El directorio del Fondo aprobó el acuerdo de Facilidades Extendidas que someterá al país por al menos una década. El comunicado oficial exige reformas estructurales y reconoce que recalcularán el programa. El pacto incluye una alta inflación, que el Gobierno pretende domar sin éxito. La “guerra” es contra los ingresos populares mientras los grandes empresarios siguen de fiesta.
A solo un día del 46º aniversario del golpe genocida, donde la deuda adquirió una relevancia central, el directorio del FMI aprobó el acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina. Así, se consuma el cogobierno con el Fondo, y su bota pisará al país por al menos una década. Es un pacto que fue avalado por la oposición patronal, y el kirchnerismo aunque votó en contra del acuerdo proponía otra negociación, pero igual se legalizaba la deuda odiosa contraída por Macri.
El Fondo recalculará las metas del acuerdo, según el comunicado oficial se hará una "recalibración temprana del programa", otra posibilidad es que el Gobierno solicite un "waiver", un permiso para cuando el país no pueda cumplir con las exigencias del pacto firmado y obtenga los desembolsos para afrontar los vencimientos de deuda. El comunicado del FMI admite que “los riesgos para el programa son excepcionalmente altos” y reconoce que “los efectos secundarios de la guerra en Ucrania ya se están materializando”. El acuerdo aprobado es un papel mojado.
El texto señala que los directores pidieron “mejoras en la estructura del gasto, incluida la reducción de los subsidios energéticos costosos y no focalizados”. Esto significa más ajuste y que habrá un mayor aumento de tarifas de la luz y el gas para cumplir con la meta fiscal. Hay que recordar que el ministro de Economía, Martín Guzmán, no le respondió al diputado del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, en el Congreso si los tarifazos anunciados eran los únicos del año.
Fernández y Guzmán aseguraron que no habrá reforma laboral, ni previsional, pero según informa el comunicado del Fondo los directores solicitaron reformas estructurales y “abordar las barreras regulatorias a la productividad, la inversión y el empleo formal”. Para este organismo, esto significa más flexibilización laboral, reforma laboral, con el argumento de mejorar el empleo. Son las clásicas recetas del FMI.
Pesada hipoteca
A partir del primer desembolso de U$S 9.656 millones que se destinará para pagar vencimientos, hasta septiembre de 2024 el FMI realizará revisiones trimestrales en forma previa a cada desembolso. Así, el Fondo será informado día a día de las principales variables económicas del país para monitorear si las metas se cumplen.
El Gobierno con este acuerdo, así como lo hizo con los especuladores privados, logró patear la deuda para adelante. También hará lo mismo con el Club de París, esta semana Guzmán anunció una nueva extensión del entendimiento alcanzado en junio del 2021. Dado que ya se aprobó el acuerdo con el Fondo, continuarán las negociaciones para una reestructuración de la deuda con este foro de países, que también pegó un salto con la dictadura cívico militar que dio el golpe el 24 de marzo de 1976.
De esta manera la montaña de deuda queda para los próximos años, hipoteca que será difícil de pagar y seguramente se vuelva a renegociar. Según un informe de Cifra de la CTA, de la restructuración de 2020 con privados más el nuevo acuerdo con el FMI, “el perfil de vencimientos en moneda extranjera exhibe una delicada situación externa, especialmente durante el período 2027-2032 cuando los vencimientos en moneda extranjera se ubican por encima de los 20.000 millones de dólares”. Una suma que representa un 135 % del saldo comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) que tuvo el país en 2021. Por este motivo, el Gobierno pretende aumentar las exportaciones para obtener más dólares sin importar el daño ambiental que provoquen las actividades, que promueve, como la minería, fracking.
