El Gobierno presentó hoy un principio de acuerdo para reestructurar la deuda por U$S 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, contraída en 2018 por el gobierno de Macri.
A pesar de los anuncios del propio presidente Alberto Fernández en la inauguración de sesiones del Congreso en marzo de 2021 de iniciar una "querella" a los responsables del préstamo fraudulento, el Gobierno orientó sus dos años de gestión a negociar la deuda ilegal e ilegítima y se encamina ahora a validar todo el endeudamiento con el organismo mediante la firma de un nuevo acuerdo.
La reciente investigación de los juristas internacionales Karina Patricio Ferreira Lima (Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds) y Chris Marsh (macroeconomista de la Universidad de Cambridge y fue funcionario del FMI) concluyen que el acuerdo stand by de 2018 entre la Argentina y el FMI debería considerarse nulo.
Sostienen allí que el mayor programa en la historia del Fondo "fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ’ultra vire’." Esto implica, de acuerdo al derecho jurídico internacional, que el acuerdo debería ser considerado nulo por rebasar “el límite de la ley".
Allí constatan, entre otros aspectos, que el programa acordado:
- Contenía objetivos imposibles de alcanzar, basados en supuestos y errores contables atroces e inconsistencias.
- “El programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un "agujero negro" contable de al menos 20.000 millones de dólares. Todo ello hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir”.
- En el mismo diseño del programa ya estaba inscripto que se amplificaría y se agravaría la crisis de balance de pagos, "debido a la falta de pedidos de controles de capitales, que el Fondo estaba legalmente obligado a solicitar”.
También afirman que en dicho acuerdo “el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente”. Argentina ya tiene 22 acuerdos firmados con el FMI, una historia de fracasos y de recetas que se repiten. El del gobierno peronista de Fernández será el número 23, ¿por qué ahora sería distinto?
Fuga de capitales
Otro capítulo aparte corresponde al destino de los dólares que obtuvo Macri con el préstamo del FMI. El Banco Central reveló en un informe del año 2020 que desde diciembre de 2015 la fuga de capitales fue de más de U$S 86.000 millones. La mayor parte del endeudamiento macrista financió la fuga de capitales; en particular el préstamo del FMI. Los responsables de dicha fuga fueron las grandes empresas como Telefónica, Pampa Energía, Western Union, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, entre otras. La información fue difundida por Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la luna.
El FMI violó su propio estatuto para autorizar la venta de dólares del Central. La Sección 1 del Art. VI del estatuto del FMI en su inciso a) establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”. A pesar de esto el Fondo no se hace responsable de nada.
En el informe elaborado por el propio FMI sobre el préstamo stand by y presentado en diciembre pasado se reconoce que el programa "no cumplió con sus objetivos, a pesar de las significativas modificaciones de las políticas económicas. Aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales, ejercieron una presión considerable sobre el tipo de cambio".
Pero se lava las manos en la responsabilidad de este fraude, que sirvió para financiar la campaña electoral de Macri, como informalmente se refiere el hecho de que permitió la fuga de capitales de las grandes empresas locales y extranjeras y amigos del ex presidente. El informe del Fondo no apunta contra los responsables de la catástrofe, Christine Lagarde, David Lipton, Alejandro Werner o Ricardo Cardarelli, quienes negociaron y cerraron el acuerdo con la Argentina. Según el organismo, "el informe de evaluación ex post concluye que se cumplieron las políticas y los procedimientos pertinentes del Fondo".
Ningún basamento legal
Otra investigación en Argentina de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público, afirma que la deuda contraída por Macri con el FMI no tiene ningún basamento legal ni cumplió con los procedimientos administrativos. Andrés Bernal, Augusto Martinelli y Francisco Verbic son los autores del informe.
Le reclamaron al Poder Ejecutivo Nacional del gobierno de Macri, en ese entonces, algo muy básico: que informe documentadamente las condiciones del empréstito y los procedimientos que se siguieron para acordar con el FMI. Realizaron dos amparos y tres reclamos administrativos. Pero la respuesta fueron una serie de contradicciones y evasivas.
Del análisis efectuado concluyen contundentemente que se violaron de forma manifiesta todos los procedimientos legales y de procedimiento establecidos para la toma de decisiones públicas en el campo de la deuda pública externa. Llegando al punto de que ni siquiera hay constancia legal de haberse suscripto acuerdo ni contrato alguno.
Inconstitucional
Hay una querella ya iniciada. En diciembre de 2019 Claudio Lozano y Jonatan Emanuel Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, denunciaron penalmente a Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Guido Sandleris por el acuerdo con el FMI.
Afirman que los funcionarios de Cambiemos firmaron el acuerdo inconstitucionalmente porque "debió necesariamente ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación. El PEN se negó a hacerlo invocando una norma caduca" (el último párrafo del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera).
Las investigaciones y denuncias son claras. No se trata solamente de la deuda con el FMI, sino del mecanismo en su conjunto de la deuda externa que tuvo su origen espurio en la dictadura. De allí en adelante la cantidad de operaciones fraudulentas con la deuda pública es innumerable..
Cada renegociación de deuda actúa como un “borrón y cuenta nueva” para ir ocultando los fraudes previos. En el año 2000, el juez Ballesteros dictó sentencia en la llamada Causa Olmos detectando 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. Alejandro Olmos Gaona, hijo de quien hizo la denuncia original, explicó que ese fallo fue enviado al Congreso y desde allí ningún gobierno le dio curso.
Esto no es casualidad ni desidia. La forma fraudulenta e ilegítima de los actos de endeudamiento, su falta de contabilidad y registro, el incumplimiento de los procesos administrativos y legales, son expresión de su contenido antipopular y contrario a los intereses de las mayorías sociales. La deuda no tiene licencia social. Por eso siempre se intenta ocultar, realizar a las apuradas o sin cumplir con los procedimientos para alejarla de las grandes mayorías.
Por eso es necesario rechazar este nuevo acuerdo con el FMI y pelear por el desconocimiento soberano de la deuda a partir del desarrollo de la movilización popular, así como una necesaria exigencia a los sindicatos para que salgan del inmovilismo y la complicidad con el gobierno y su pacto de ajuste.
Por un plan de lucha para rechazar al FMI, como propone el Frente de Izquierda, continuando con la enorme movilización amplia y unitaria del 11 de diciembre pasado, y levantando un programa para terminar con el sometimiento nacional y de defensa de los intereses de la clase trabajadora.
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