Los múltiples casos de violencia policial que han tomado estado público en estas últimas semanas pusieron este tema en el centro de la campaña por el referéndum de este próximo domingo.
Fue Fernando Pereira, en nombre del Frente Amplio, el que hace una semana dio amplia difusión a un informe elaborado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en el que se documentan casi un centenar de casos de lo que se denomina como abusos policiales.
El informe fue elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que funciona dentro del INDDHH y da cuenta del accionar de las fuerzas policiales en distintos operativos en el que se constatan prácticas violentas e ilegales de parte de las fuerzas represivas.
Para su elaboración el MNP toma un centenar de denuncias de “presunto abuso policial” realizadas por la Asociación de Defensores Públicos y sistematizó esta información creando un registro de casos de tortura y/o malos tratos.
Las denuncias corresponden a los años 2020 y 2021, en el contexto de la aplicación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y se refieren a “un centenar de procedimientos policiales presuntamente irregulares en los que se habrían violado las garantías de los/as detenidos/as”, calificadas como “abuso policial”, “maltrato policial”, “detención ilegal”, “allanamiento sin orden judicial”, “lesiones” y “falta de atención médica”, según la información que los defensores elevaron a la Suprema Corte de Justicia.
Matar al mensajero
La reacción del gobierno frente a las denuncias de violencia policial también merece un análisis particular:
Desde sus filas diversos dirigentes de primera línea han salido a cuestionar al INDDHH y pedir que sea reformado a la medida de los planes del gobierno.
Para Argimón, es tiempo “de hacer un balance”, un buen momento “para hacer una evaluación”.
Para el ministro del interior Heber “las denuncias genéricas tienen tufillo electoral prereferéndum”. De esta manera ensucia la cancha adjudicando a la difusión de las denuncias de violencia policial un fin meramente electoral.
A su vez, el expresidente Julio María Sanguinetti señaló que hay “… una intención que se desnuda en toda su crudeza por la oportunidad” y que sería que con las denuncias, “se está ayudando a los delincuentes”.
El gobierno cierra filas negando todo, descartando cualquier tipo de investigación y anunciando una ofensiva para acallar organismos de control como la INDDHH.
Párrafo aparte merecen las declaraciones del sindicato policial (SIFPOM) a través de su vocera Patricia Rodríguez, quien en sintonía con la postura del gobierno atribuyó la difusión de las denuncias a “objetivos políticos”. "Las denuncias son de detenidos, gente que termina en su mayoría procesada por delitos” refirió Rodríguez, como si este hecho habilitara a la violencia, la tortura o los malos tratos.
Cabe recodar que el SIFPOM ha realizado una sistemática defensa a los numerosos casos de violencia policial en estos últimos años negando públicamente su carácter como en el caso de la Plaza Liber Seregni; e incluso ofreciendo defensa legal para los responsables de graves hechos como el reciente asesinato de Santiago Cor en la ciudad de Durazno.
Una política de Estado
La política del gobierno nacional apunta a mirar para el costado y “hacer la vista gorda”. Aún estando en conocimiento de las denuncias desde que fueron presentadas por los organismos correspondientes no se hizo nada.
Se trata de una política activa de dar vía libre a la represión, una política de mano dura que además claramente violenta a la sociedad en tanto favorece que los conflictos sociales se resuelvan de manera irregular y avasallando los derechos humanos.
La visita del ministro Luís Alberto Heber a Durazno para respaldar a los policías investigados y juzgados por la muerte de Santiago Cor mientras estaba siendo perseguido es también un claro mensaje de la posición del gobierno de apoyo a la violencia policial.
Sin embargo el enfoque punitivo y represivo para enfrentar problemáticas sociales no es solo obra de este gobierno:
El propio Frente Amplio tomó medidas en el mismo sentido, además de tener una política de fortalecer, aumentar y profesionalizar el aparato represivo. Su gobierno también fue denunciado además por las inhumanas condiciones de reclusión de miles de presos sociales.
Desde la segunda administración de Tabaré Vázquez con Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez a la cabeza el gobierno ha adoptado una impronta punitiva, sosteniendo que el delito debe ser respondido mediante el aparato represivo y no atacando las causas sociales.
Este enfoque sigue presente en la campaña oficial por los 135 artículos, consignas como “en defensa propia” nos hacen acordar a la respuesta mediante la mano dura. La apelación al perfeccionamiento del aparato policial también va de la mano a esta reacción punitiva buscando “una Policía que proteja”, “una policía que te cuide” o “una Policía que se respeta” como aparecen en los últimos spots de la Comisión Nacional Pro Referéndum, del Frente Amplio y Jóvenes por el Sí.
Yendo más atrás, desde la transición democrática a esta parte todos los gobiernos han recorrido el camino de la profundización de la represión, el aumento de penas y la cárcel como solución, con un ordenamiento jurídico que progresivamente ha ido haciéndose más duro.
Este domingo SI contra la represión de la pobreza, contra la LUC y contra la política del gobierno
La Ley de Urgente Consideración avanza aún más:
A partir de su sanción se amplia hasta cuatro horas del tiempo en el que los detenidos pueden ser interrogados por la Policía sin que ésta deba notificar a fiscal o juez, incumpliendo el Estado con la obligación de garantizar el acceso a abogado/a a todas las personas detenidas.
Se estableció además la posibilidad de tomar declaraciones voluntarias en sede administrativa a efectos de «realizar averiguaciones, investigar, obtener evidencias y aclarar el presunto delitos” y se dispuso en material penal una presunción relativa de legitimidad en la actuación policial durante el cumplimiento de funciones, lo que afecta derechos fundamentales al invertirse la carga de prueba.
La ley incluye también la ampliación de la Legítima Defensa con los casos de gatillo fácil, en áreas cada vez mayores de la propiedad como patios de la vivienda y predios rurales; como señaló el abogado Juan Ceretta “La propiedad por encima de la vida”.
Por último la creación de figuras de la resistencia al arresto, la colaboración en defender a alguien arrestado y el agravio a la autoridad, también buscan judicializar la resistencia a la violencia policial, ya sea en los barrios o las calles cuando se ejerce el derecho a la protesta.
Desde la Asociación de Defensores Públicos como del MNP también se ha señalado que “a partir de la aprobación de la Ley 19889 de Urgente Consideración (LUC) se ha vuelto aún más difícil verificar si ha existido un abuso”.
En definitiva la LUC plasma en el campo jurídico el programa político de la coalición gobernante abarcando un conjunto de reformas antipopulares en distintas áreas además de la política represiva; la educación, ataques a las empresas públicas, pérdidas de derechos, conquistas y garantías.
Por ese motivo desde La Izquierda Diario volvemos a llamar a votar SI este 27 SI y seguir la lucha en las calles contra el gobierno y su ajuste.
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