Tras conocerse la detención de Julián Lazarte en Quilmes, acusado por el Gobierno de haber participado en los hechos frente al Congreso el jueves 10, en menos de 24 horas el Ministerio de Desarrollo Social decidió eliminar al hombre de 31 años de la lista de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
La medida reaccionaria, ejecutada a dedo por el propio ministro Juan Zabaleta y sin siquiera existir un juicio previo y una condena judicial que (al menos en los papeles) confirme que Lazarte es responsable de aquello de lo que el Gobierno lo acusa, fue recibida con entusiasmo nada menos que por Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri.
La cultora de la “doctrina Chocobar” y de la represión salvaje a la protesta social, primero había dicho que lo sucedido en el despacho de CFK fue una “puesta en escena”. Pero ahora celebra el avance judicial contra manifestantes encarado por el Frente de Todos. “¡Muy bien que le sacaron el plan!”, dijo por Twitter apenas enterada de la privación definitiva del acceso a los (magros) ingresos a cambio de una contraprestación laboral por parte de Lazarte.
Este jueves a la mañana, esos mismos argumentos fueron esgrimidos nada menos que por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa. Se trata de la misma funcionaria que durante el macrismo denunciaba la caza de brujas, el macartismo y la represión a manos de Bullrich y sus secuaces.
Vale recordar que los hechos ocurridos frente al Congreso desataron una (nueva) crisis interna en el Frente de Todos por las respuestas de sus diferentes integrantes a los daños sufridos por el despacho de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
Consultada por un cronista de El Destape respecto a la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de quitarle el plan Potenciar Trabajo a Lazarte, Cerruti se alineó con Zabaleta y Bullrich. Su respuesta textual fue: “El argumento del ministro, que me parece atendible, es que determinados planes se dan para llevar adelante determinadas actividades. Desde hace un tiempo en Argentina los planes sociales no son planes sociales, son planes que se dan para que se lleven adelante determinados trabajos (entiendo que estamos hablando del Potenciar Trabajo, si no me equivoco, en este caso). Y por lo tanto, si la persona beneficiaria de ese plan no está llevando adelante el trabajo que le corresponde, sino que eso se cambia por marchar o esas cosas, no parece que esté cumpliendo con los requisitos del plan. Es una decisión que tomó el ministro Zabaleta”.
Aún no habían pasado 24 horas de la detención del hombre en Quilmes. Aún los funcionarios de los ministerio de Seguridad nacional y porteño no mostraron las supuestas “pruebas” que dicen tener en su poder sobre el accionar de Lazarte, quien aún no declaró pero sobre quien pesa una acusación de ser casi un potencial homicida (se lo acusa no de "tirar piedras" sino de arrojar una molotov contra un cordón policial). Obviamente, aún no hubo contra él un juicio y, mucho menos, una condena. Sin embargo, para el Estado ya no es inocente aún sin haberse demostrado lo contrario.
¿Cómo sabe Gabriela Cerruti que Lazarte “no lleva adelante el trabajo que le corresponde por percibir el Potenciar Trabajo? ¿De dónde sacó la portavoz de Alberto Fernández que Lazarte cambió la obtención de ese magro ingreso del Estado por “marchar y esas cosas”? ¿Qué pruebas tiene la ex progresista de que el hombre, de oficio carnicero, no cumple con los requisitos de ese plan?
Pero, además, ¿por qué Cerruti afirma que quienes perciben un plan o beneficio social por parte del Estado no pueden marchar contra las propias políticas oficiales que condenan a millones de personas a vivir en la pobreza o la indigencia? ¿Cree Cerruti que a quien tiene la “suerte” de ingresar al Potenciar Trabajo u otro plan o programa debería prohibírsele manifestarse en las calles, sea en reclamo de derechos elementales o en manifestaciones políticas como la del jueves contra el pacto de coloniaje con el FMI? Seguro que diría que no, pero…
Demasiadas preguntas que, lamentablemente, nadie le hizo a Cerruti en la conferencia de prensa. Y lo más probable es que Cerruti no tenga ni idea de qué responder. Sin embargo, la portavoz sí sabe que tanto la Constitución Nacional como la Declaración Universal de Derechos Humanos (con rango constitucional en Argentina) condenan explícitamente el avasallamiento de la presunción de inocencia.
El artículo 18 de la “carta magna” argentina dicta que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. ¿No es una clara penalización oficial el haberle quitado a un detenido un beneficio social que ni siquiera tiene que ver con el delito del que, supuestamente, se lo acusa? Eso a Zabaleta no le interesa. A Bullrich y Cerruti tampoco.
A su vez, el inciso 1 del artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (desde 1994 con rango constitucional en Argentina), dice expresamente que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Obviamente nada de eso ha pasado con Lazarte.
El accionar del Frente de Todos ante los hechos ocurridos el jueves 10 frente al Congreso habla más de una búsqueda desesperada por capear la crisis abierta con la rotura de los vidrios del despacho de Cristina que con echar luz sobre los acontecimientos y actuar con verdad y justicia. Es lógico. El Gobierno necesita asegurarse la firma del acuerdo con el FMI. Y como el ajuste es imposible de llevarse a cabo sin represión a la protesta natural que despierta, cualquier recurso para criminalizar a la clase trabajadora y los sectores populares es válido.
En todo caso, estamos asistiendo a unas primeras escenas represivas inscriptas en el “plan” (no escrito pero bien aplicado) del “régimen del FMI” de hambre, ajuste, saqueo y entrega de las riquezas nacionales. Lo ¿curioso? en este caso es que hoy la criminalización de la protesta social y el sojuzgamiento de los sectores populares no están encarados por halcones que blanden globos amarillos sino por funcionarios peronistas que se llenan la boca hablando de valores nac&pop.
De los siete detenidos en diversos allanamientos (ordenados por el juez porteño Norberto Circo a pedido del fiscal Mariano Camblong), sólo tres participaron de la movilización frente al Congreso. Los otros cuatro fueron detenidos acusados de tener plantas de marihuana y otros “delitos” similares. Respecto a quienes sí estuvieron allí, nada hace pensar que deberían estar detenidos, ya que ni el entorpecimiento de la investigación ni el peligro de fuga aplicarían en sus casos para mantenerlos bajo prisión preventiva. | 