Sin “guerra” a la inflación
Otro elemento preocupante es la inflación. En febrero la suba de precios de los alimentos alcanzó el 7,5 % y encendió las alarmas oficiales. Fernández anunció que empezaría una guerra contra la inflación, pero solo hubo medidas tibias como la suba de las retenciones para la harina y el aceite de soja, suspendiendo hasta el 31 de diciembre un decreto de 2020 que reducía las alícuotas al 31 % y volvió a establecer el valor del 33 %, una canasta de productos, y retrotraer los aumentos de los precios de alimentos al nivel que tenían el 10 de marzo pasado. Estas decisiones convalidan la fuerte suba de los precios de los alimentos en lo que va del año que acumuló un 12,8 % por encima del nivel general.
Varios factores inciden en la inflación, en este contexto las grandes empresas aprovechan para remarcar precios para recomponer, sostener o aumentar sus ganancias. Así, evaden o especulan los programas y controles oficiales. Son los grupos económicos más concentrados los que tienen ventaja para influir en la fijación de los precios. Eso se observa en las ganancias de las principales empresas de alimentos. Según un informe del Instituto IPYPP, las empresas Arcor, Mastellone Hermanos y Molinos Río de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas del 112 % durante el bienio 2020-2021 mientras los precios de los alimentos incrementaron en ese mismo período un 114 %. Sus ganancias no fueron afectadas por la inflación mientras los ingresos populares perdieron en esta carrera.
Las medidas que toma el Gobierno de control de precios o acuerdos fracasan y pocos creen en los anuncios oficiales porque las consecuencias de la inflación las sufren en sus bolsillos. El problema central es que las medidas dejan intacto el poder estructural de los grupos económicos que especulan.
En tanto, la guerra en Ucrania repercutió en el aumento de los precios internacionales y las empresas, principalmente las exportadoras de materias primas, trasladan ese incremento al mercado interno. Esto ocurre porque hay un monopolio privado del comercio exterior donde unas pocas empresas deciden lo que se vende y se compra. Por eso, la importancia de un monopolio estatal del comercio exterior, que permitiría administrar los dólares generados por las exportaciones en función de las necesidades de una producción al servicio de las mayorías populares y no de las ganancias de unos pocos. También se priorizaría importar lo necesario para el funcionamiento productivo y la atención de las necesidades de la población.
Además, el Gobierno alimentó la inflación con el aumento de las tarifas de luz y gas, combustibles, y la autorización de suba de las prepagas. También aceleró el ritmo de suba del dólar oficial (minidevaluaciones), hasta noviembre del 2021 el tipo de cambio oficial aumentaba al 1 % mensual y a partir de diciembre aumentó, en febrero se duplicó y en lo que va de marzo subió un 2,6 %. El incremento del dólar impacta en el resto de los precios. Esta decisión se corresponde con lo que pactó el Gobierno con el FMI que el billete verde no esté planchado y acompañe la inflación.
En tanto, la ortodoxia insiste que la explicación fundamental de la suba de precios es la emisión monetaria. Si bien es cierto que con un proceso inflacionario en curso la emisión puede convalidar o alimentar el aumento de precios, en los últimos años la emisión monetaria evolucionó por detrás de la inflación. A partir de junio, de cara a las elecciones, hubo un aumento de la emisión, pero en diciembre de 2021 en relación al mismo mes del 2020 terminó por debajo de la suba de precios del mismo período.
El acuerdo con el FMI aprobado incluye una alta inflación, esto permite licuar las partidas claves como jubilaciones, salarios, salud. Las propias medidas que el Gobierno deberá aplicar para cumplir con las metas como las subas de tarifas y del dólar oficial presionarán aún más la suba de precios. Un salto en la inflación, un riesgo posible por estas medidas, tampoco es un buen escenario para el Gobierno y el Fondo ya que podría empeorar aún más la situación económica y social.
Los más ricos de la Argentina y los grandes empresarios, quienes fugan capitales, son los responsables de la decadencia nacional, y se benefician de las crisis mientras la clase trabajadora se hunde. Son los dueños del país defendidos por los derechistas como Milei. Hay que romper con el círculo vicioso de la decadencia, y evitar que las mayorías populares paguen esta nueva crisis con medidas como el desconocimiento soberano de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior para reorganizar la economía en función de las grandes mayorías.
