En lo que pareciera ser un hecho inédito en el país desde el retorno a la democracia, la comisión de medio ambiente de la convención constitucional aprobó en general una serie de disposiciones sobre nacionalización de los principales recursos estratégicos del país.

La votación, aprobada por una mayoría del 50% de los 19 integrantes de la comisión fue rechazada por los convencionales de la derecha, dos independientes y un convencional del colectivo socialista.

Si bien la votación del día de ayer es un paso en la discusión de temáticas tan relevantes como la explotación de los recursos estratégicos del país (como el cobre, litio y otros) esta no representa una definición en este punto, ya que al igual como funciona actualmente el parlamento, estas votaciones son “en general”, ahora deberán ser discutidas artículo por artículo que pueden ser rechazadas o aprobadas e incluso, la norma en general puede ser rechazada por el pleno de la convención ya que esta debería ser aprobada por el quórum de los ⅔ donde los hoy por hoy, los votos no estarían disponibles.

Dentro de las disposiciones de la norma esta la expropiación a las actuales empresas mineras y su paso al Estado, similar al proceso vivido durante los 70. La posibilidad de una expropiación encendió alertas en la derecha, quienes trataron a la norma como una “aberración” que quebraría la certeza jurídica que ha construido el país.

Normas transitorias y el rol de la presidencia de Boric

Luego de las primeras votaciones en general de la norma, la comisión pasó a votar algunos artículos transitorios que buscarían la implementación de la norma. El primero de estos artículos, aprobado por 11 votos a favor y 8 en contra, se estableció que “en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales” se deben nacionalizar e incorporar al exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación de bienes estratégicos, “pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional”. Esta toma de posición sería de carácter de “inmediata” a disposición del presidente de Chile, quien tendría un plazo de un año para implementar esta disposición.

De esta manera, de llegar a ser aprobada esta medida tal como está hoy quedaría amarrada a la decisión de Boric si se lleva adelante o no en el plazo más breve. Por esta razón convencionales de derecha, exigieron que la próxima ministra de minería, Marcela Hernando, se pronuncie sobre el tema.

Otra de las normas transitorias aprobadas, derogaría la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y el Código de Mineria que estuvieran en contradicción con las nuevas disposiciones aprobadas por la nueva Constitución.

Los ⅔ y letra muerta.

Sin lugar a dudas la expectación que generan estas votaciones es alta. La nacionalización de los recursos naturales estratégicos del país ha sido una lucha constante de sus privatizaciones durante la dictadura. El modelo impuesto por Jaime Guzmán, José Piñera y los Chicago Boys entregó las enormes reservas estratégicas del país a un puñado de empresas multinacionales y grandes grupos nacionales quienes se han hecho millonarios a costa del saqueo del país y la instalación de zonas de sacrificio.

Este modelo, de Estado subsidiario, fue aprobado y perfeccionado por los partidos de la exConcertación (que hoy participan del gobierno de Boric) quienes a través de las leyes del Royalty y otras, dieron legitimidad al negocio y extendieron su alcance.

Ahora, con la Convención Constitucional debatiendo el fin de este modelo, el quórum negociado durante la firma del acuerdo por la paz y ratificado por la propia Convención, se transforma en el gran mecanismo para frenar este tipo de iniciativa y que queden en letra muerta.

Todas las normas tratadas por la comisión de medio ambiente pudieron ser aprobadas gracias a que para pasar a la discusión del pleno deben contar con una mayoría simple (50%) pero se sabe que en el pleno de la Convención no estarían los votos para que sea aprobado por los 2/3 que requiere el quórum.

Esto hace que este tipo de discusiones no pasen de ser simbólicas ya que no hay piso para su aprobación, cuestión que puede generar decepción en amplios sectores de la población con la consecuente perdida de legitimidad de la propia Convención.

Desde estas líneas hemos dicho una y otra vez la trampa que representó la Convención para las posibilidades que se abrieron en octubre del 2019. Denunciamos cómo la instalación de la misma, sin mediar una ruptura con los acuerdos por la paz y la nueva constitución, no representan ningún avance sustantivo en poner fin al modelo capitalista que sigue funcionando en el país.

No tenemos ninguna confianza en la Convención y sus quórum por lo que hacemos un llamado a la clase trabajadora y los sectores populares a estar pendientes de estos debates, a organizarnos y prepararnos para nuevamente salir a la calle a luchar por nuestras demandas, donde la nacionalización, sin pago, de los recursos naturales y estratégicos del país, bajo gestión de las y los trabajadores será una batalla central para terminar con todas las miserias a las que el sistema condena nuestras familias trabajadoras nacionales y extranjeras.