El Estado Español habría alcanzado los 22.544 millones de euros en exportaciones de armas en el primer semestre de 2020. Un negocio que ha colocado a nuestro país como el séptimo exportador de armas del mundo y que cuenta con el apoyo del gobierno de coalición PSOE-UP que ha gestionado, también durante la crisis del Covid-19, distintas medidas para proteger esta industria.
Una industria que supone el 7,8% del PIB industrial español. Y que ahora que España envía armas a Ucrania de forma abierta, podría volverse más rentable gracias a los irónicamente Fondos Europeos por la Paz.
Un negocio apoyado por el gobierno de coalición PSOE-UP que apoyó a las distintas empresas del sector durante la crisis del covid-19 bajo el relato de proteger el empleo. Así, Airbus consiguió las concesiones de compra de cuatro aviones, 36 helicópteros y se financiarán otros programas; mientras que se acordó la compra de los carros blindados VCR 8X8 demandados por el Ejército de Tierra, 384 en total. Esto además de la ayuda directa a cuatro empresas: Santa Bárbara, Escribano, Sapa en Indra. La primera de ellas con enlace al complejo industrial militar norteamericano General Dynamics.
Unas iniciativas por parte del gobierno de coalición que irían en la línea de Bruselas de que los países europeos blinden sus empresas estratégicas en medio de la actual crisis económica. No obstante este objetivo se antoja difícil por las características concretas del sector en nuestro país, debido, en primer lugar a la emergencia de nuevos competidores como China, en segundo punto a la necesidad de concentración del sector, debido a la sofisticación y diversificación tecnológica que choca con el caso español donde el 80% de las 700 empresas que forman este sector son pequeñas y medianas y por último, a que las necesidades de la guerra cambien en el futuro virando hacia otro tipo de productos.
Se trata de un sector, además, relativamente repartido por nuestra geografía, con un 65% radicado en Madrid, pero con lugares de importancia como Airbus y Navantia en Andalucía, empresas en el País Vasco y Navantia en Galicia. En concreto se estima que supondrían 150.000 empleos en total.
Recientemente, el PSOE presentó iniciativas parlamentarias donde planteaba la posibilidad de que los contratos de Defensa debían desarrollarse en nuestro país. Argumentaban que habría que incorporar las tecnologías de defensa que no existiesen en España a través de acuerdos de colaboración.
Una respuesta que ya se da en general en el escenario internacional y que ha llevado a las empresas de distintos países a formar cadenas de producción internacionales. El objetivo de la Unión Europea con el apoyo público al sector giraría en torno a lograr que estas cadenas se mantengan dentro del terreno de la Unión Europea.
Un lucrativo negocio al que no le importan las víctimas ni los oprimidos
Múltiples son las polémicas que surgen periódicamente al respecto de esta industria, como fue la venta de fragatas a Arabia Saudí, inmersa en la invasión de Yemen, o como pueda ser ahora la venta directa de armas a Ucrania, lo que supone entrar por la puerta trasera a un conflicto imperialista internacional.
Sin embargo, esto no parece molestar al gobierno de coalición PSOE-UP, ese que se autoproclama como el más progresista de la historia. Ya que la venta de armas no solo ha recibido más apoyos, sino que ni siquiera ha cambiado prácticamente el portfolio de sus compradores. Además de a la OTAN y a países europeos, que concentran el 70% de las ventas en Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgica, hay que sumarle venta a otros países como Arabia Saudí. Este último fue el segundo país ajeno a la OTAN al que más armas se le vendió en 2020.
Un tema que no parece generar mayores conflictos internos al gobierno de coalición, donde si bien Podemos habría expresado una voz crítica en ciertos órganos parlamentarios, la iniciativa no ha pasado de ciertos comentarios. La realidad es que la venta de armas a países que oprimen a diario a pueblos extranjeros ha continuado.
Incluso el gobierno se ha permitido reivindicar de forma cínica la aprobación el pasado abril de un reglamento que debería servirle en determinados países y momentos, verificar el recorrido final de las armas vendidas para asegurarse de que no se usen para fines que choquen con los principios del gobierno español. Una auténtica cortina de humo, porque como señalan los expertos nuestro país no cuenta con los especialistas en el terreno necesarios para evaluar correctamente esto.
A lo que cabe añadirle ¿Contradice Arabia Saudí los intereses del gobierno imperialista español cuando usa las armas que compra para oprimir a otro pueblo? Parece que así es, sobre todo para quienes se llaman anti imperialistas y continúan en el Consejo de Ministros. | 
