Unos 200.000 migrantes sin documentos están bajo vigilancia electrónica en Estados Unidos con una nueva aplicación de teléfono móvil como parte de un programa lanzado bajo el Gobierno de Biden y considerado por defensores de los inmigrantes como una violación a la privacidad que se presta para abusos.
Activistas y organizaciones hispanas y defensoras de los derechos humanos consideran que aunque lo quieren hacer pasar como una "mejor alternativa" al grillete electrónico, las autoridades migratorias lo usan a su antojo y sin reglas claras.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó que 191.988 inmigrantes son vigilados actualmente mediante el Programa de Supervisión Intensiva (ISAP, en inglés), una de las "alternativas a la detención" por la cual ha apostado el Gobierno de Joe Biden, que cínicamente considera como una opción "más humana" al encierro, tras las críticas por las condiciones brutales en las que miles de migrantes, incluyendo menores eran tratados en los centros de detención.
A través de la aplicación para teléfonos inteligentes SmartLink, los oficiales de ICE siguen permanentemente los pasos de los migrantes, que tienen que reportarse frecuentemente -algunos semanalmente, otros diariamente, incluso varias veces al día- y hasta enviarles una selfie.
"Cada martes a las 11 de la mañana debo enviar una imagen de mi rostro a inmigración", dijo a la agencia Efe Danny Sánchez, un abogado venezolano solicitante de asilo a quien ICE mantiene vigilado mediante SmartLink.
"Sin embargo, a otros les suena el teléfono a cada rato para que pongan su fotografía. Puede ser en la mañana, en la noche o a cualquier hora del día, y siempre están con miedo por dejar el teléfono a un lado", explicó.
Sánchez es uno de los miles de inmigrantes que han cruzado en los últimos meses en la frontera de Estados Unidos con México y que las autoridades han liberado bajo el programa ISAP con un teléfono celular que ellos mismos le proporcionan.
"No sé qué alcance pueda tener esta aplicación, no sé si lo que estoy hablando está siendo monitoreado", dijo.
El número de inmigrantes que se encuentran bajo vigilancia mediante estos programas de "Alternativas a la Detención" (ATD, en inglés) pasó en menos de tres años de unos cuantos miles a los casi 200.000, una cifra que el Gobierno pretende aumentar a unos 400.000 antes de que termine el año.
"Existen serias preocupaciones sobre la privacidad de la aplicación, especialmente a la luz de cuán ampliamente se está utilizando ahora", dijo Azadeh Shahshahani, directora legal y de defensa de derechos de Project South.
Shahshahani expresó su inquietud sobre "cómo el Gobierno podría usar los datos extraídos de la aplicación sobre la ubicación y los contactos de los inmigrantes para reunir y arrestar a otros miembros de la comunidad por violaciones de inmigración".
"Hemos visto que en muy poco tiempo la Administración del presidente Biden ha ido expandiendo este programa, que es muy dañino, y desafortunadamente lo tratan de disfrazar como si fuera una alternativa de detención", manifestó Jacinta González, organizadora de campaña de la agrupación nacional Mijente.
Joe Biden hizo compaña con un discurso amigable hacia los migrantes, prometiendo revertir las políticas más duras aplicadas bajo el Gobierno de Trump. Sin embargo, desde que llegó a la Casa Blanca no solo mantuvo los centros de detención de migrantes sino que los convirtió en verdaderos prisiones para miles de migrantes que llegaban a Estados Unidos en medio de la pandemia. Las denuncias de abuso no dejaron de multiplicarse, y así como durante la gestión de Obama, de la que Biden era vicepresidente, hubo un récord de deportación de migrantes, bajo el actual Gobierno se aceleró la política represiva para persuadir a los que intenten llegar a EE. UU. Esto incluyó fortalecer el acuerdo con el Gobierno de López Obrador para militarizar la frontera sur de México frenando a los migrantes centroamericanos y dejándolos muchas veces en manos de las mafias locales y la trata de personas, la expulsión inmediata de aquellos que no pudieran demostrar calidad de refugiados, la separación de familias y el encierro en los que se convirtieron en verdaderos campos de concentración de migrantes.
La aplicación móvil promovida por el Gobierno de Biden no es más que un nuevo salto en esa política que disfrazada de "alternativa a la detención" vulnera todos y cada uno de los derechos de privacidad de los migrantes sin documentos en tierra estadounidense. |