las anteriores administraciones, pero fue a partir del 2020 con la aparición del covid-19, que esta política se intensificó, ya que, en el 2019, se destinaron más de 52 mil 511 apoyos y en el 2021 el monto fue de 51 mil 706, es decir, de 805 apoyos menos.
Continuidad productivista
Pero la suspensión no va sólo contra los que participen en manifestaciones políticas, pues el anteproyecto contempla (y esto no estaba en el reglamento de 2018) que en el dado caso de que una becaria se encuentre embarazada, en vísperas del parto o en puerperio, la beca le será suspendida durante ese periodo. Lo que constituye una abominable regresión patriarcal.
Junto con ello se agrega que se suspenderá la beca al estudiante que sufra una incapacidad temporal (física o mental) o se presente alguna situación de fuerza mayor “que le impida continuar con el desarrollo de los compromisos asumidos”.
Pero, ¿qué significado tiene la suspensión de la beca por embarazo, por una incapacidad temporal o una situación de fuerza mayor? ¿Qué no son esos los momentos en los que más se necesita la beca? En julio de 2021 se anunció la desaparición del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) para ser reemplazado por el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), junto con los nuevos mecanismos derivados del Reglamento de Becas. El SNP se fundó con la supuesta premisa de que “va a dirigido a solucionar problemáticas sociales”, donde la propia Álvarez-Buylla denunció al PNPC (herencia de los gobiernos pasados), porque “se priorizó la visión productivista y la competencia, el centralismo y la evaluación cuantitativa de los programas, además de que se desvincularon los posgrados de las prioridades de investigación en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que necesita el país".
Sin embargo, la 4T da continuidad a esa visión productivista instaurada por los gobiernos anteriores. Precisamente de ahí se deriva la suspensión del apoyo contra las becarias embarazadas o contra quienes tengan una incapacidad temporal o una situación de fuerza mayor, porque durante esos periodos no son productivos desde el punto de vista de los estándares del Conacyt. Por lo que el discurso “humanista” se viene abajo frente a la verdad, que, desde el Consejo, el gobierno del Morena sigue privilegiando que la producción científica y tecnológica se lleve a cabo desde una lógica de mercado, es decir, de competencia y no para solucionar las problemáticas sociales.
No más simulaciones
Como lo hemos venido denunciando en los artículos de este diario, las medidas tomadas por la directora del Conacyt, en obediencia al proyecto planteado por el presidente de la república, han sido una gran simulación, ya que buscan aparentar ser distintos a partir de enarbolar un discurso humanista, pero, terminan por implantar medidas que dan continuidad a las políticas de los viejos partidos del régimen. Pues mantienen los aspectos fundamentales de la orientación productivista de la ciencia y la tecnología, donde persiste la existencia de castas doradas académicas con onerosos salarios, a la par que hay trabajadores precarios como los profesores de asignatura, para los que a veces su mejor fuente de ingresos es la propia beca Conacyt.
Esta situación se ve reforzada por legislaciones como la Ley General de Educación Superior (LGES), que reafirma el poder de las castas doradas, quienes, por cierto, acaparan los beneficios del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que es el sistema de estímulos que otorga el Conacyt para la investigación científico-tecnológica. Y es con esto que se promueve el productivismo, precisamente porque se incita a la competencia por los estímulos, algo que los funcionarios de la 4T no se han planteado desaparecer sino servirse de él.
Así, lo que se requiere es que se democratice la distribución de los recursos mediante el desmantelamiento de las estructuras burocrático-académicas, para que su destino no se decida en las alturas como se hace hoy con el anteproyecto de nuevo reglamento, pues lo que se necesita es que se otorguen más becas y apoyos para la investigación. Recursos que pueden provenir de aumentar el presupuesto en educación, ciencia y tecnología, a partir de que las comunidades académicas, integradas por profesores, trabajadores (administrativos y manuales) y estudiantes, decidan cómo fortalecer el quehacer científico y no los altos funcionarios desde un escritorio. |
