La problemática de miles de familias que no tienen una casa propia en Jujuy resurge cada año, a pesar que las respuestas han sido con la policía y la “justicia” prohibiendo tomas de tierras o secundando el robo de tierras a campesinos y pueblos originarios para entregarlas a las grandes inmobiliarias y empresas mineras.
El parche de entrega de lotes no solo no ha dado solución por lo insuficiente, por ser cientos al año; sino que ha presentado irregularidades en cuanto a quienes se les ha entregado las tierras, específicamente a partidarios afines al gobierno.
El agravante de la situación se presentó en la reciente entrevista a Humberto García, secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, en el programa "Entre Líneas", donde habló sobre las 19.000 familias inscriptas en el programa Jujuy Hábitat, quien auguró que “la tierra es un recurso finito, más en Jujuy” y aunque desde el organismo realizan sorteos de lotes solo para unos cientos al año, “no hay para todo el mundo”. Y agregó “Se nos están acabando las tierras”, en relación a las tierras fiscales.
También mencionó livianamente, "hay sentencias de desalojo de nación firmes desde el 2014 y la gente se tiene que ir de ahí”, respecto a los asentamientos en las 150 hectáreas y Huaico. Por ello desde LID nos surgen los siguientes interrogantes: ¿Irse a dónde? Entonces ¿hay tierras para unos pocos? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a una vivienda digna o tierra?
Tierra o vivienda: sólo para el que pueda pagarla
Estas últimas décadas hubo un gran avance en la especulación inmobiliaria, de la que se han servido las familias terratenientes de la provincia como Roca, Agostini, Suárez Fascio, Barcena, entre otras y empresarios que lotean sus latifundios (obtenidos por regalo del estado y/o apropiación a los pueblos originarios) para la venta y/o construcción de viviendas como parte del gran negocio inmobiliario. Ejemplo de esto, son los precios de las tierras que se han valorado de forma considerable como sucede con los lotes en Juan Galán, La Almona, Monterrico, Los Alisos, El Ceibal, donde existen barrios privados y countries, o también torres modernas, complejos habitacionales en la ciudad capital, llevadas adelante por Villanueva e hijos, Caballero, Marcalain, Bienes SRL del grupo Bellomo, Noroeste Negocios Inmobiliarios, etc. que también erigen obras con el gobierno de la provincia de Jujuy.
El ejemplo reciente de esto, es la campaña que lanzó Agostini Desarrollos Inmobiliarios, con una feria de lotes de “preventa exclusiva” para los empleados de comercio que prevé una entrega inicial de $75 mil y hasta 132 cuotas de $15.379 .
¿Esta “oferta” es realmente un beneficio para un trabajador del comercio? Con cuotas que no son fijas sino que van a ir incrementando de acuerdo a la tasa de interés. Con un sueldo básico, acordado en las últimas paritarias, de $90 mil full time y $45 mil a los part time. Y ni hablar de la gran franja de los trabajadores de comercio precarios, sin registrar. Sin embargo, no es solo el problema de los montos variables de cada cuota y el alto precio de los lotes o la construcción de una vivienda, sino que un porcentaje cada vez más grande de los salarios se destina a alquileres; que suben, también, sin freno.
Derecho o mercado: propiedad para unos pocos
Si bien el derecho a la vivienda se encuentra reconocida en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis dónde se prevé que el Estado proveerá el acceso a una vivienda digna. Es decir, el acceso a la vivienda está vinculado a la dignidad de la persona humana. De allí, que las políticas públicas y del Congreso Nacional (art. 75 inciso 23) debieran bregar por los fines de legislar y promover medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato.
Incluso, la vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art 11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (art. 17), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 16, 1 y 27. 3), y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (arts. 9 y 28).
En Argentina, al 2018, uno de cada tres hogares tenía problemas de vivienda. De los cuatro millones de hogares, se necesitaban construir 1,5 millones de viviendas y el resto, eran casas ya construidas pero con problemas de calidad, falta de servicios básicos o hacinamiento.
