El gobierno de Alberto Fernández acompañó este viernes a Estados Unidos y otros países en una declaración que condena a los abusos a los Derechos Humanos cometidos por el gobierno Daniel Ortega en Nicaragua. Lo llamativo es que los hizo apoyando un documento que se trató en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La declaración no puede ser más hipócrita, para confirmarlo solo basta recordar algunas de las últimas intervenciones de la OEA en la región, actuando directamente como vocero de la política del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La OEA utiliza las repudiables medidas autoritarias y represivas del gobierno de Daniel Ortega, para favorecer la política injerencista de Estados Unidos contra los gobierno en la región, a los que el Departamento de Estado no desea.
El pasado sábado se conoció la muerte de Hugo Torres, referente histórico de la revolución nicaragüense y preso político que, junto a otros opositores y activistas fue injustamente encarcelado a mediados de 2021 entre los que se encuentra la ex comandante guerrillera e historiadora Dora María Téllez, medida que muestra el verdadero rostro de la escalada represiva y autoritaria del gobierno Ortega.
La OEA y su Secretario General, Luis Almagro, estuvieron en la primera línea del intento golpista en Venezuela. No dudaron en desconocer al gobierno de Nicolás Maduro cuando se llevaba adelante el intento golpista con la autoproclamación de Juan Guaido, y las amenazas de intervención por parte del expresidente Donald Trump.
Más cercano fue el papel clave jugado por la OEA en el golpe en Bolivia. El organismo internacional fue el encargado de anunciar un supuesto fraude electoral de Evo Morales, abriendo el camino para el golpe de Estado.
El golpe de Estado, que llevó al gobierno a Jeanine Añez, fue responsable de la brutal represión contra las protestas que lo enfrentaron. Las masacres de Sacaba y Senkata fueron un testimonio de esa represión, que la OEA no llegó a repudiar.
Estos antecedentes hacen poco creíble la "preocupación" por agravamiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua por parte de ese organismo internacional.
La organización que preside Luis Almagro terminó del lado de las represiones que ejercían en su momento los gobierno de Ecuador y Chile. El organismo no denunció la brutal represión ordenada por el expresidente Lenín Moreno, que dejó muertos, heridos y detenidos.
Es destacable el giro del Gobierno argentino. Pasó de apoyar a Nicaragua para presidir la CELAC, a denunciarla desde un organismo claramente alineado con Estados Unidos.
Desde Cancillería buscan justificar la votación argumentando que no es la primera vez que el gobierno de Alberto Fernández se pronuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
La escusa sería valida si se sacara el contexto del apoyo a la declaración: las presiones desde Washington y sus aliados locales para que el gobierno argentino imponga un duro ajuste y así cumplir con los mandatos del FMI.
La firma del gobierno argentino a la declaración de la OEA legaliza la actuación de un organismo que funciona como representante directo de los intereses imperialistas en la región. La noticia no parece tener otra lectura que, un nuevo gesto de Alberto Fernández para Estados Unidos y el FMI. | 
