La embajada estaba ubicada en las calles Arroyo y Suipacha, donde hoy está la llamada plaza seca. Aquel día fallecieron también albañiles y plomeros que estaban trabajando en ese edificio, peatones y hasta un taxista.
Por ser una sede diplomática, es la Corte Suprema de Justicia la encargada de investigar, a tres décadas este crimen (como el del atentado a la AMIA) permanece impune.
Siete años después del atentado, cuando el presidente de la Corte era Ricardo Levene (h), durante el último año del Gobierno de Carlos Menem, el máximo tribunal del país emitió un dictamen que afirmaba: (el atentado) “fue causado por la explosión de una carga de pentrita y trinitrotolueno que había sido acondicionada en la parte posterior derecha del interior de una camioneta Ford F-100”. Inmediatamente, sin pruebas, atribuyeron la autoría a la Jihad Islámica, el brazo armado del Hezbollah (partido musulmán chiita).
Ésta era para la Corte una conclusión "lógica" de la cual se desprendía ese dictamen, por la participación de Argentina en la Guerra del Golfo de 1991, que Menem había decidido enviar dos naves de guerra a esa región como apoyatura de los países imperialistas, sobre todo Estados Unidos, que en ese momento invadieron Irak.
Pero ese dictamen de la Corte Suprema ignoró de plano un estudio que en 1996 había realizado la Academia Nacional de Ingeniería donde se planteaba que la explosión se produjo por un artefacto ubicado en el interior de la embajada. Este resultado del análisis de dicha academia, fue rechazada por las autoridades israelíes, que para deslegitimarlo plantearon que era “antisemita” (¡sic!).
Cuatro años más tarde, en 2010, el Mossad -servicio de inteligencia israelí-, afirmaba, fiel a su estilo, que ya no era necesaria ninguna investigación porque había eliminado a los autores. Lo llamativo, al margen de esta confesión de asesinatos por parte del Estado de Israel, es que ese Estado no se presentó como querellante.
Luego en 2015, el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, manifestó que el atentado a la embajada "era cosa juzgada", basándose en ese dictamen del ´99. Lo cual era falso porque a pesar de ese mismo dictamen (y precisamente por carecer de pruebas), en el mismo escrito los integrantes de aquella Corte, decían que era necesario "seguir con la investigación".
En 2006 otro dictamen de la máxima instancia del Poder Judicial indica que "se debe seguir adelante con la investigación", por la presentación del padre de una de las víctimas -Carlos Sussevich-, que como parte de la querella solicitó que se declare el atentado como de crimen de lesa humanidad.
Es decir, no hay cosa juzgada, pero sí hay impunidad. Como con el atentado a la AMIA, ocurrido dos años después, que ya se constituyó como un monumento a esa impunidad.
Aquí también, ninguno de los gobiernos que se sucedieron (más allá de los discursos y de aperturas acotadas o ciertas desclasificaciones) ordenaron la apertura irrestricta de los archivos tanto de la Policía como de los servicios de inteligencia, única manera de que las familias de las víctimas puedan saber realmente qué pasó.
Lo que sí es un hecho es que tanto en el Gobierno de Macri como el actual del Frente de Todos, siguiendo la línea de Estados Unidos, declararon a Hezbollah como organización terrorista. Y un gesto que dice mucho: el primer viaje al exterior de Alberto Fernández fue al Estado de Israel, el socio estratégico del imperialismo norteamericano en Medio Oriente. Uno de los pocos países que tiene armamento nuclear y un sistema de defensa militar solventado con ayuda del mismo Estados Unidos, y donde las potencias miran para otro lado frente a la sistemática violación de los derechos elementales del pueblo palestino, por ejemplo.
Mientras esto sucede, el atentado a la embajada de Israel, al igual que el crimen de la AMIA, permanece en la oscuridad. | 
