El pedido lo hicieron este jueves en la Audiencia Pública que trata los aumentos en la energía eléctrica. Las empresas distribuidoras del AMBA dijeron que ese financiamiento se puede hacer por aumento de tarifas, subsidios del Estado o una combinación de ambas.
Este jueves tuvo lugar la Audiencia Pública convocada por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) para tratar los aumentos en la energía eléctrica.
Al comenzar, los funcionarios del gobierno confirmaron que los aumentos para los usuarios en 2022 serán entre 17% y 20% en la tarifa final que reciben en su factura.
Más tarde, fue el turno de las empresas distribuidoras y anunciaron la cifra adicional que le piden al Estado, según ellos “para cubrir los costos operativos”. Edesur dijo que necesitan de $43.236 millones para continuar operando en 2022. Por su parte, Edenor pidió $56.800 millones. Entre las dos distribuidoras, los recursos adicionales que solicitaron al Estado ascienden a $100.036 millones.
Dejaron abierta la modalidad para financiarlos: por aumento de tarifas, subsidios del Estado nacional o una combinación de ambas. "Cuál adoptar es una decisión propia de la autoridad, no de la empresa", dijo el representante de Edesur, Jorge Lemos. Edesur y Edenor dejaron en claro que les parecen insuficientes los aumentos de tarifas que anunció el gobierno: "Los ajustes de tarifas otorgados, son insuficientes a la luz del proceso inflacionario del país”, aduciendo pérdidas en sus balances por el congelamiento tarifario del que se viene. El contexto de esta Audiencia Pública es el acuerdo con el FMI, que el gobierno está terminando de negociar con el organismo. Uno de los puntos centrales que exige el organismo internacional es el pedido de reducir subsidios a la energía para achicar el déficit fiscal. Edesur y Edenor lo saben muy bien, y fueron a exponer sus pedidos de tarifazos.
Lo que omiten Edesur y Edenor es que vienen de amasar grandes ganancias en la era Macri que aplicó un tarifazo que llegó a superar el 2000% de aumento. Un tarifazo que fue convalidado por el gobierno del Frente de Todos desde que asumió en 2019.
Con una inflación imparable que sigue pulverizando el poder de compra de la clase trabajadora, esta Audiencia Pública no hizo más que discutir entre distintas alternativas para seguir haciendo pagar el ajuste a las mayorías.
Como explica Celeste Vázquez en La Izquierda Diario, ni el gobierno ni las empresas energéticas quieren poner en cuestión la privatización de un servicio esencial. ¿Por qué tienen que tener ganancias? Son empresas que prestan un servicio de mala calidad y no invierten, provocando cortes permanentes y masivos como el de inicio del 2022, y hasta sus trabajadores mueren trabajando por la precarización. Vázquez agrega que según estimaciones del propio Gobierno nacional, hay 10 millones de personas que sufren lo que se llama “pobreza energética”. Son aquellas que tienen que destinar más del 10 % de sus ingresos al pago de facturas de servicios o directamente no pueden acceder a ellos.
Desde el Frente de Izquierda se propone la nacionalización de los servicios públicos bajo el control de los trabajadores y especialistas interesados en desarrollar verdaderamente planes en función de satisfacer los intereses de las necesidades populares.
