El 10 de marzo desde temprano, el día que Diputados iban a darle la ley para sellar el pacto de coloniaje con el FMI, se fue sumando una multitud en la plaza del Congreso. Era la tercera concentración contra el acuerdo llamada por el espacio de más de 200 organizaciones originalmente convocado por el FIT-U en diciembre pasado.
Alrededor de las 15 horas, mientras los diputados oficialistas y de la oposición de derecha justificaban la entrega de la economía nacional al FMI, un pequeño grupo comenzó a apedrear el frente del Congreso, un método que no fue compartido por la inmensa mayoría de las organizaciones convocantes. Luego vino la represión por la calle Yrigoyen que culminó con la detención de Oscar Santillán. Contrariamente a lo que acostumbra hacer el Estado ante cada protesta popular y masiva, esta vez se decidió que no hubiera vallado perimetral en el Congreso -lo que hoy es motivo de controversia entre las autoridades del Congreso y funcionarios porteños del Ministerio de Seguridad. Ese hecho provocó, lógicamente, que la movilización llegara más cerca de lo habitual al edificio del Parlamento. Posteriormente se supo que se habían roto los vidrios de los despachos de la vicepresidenta Cristina Fernández y el del jefe del bloque oficialista, José Mayans y la senadora Claudia Abdala. Al día siguiente Cristina Fernández publicó un video sugiriendo que se trató de un atentado perpetrado contra ella.
En los días subsiguientes se intensificó la persecución contra algunas de las organizaciones que estuvieron en la Plaza. A Santillán, pese a no tener antecedentes, se le negó la excarcelación y desde distintos medios encabezados por La Nación e Infobae se alimentó una suerte de “caza de brujas”. Dos magistrados tienen la misma causa (una del fuero Federal y otro de la CABA), que ahora se caratuló de “asociación ilícita”, una figura lo suficientemente amplia para detener a cualquier persona que pertenezca a una determinada organización que un juez determina que es “delictiva”, independientemente que haya estado o no en los hechos investigados. Según varios medios de prensa, con esta carátula se habría ordenado la detención de Roberto Martino, un histórico dirigente del MTR, así como de ocho militantes más, y se habría allanado un local del MTR “Histórico” en Florencio Varela.
Estos hechos se suceden en el marco de un enorme deterioro del nivel de vida del pueblo trabajador, que se profundizará a medida que aplique lo acordado con el FMI y sus “auditorías” trimestrales que lo habilitan a exigir más y más ajuste. El aumento de casi el 8 por ciento en los alimentos en febrero, es solo un anticipo de lo que se viene. Estos hechos represivos intentan ocultar esta violenta realidad que sufren millones a lo largo y a lo ancho del país.
El PTS exige el cese inmediato de las persecuciones a las organizaciones y la inmediata libertad de los presos.
Este 24 de marzo marcharemos contra el pacto con el FMI y en defensa de las libertades democráticas. | 
