Gustavo Zbuczynski es docente y referente de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA). Escribió en coautoría los libros Clínica Institucional en Toxicomanías y Consumos Problemáticos (ambos por Editorial Letra Viva) y es un especialista de permanente consulta en la materia. A partir de la noticia de la veintena de muertes (y casi un centenar de hospitalizaciones) por el consumo de cocaína adulterada en las zonas oeste y norte del Gran Buenos Aires, Zbuczynski dio varias entrevistas a medios nacionales.
Sobre la cocaína adulterada que provocó la intoxicación masiva, Zbuczynski dijo que en ARDA recibieron información, a través de “viejos promotores de trabajos territoriales” que hicieron en los últimos años, sobre “muchos usuarios de drogas que consumieron esta misma droga pero no quisieron asistir a los sistemas de salud. Probablemente hayan tomado una dosis muy baja, con lo cual tienen un consumo distinto o una tolerancia mayor por estar en mejor estado de salud”. Confirmó así que la sustancia adulterada tuvo un alcance mucho mayor al de las cifras oficiales.
Enseguida Zbuczynski salió al cruce de quienes desde diferentes espacios critican la actual Ley Nacional de Salud Mental en lo que respecta al tratamiento de pacientes con consumo problemático de drogas. “Yo no creo que en este aspecto haya que cambiar la legislación. Soy un defensor acérrimo de la ley de Salud Mental, no porque sea perfecta (todo en el mundo es perfectible), pero lamentablemente en once años que llevamos desde su promulgación, nunca pudo ser implementada por diferentes intereses corporativos que se opusieron. No podemos decir que una ley es mala cuando no se pusieron todos los recursos ni se hizo todo lo posible para implementarla”.
En ese sentido detalló que “la ley prevé la construcción de sistemas alternativos a las internaciones y durante once años no se puso un peso para eso. No es que no sirva la ley sino que no se implementa por intereses extraños a la misma ley”. Y sobre la crítica más extendida de parte de sectores conservadores a la norma, afirmó que “no es verdad que Ley Nacional de Salud Mental no permite las internaciones, lo que hace es regular las internaciones de una manera distinta a como algunos quisieran que fuera”.
En ese marco recordó que “históricamente se internaba a las personas por el simple hecho de que se presentaban familiares y decían ‘es un drogadicto’, utilizando el término en forma extensiva, incorporando a quienes efectivamente padecían adicciones pero también a usuarios recreativos de sustancias u ocasionales. Hay gente que terminaba internada durante un montón de tiempo en lugares cerrados, contra su voluntad y cuando no hacía falta una internación. Llegamos a tener un pibe internado durante dos años por la tenencia de un porro que, posiblemente, era la primera vez que tenía un porro en el bolsillo. Eso es lo que puso como regulación la ley de Salud Mental”.
Zbuczynski aclaró al respecto que “hoy se puede internar a personas (contra su voluntad) siempre y cuando dos profesionales de distintas disciplinas de la salud mental corroboren que el paciente está en un momento de riesgo cierto y evidente. Si dos profesionales firman ese consentimiento, la persona se puede internar de forma involuntaria”.
Despenalización, legalización y regulación
El referente de ARDA también abordó el tema del consumo problemático de drogas y la relación que establece el Estado con el narcotráfico, dos universos que se “juntan” en el prohibicionismo y el punitivismo a través de la Ley 23.737, conocida como “Ley de Estupefacientes”, promulgada en 1989 y aún vigente.
Al respecto Zbuczynski afirma que la primera “acción” que proponen desde la Asociación es “derogar o modificar la 23.737, por la simple razón de que para esta ley cualquier estrategia de reducción de riesgos y daños es apología del delito. Mal podemos avanzar en todas las estrategias que podemos ofrecer para resolver muchos de problemas vinculados con el consumo de drogas si somos perseguidos por la Policía”.
Específicamente desde ARDA plantean la derogación definitiva del segundo párrafo del artículo 14 de esa norma que ya tiene 32 años sin ser modificada. El artículo dice que “será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes”. Y en su segundo párrafo agrega que “la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”.
Para Zbuczynski la derogación de ese párrafo “es lo mínimo que hay que hacer. A partir de eso se produciría una modificación en la ley, ya que caerían otros artículos que apuntan en esa dirección. La mayor cantidad de problemas que tenemos es por eso. Los daños más graves que ocasiona la ley de drogas es el encarcelamiento de perejiles”.
En ese marco considera que si hoy no se está discutiendo esto es “por diferentes razones, algunas tienen que ver con alineamientos geopolíticos internacionales y otras con cuestiones locales. También hay mucha hipocresía y moralismo en muchos sectores y conservadurismo arraigado en nuestra sociedad y en la clase política. Y también hay cuestiones que tienen que ver con fuertes intereses de algunas corporaciones que se oponen a modificar este estado de cosas”.
“En ARDA siempre tuvimos un slogan que dice que ‘hay políticas públicas que hacen más daño que las drogas’. Es que las políticas actuales lo que hacen es maximizar todos los daños que las drogas pueden ser capaces de producir”, afirma el psicoanalista. Y detalla: “nosotros no decimos ‘consuman drogas que está bárbaro, que es la mejor vida posible’. Lo que decimos es que el consumo de drogas existe, es una realidad, pero no es algo de ahora sino de cualquier etapa de la civilización humana. No hay libro de antropología que no hable de la relación de los humanos con las drogas. Lo que ha cambiado es la modalidad de consumo, las sustancias que se consumen y otra serie de cuestiones. Los humanos, de una u otra manera, consumimos drogas”.
Por eso, agrega, “lo que hace el prohibicionismo es maximizar todos los daños que las drogas pueden hacer, desde meter presas a las personas y permitir todo tipo de adulteraciones”.
Para Zbuczynski y ARDA, como para muchas otras organizaciones que identifican la prohibición y penalización del consumo de drogas con el interés de mantener intacto el negocio del narcotráfico, “la solución está en la despenalización y en la regulación de las sustancias. Que empiece a suceder lo que sucede con sustancias como el alcohol. Con el alcohol yo no voy a tener una intoxicación que me produzca una ceguera, como sí sucedía en Estados Unidos en la década del 30 con la Ley Seca. Lo mismo está pasando hoy en Argentina con la cocaína. Si se pudiera comprar cocaína regulada por el Estado tendría la garantía de que eso compro es cocaína. Yo hoy sé que si voy al supermercado a comprar una botella de vodka tiene 40°, porque me lo garantiza la Anmat”.
Sabiendo que lo que dice es un “escándalo” y que “la idea de regular la cocaína hace ruido”, Zbuczynski recuerda que “ni siquiera se hace con sustancias como la marihuana. Estamos en una política absolutamente equivocada y una mirada legislativa esquizofrénica, con una ley de drogas que penaliza la misma sustancia que otra ley (la de cannabis medicinal) aprueba como para que podamos tener determinada cantidad de plantas. Es decir que una persona que está consumiendo cannabis medicinal es perseguida por la Policía, aún teniendo permiso del propio Estado para hacerlo”. | 
