Desde el 31 de diciembre el gobierno ajustó los protocolos y medidas de emergencia sanitaria laboral a medida de las patronales, como explicamos en varias notas. Se levantó la prohibición de despidos, ya no hay doble indemnización, se reformaron los protocolos para “mantener las economía a pleno” y se eliminaron medidas que protegían a los trabajadores y trabajadores contagiados. Una de ellas fue la decisión de dejar de considerar el Covid era una enfermedad de carácter profesional (no listada) para quienes hubiesen prestado efectivamente tareas en sus lugares de trabajo. Se presumía que si se contagiaban era justamente porque tenían que seguir trabajando y viajando para ello.
Desde el 1 de enero, cada trabajador tiene que demostrar, ante una comisión médica de la ART, que contrajo la enfermedad dentro de la empresa. Como las ART son un mero negocio, los tiempos y chances de lograrlo son casi imposibles. La decisión se da en medio de una montaña de deudas que tiene las aseguradoras con obras sociales y familiares de enfermos y víctimas.
Muchas empresas han aprovechado para hacer descuentos arbitrarios, como reflejamos en muchas denuncias. Por eso el malestar ha ido creciendo.
El malestar ha llegado a las cúpulas sindicales, que además tiene otra preocupación: muchos de los “costos” tienen que asumirlos ahora las obras sociales que administran.
Así las cosas, en los últimos días la cosa se fue “picando”. La CGT hizo un tímido reclamo. Pero Pablo Moyano eligió diferenciarse otra vez y convocó una marcha el jueves pasado que llegó al Ministerio de Trabajo. Ante una importante presencia de trabajadores y trabajadoras de distintas ramas de Camioneros, criticó a Claudio Moroni por estar “a favor de las ART”. Además dijo que “con nosotros no vas a joder. Dimos la vida mientras ustedes en sus casas o en la oficina miraban la realidad de la pandemia por televisión”.
La medida no tuvo efecto. Moroni pateó la pelota afuera: dijo que el coronavirus sigue siendo una enfermedad laboral, “solo” que ahora hay que pasar por una comisión médica de las ART. Las ART se envalentonaron y dijeron que ahora el covid es una enfermedad “inculpable”, es decir no relacionada con el trabajo, con excepción de los miembros de la salud y fuerzas de seguridad.
El carácter de "enfermedad inculpable" no solo deja sin cobertura a los miles que se contagian haciendo funcionar el transporte, los servicios turísticos, los comercios y toda la actividad que crece en la temporada veraniega. Además expone a los trabajadores ante el despotismo de sus propias patronales en materia de presencialidad, licencias o descuentos.
Moyano también la siguió. Dijo que si hay una descuento hay paro. Y que “hasta que no se reconozca la actividad de camioneros como enfermedad profesional no vamos a parar”. Entonces confirmó que “el próximo jueves 10 de febrero a las 12 la Federación Nacional de Trabajadores realizará una nueva gran movilización al Ministerio de Salud de la cual participarán compañeros y compañeras de todo el país”.
Como secretario general de la CGT, Moyano tendría que impulsar el reclamo para todos los sindicatos que son parte de la central, no solo para Camioneros. Pero lo cierto es que esta semana el tema volverá a estar en el tintero.
El Frente de Izquierda exige que se mantenga la presunción de enfermedad laboral, así como el respeto de los días de aislamiento sin descuentos salariales, sanciones, ni pérdida de puestos de trabajo.
Este planteo está ligado a la exigencia a los sindicatos a que convoquen asambleas y medidas en defensa de la salud obrera, y el impulso de comisiones de seguridad e higiene con acceso a información de la empresa y plenos poderes de hacer cumplir los protocolos de seguridad. | 
