El preacuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional anunciado por el ministro Martín Guzmán a fines de enero incluyó la definición de avanzar hacia un “esquema de tasas de interés reales positivas’’. Es decir, que se ubiquen por encima de la inflación esperada, como parte de una serie de medidas para intentar reducir las presiones sobre el dólar.
La definición tomada por el Banco Central (BCRA) lleva del 40% al 42,5% y 47% nominal anual para el caso de las inversiones que los bancos pueden hacer en sus Letras de Liquidez (Leliq) a 28 o 180 días, y del 39% al 41,5% en el caso de la mínima garantizada para depósitos a plazo fijo en bancos a 30 o más días de personas humanas, o al 39,5% en el caso de colocaciones de personas jurídicas.
Esta política toma de forma casi textual las recomendaciones realizadas por la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien en un artículo reciente afirmó que para enfrentar la inflación es necesario subir las tasas de interés. Es decir, que cualquier préstamo, cualquier compra en cuotas, cualquier inversión financiera tenga tasas más altas. Los bolsillos ya golpeados de millones de familias tendrán así un nuevo ataque, no pudiendo acceder a un crédito barato o para algo tan elemental como comprar una heladera o un televisor en cuotas.
Las Leliq y otros mecanismos similares son utilizados por el BCRA para que los bancos saquen de circulación miles de millones de pesos a cambio del pago de un porcentaje extra luego de un tiempo determinado. Ese porcentaje extra es la tasa de interés que obtienen los bancos y pone un techo a la tasa interés pagada por los bancos por los plazos fijos, ya que de la diferencia entre las dos tasas surge la ganancia de las entidades financieras.
Como pasó en los años de Macri, los grandes bancos siguen estando en el ranking de las empresas ganadoras. Las Leliq son parte fundamental de los ingresos que aseguran esos dividendos e implican un gran costo para el Estado.
Se estima que la suba de las tasas de interés incrementa en unos $115.000 millones la factura de intereses que el BCRA le paga a los bancos por las inversiones en Leliq y pases. Además el Estado no ha dejado de aumentar su deuda en los últimos años: “En enero 2022, el incremento de la deuda bruta fue equivalente a US$ 2.365 millones con respecto al mes anterior. El stock de deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a US$ 365.727 millones” informó la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. En relación a noviembre de 2019, inicio de la actual gestión, la deuda aumentó por el equivalente a U$S 52.392 millones. En moneda extranjera la suba fue de U$S 4.345 millones y en moneda nacional por el equivalente a U$S 48.047 millones, en su totalidad en pesos ajustados por inflación.
Este tipo de medidas siguiendo los mandatos del FMI para garantizar dólares para pagar la deuda, pueden ser acompañadas de una devaluación. Esto implicaría una aceleración aún mayor de los precios impactando directamente en el poder adquisitivo de los salarios. Con más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, la política del Gobierno agravará una crisis social que ya es muy grave.
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