El conflicto en el transporte, detonado por el aumento desbocado del precio del carburante, está empezando a tener consecuencia en diferentes industrias de todo el Estado español.
Muchas empresas están empezando a paralizar de forma parcial o total su producción y pactando con los grandes sindicatos una nueva tanda de ERTEs. La patronal cuenta para ello con otra gran ayuda, la última (no) reforma laboral de Yolanda Díaz.
La ministra del gobierno "progresista" pactó en diciembre con la patronal y la burocracia sindical un nuevo marco legal que flexibilizaba al máximo las condiciones para que las empresas pudieran aprobar este tipo suspensiones masivas. Los ERTEs excepcionales de la pandemia los convirtió prácticamente en ordinarios, como un mecanismo automático de rescate público de empresas y socialización de pérdidas. }}
Esta semana se comienza a hacer a ser visible el parón en la producción industrial en varias regiones. Múltiples empresas apagan temporalmente sus hornos y líneas de producción, alegando dos motivos fundamentales: la subida del precio de la electricidad y el gas; y el desabastecimiento de materias primas debido al conflicto del transporte.
Las patronales agroalimentarias publicaron el martes un comunicado conjunto en el que llaman a poner fin a la huelga con la “máxima urgencia”. Consideran en claro “riesgo el abastecimiento de productos, así como la continuidad de miles de negocios y empleos”. En el texto, Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Cooperativas Agroalimentarias y Fiab han reclamado al Gobierno “una intervención urgente en un conflicto que se ha convertido en un problema de Estado con un impacto sobre la economía y los ciudadanos que no admite demora”.
A su vez, desde Danone, han advertido este martes que en 24 horas podía verse “obligada a interrumpir de forma temporal su actividad” en sus cuatro plantas de productos lácteos y en las de agua mineral. La patronal agroalimentaria se suma de este modo a la presión de las patronales del transporte sobre el gobierno para que tome medidas urgentes a su favor.
También desde la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) advertían que los problemas de desabastecimiento, como consecuencia de la guerra en Ucrania y el conflicto en el transporte, podrían provocar parones en las obras. Exigen al gobierno “un plan de choque” para garantizar el movimiento de sus productos.
En zonas de Andalucía, empresas como Acerinox en Cádiz o Cementos Portland Valderrivas en Sevilla han optado por apagar los hornos en sus centros de producción afirmando que es debido al coste energético de mantener la producción. En este último caso, CCOO ha afirmado que la empresa les comunicó que esto se mantendría hasta que “el precio de la electricidad bajase de los 200 euros el megavatio hora”. Otro caso ha sido el de Fertiberia en Huelva que ha parado la línea de producción de urea.
Representantes de la patronal como la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (Agicg), han destacado que, si la escalada de precios de la energía no se reduce, aumentarán los paros de producción y comenzarán los ERTES y deslocalizaciones. Citan el precio de la energía como un motivo para no ser suficientemente “competitivos” y de hecho algunas empresas como Acerinox ya ha acordado la semana pasada con el comité de empresa un ERTE que incluye situaciones de suspensión de empleo y reducción de jornada durante un año completo.
Como vemos en todo el Estado la patronal ya está descargando el peso de la crisis en los hombros de los trabajadores. Esto a la vez que busca más ayudas y subvenciones públicas, para socializar los costes derivados del aumento del precio del carburante y de la electricidad y mantener sus ganancias.
Entre amenazas de cierres, ERTES y deslocalizaciones, las patronales buscan una salida a su favor y quieren que la crisis la vuelva a pagar la clase trabajadora. Mientras, todo indica que el gobierno volverá a salvar los negocios de las patronales a costa de la clase trabajadora.
La patronal y el gobierno quieren enviar a miles de trabajadores y trabajadoras al paro, con un 70% de su suelo en medio de la mayor subida de precios en 40 años, mientras inflan con dinero público las arcas empresariales.
Las direcciones burocráticas de CCOO y UGT siguen en una actitud contemplativa que las hace cómplices de esta situación. A lo más que han llegado es a la convocatoria de movilizaciones simbólicas como las de este miércoles. Lamentablemente también la izquierda sindical se suma a esta situación de parálisis.
Es urgente que las organizaciones sindicales planteen un plan de lucha para detener esta nueva sangría contra la clase trabajadora. Separando la paja y el trigo en conflictos como el del transporte, apoyando las reivindicaciones justas de asalariados y falsos autónomos, y oponiéndose a las nuevas ayudas públicas a las grandes patronales del transporte y la distribución.
Sumando a estas reivindicaciones otras en defensa del conjunto de los asalariados, decir no a los ERTEs, pelear por el mantenimiento del empleo y los salarios a costa de los beneficios empresariales, por la intervención de todos los sectores estratégicos como la energía, el transporte y la distribución bajo control de trabajadores y usuarios que garantice precios asumibles o la indexación automática y mensual del IPC en los salarios.
Un programa de emergencia como este es fundamental para preservar las condiciones de vida de millones, que en apenas un mes están cayendo vertiginosamente.
Pero a la vez, las organizaciones obreras y la izquierda debemos movilizarnos para combatir la causa de fondo de esta catástrofe. Poner en pie movimiento contra la reaccionaria invasión rusa de Ucrania y la escalada de rearme y sanciones del imperialismo europeo, se convierte en una cuestión vital para detener la maquinaria que conduce a enormes padecimientos a los pueblos de Europa y los países semicoloniales y amenaza con eventos bélicos aún más catastróficos. | 
