El Departamento General de Irrigación establece un polémico costo de 6 a 10 centavos por litro para las empresas petroleras que utilicen agua dulce en cualquier tramo de su cadena productiva, incluso para actividades no convencionales como el fracking. Sin duda un tema preocupante para los mendocinos que viven la agravante sequía y se han movilizado en repetidas ocasiones en defensa del agua para vivir.
El presupuesto de gastos y cálculo de recursos del Departamento General de Irrigación del vigente año establece las tarifas por el uso de agua para un listado de sectores y actividades que se realizan en la provincia abasteciéndose de la cuenca de los ríos y cuerpos de agua subterráneos. Una de las cifras más preocupantes tiene que ver con el precio que este órgano estatal establece para el suministro de agua que se le ofrece a las empresas petroleras, se trata de un costo por metro cúbico de $60 para la actividad convencional y $100 el m3 para la exploración y explotación no convencional a través de fractura hidráulica. Un metro cúbico de agua son 1.000 litros. Es decir que por cada litro de agua las empresas pagan solo 6 centavos y 10 en el caso de la fractura hidráulica no convencional. Esta última técnica es conocida popularmente como fracking, un método de extracción de gas y petróleo altamente contaminante y prohibido en muchos países del mundo.
Hay “aumentos” y aumentos
El presupuesto del 2021 establecía los montos de $40 y $70 para la realización de dichas actividades. Lo que representa un aumento anual del 30% (acompañando en parte a la inflación) a montos que ya de por sí son cuestionables. Pero además, estas compañías extractivistas, que se instalan en la cordillera para extraer hasta el último recurso y llevarse cada centavo, reciben subsidios millonarios y reducción de regalías por parte del gobierno de Rodolfo Suarez con apoyo de la oposición peronista, sin dejar ningún beneficio a la provincia.
Mientras la clase trabajadora, vecinos y vecinas, también se vieron afectados con un aumento anual del 45% en la boleta de Aguas Mendocinas (AYSAM) y otros en los servicios de energía eléctrica, gas y transporte.. Sin embargo es radicalmente distinto el golpe que recae sobre el bolsillo del pueblo trabajador; pagando impuestos altos, con incrementos altísimos en todos los productos de primera necesidad combinado con sueldos que no suben con la inflación ni llegan a la canasta básica familiar y que, paradójicamente, muchas veces se encuentran sin acceso a los servicios esenciales como el agua, tal es el caso de las familias de Las Heras, Godoy Cruz y Lujan de Cuyo que estuvieron sin agua durante fines del 2021 y las primeras semanas de este año sin recibir respuestas.
En el medio de una crisis hídrica de gran envergadura, como la que atraviesa Mendoza desde hace 12 años, vemos claramente qué sectores son los perjudicados; las mayorías populares. En el medio de olas de calor como la que atravesamos durante enero, miles de personas se quedan sin agua para beber, bañarse y cocinar, mientras que otros sectores, como las petroleras, continúan utilizando el recurso para enriquecerse, sin límites y por un costo irracional.
¿Fracking sí o no?
El gobierno provincial y sus medios de comunicación afines se jactan de que en Mendoza no se realiza fracking, o argumentan contra el ambientalismo diciendo que “esta técnica siempre se realizó” quitándole gravedad al asunto. En los documentos y discursos oficiales se habla de “fractura o estimulación hidráulica no convencional”, en otras palabras, pozos de fracking para extraer los restos de petróleo y gas acumulados en la roca. Millones de litros de agua que se inyectan, se contaminan y no se recuperan.
Resultan obvias las intenciones empresariales avaladas por el gobierno para que esta técnica continúe funcionando y ampliándose en el territorio mendocino. Si no por qué evitarían a toda costa votar los proyectos de Ley para la Prohibición del Fracking presentados por las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza (AMPAP) y otros por el Frente de Izquierda Unidad, tanto en la legislatura como en los concejos deliberantes desde el año 2018.
¡No se negocia!
En consonancia con el plan extractivista, desde el gobierno promocionan el programa Mendoza Activa Hidrocarburos para atraer inversiones de empresas que deseen realizar nuevos pozos de extracción de petróleo y gas o reactivar los ya existentes, la apertura a inversiones viene incluida en la Ley Mendoza Activa 2 que se aplica desde el 2020 como “respuesta” a la crisis. Se le ofrecen beneficios a los privados para que hagan negocios en la provincia; los que salen bien parados continúan siendo los empresarios y accionistas que se llevan sus ganancias mientras que el desempleo en la provincia sigue siendo moneda corriente. En las últimas semanas también generó polémica la privatización de 12.000 hectáreas de ecosistema cordillerano que le fueron cedidas gratuitamente a un grupo inmobiliario.
Por esto último es fundamental que, así como ellos forman alianzas en post de sus intereses y de juntar los dólares para pagar la deuda con el FMI, la juventud y los trabajadores nos unamos para pelear por el agua, su protección y su uso estratégico y racional, planificado en base a las necesidades de las grandes mayorías y las futuras generaciones. Es necesario lograr la prohibición del fracking, como lo hicimos frenando la megaminería en Mendoza, en Chubut y más recientemente la suspensión de la exploración sísmica en Mar del Plata. A la vez que es fundamental que sean los propios consumidores y trabajadores del sector quienes gestionen los servicios y su distribución, garantizando que no falte el agua en los barrios ni se pierdan espacios verdes plenos de biodiversidad, tal como los humedales.
Desde el Frente de Izquierda Unidad venimos impulsando una serie de demandas urgentes junto con agrupaciones socioambientales independientes del gobierno, tales como la exigencia por la Ley de Humedales, que perdió estado parlamentario,un freno definitivo al extractivismo del fracking, la megaminería, el agronegocio y las plataformas offshore. En simultaneo peleamos por un programa de transición anticapitalista que ofrezca una salida real a la catástrofe ambiental y social que atravesamos y que se agravará bajo el régimen del FMI cogobernando el país junto al Frente de Todos y la oposición de derecha.