En los últimos años, la crisis habitacional se destaca por el incremento de las personas en situación de calle en las ciudades, el aumento del número de asentamientos, barrios precarios y villas, el inquilinato en las ciudades y la dificultad para acceder a la propiedad.
Los números del INDEV arrojan, que en el segundo semestre de 2021 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza fue de 27,9%; en ellos reside el 37,3% de las población. Es decir, que casi 17 millones de personas evidencian lo aguda que es la crisis social y que bajo el cogobierno con el FMI y la inflación galopante puede empeorar.
El mismo informe, también, mostró que más de la mitad del 51,4 % de los niños y niñas son pobres. Mientras los jóvenes entre 15 a 29 años el nivel de pobreza fue superior al promedio con 44,2%. Y la indigencia afectó al 8,2 % de las personas, que no logran cubrir una canasta alimentaria mínima, pasan hambre. Mientras, en Jujuy, es una de las provincias de mayor pérdida de empleo registrado y que ya arrastraba altos índices de informalidad laboral antes de la pandemia. Además, una pobreza que aumentó desde el 2016.
Sumado a la ausencia de políticas públicas de acceso a la vivienda, la falta de regulación del mercado inmobiliario y las planificaciones urbanas excluyentes, los problemas habitacionales se acrecientan año a año. Y en nuestra provincia se utiliza la represión como mano ejecutora de una visión ideológica, que refleja la conducción política, de que las tomas de tierras ocurren por mero oportunismo o insensatez.
“En San Salvador de Jujuy estamos rodeados de ríos, cerros, pendientes, donde no hay factibilidad de viviendas y la gente igual se asienta, por ejemplo la cuenca de Chijra, Campo Verde o El Obrero que es un barrio que nació en 2014 o 2015” dijo Humberto García, secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda.
Sin embargo, la realidad en la actual crisis, la violencia de género, el desempleo, la devaluación, la inflación y la caída del salario que ni el gobierno provincial ni el nacional piensan hacer frente, obviamente, afectan el acceso al disfrute del derecho a una vivienda adecuada o tierra.
La trampa
De igual manera, el oportunismo hacia las necesidades de tener una casa propia lo toman las grandes inmobiliarias, con negocios de cuotas interminables y al que solo unos pocos podrán terminar de pagar.
También lo hicieron los créditos hipotecarios UVA que fueron promocionados como la principal herramienta de acceso a la vivienda de los sectores medios. Sin embargo, luego de la fuerte devaluación y el aumento de la inflación en 2018, los tomadores de crédito se vieron en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras.
En Jujuy, en 2021 se dio a conocer, tras manifestarse en las calles, que más de 1500 familias fueron estafadas por el titular de la inmobiliaria Horizonte Multinivel Jujuy; quienes tras años de pagar alquileres de los terrenos nunca los recibieron.
De la misma manera, con total impunidad el gobernador Morales anunciaba en la apertura de sesiones de la legislatura, sobre los terrenos de la ex Área natural protegida Los Diques, ahora llamada "Área de Desarrollo Sostenible de los Diques" aprobado por el PJ y UCR en la ley provincial N° 6049/17; “allí ya hemos puesto a la venta 68 lotes, pensamos recaudar 423 millones, otros 65 lotes más en el segundo semestre de este año recaudaremos 500 millones que van a ser invertidos, ahí en El Carmen”
Una afronta a los campesinos que vienen desde 2017 peleando en las calles y las cortes judiciales para que sus territorios dedicados a la agricultura y ganadería no sean usurpados. Pero Morales, con una promesa vacía de que la plata regresaría al pueblo y la teoría del derrame cerró su exposición sobre los “Eco Parque La Ciénaga”, que solo nos marca que ni el ambiente, ni los campesinos que habitan el lugar tienen derechos ante una política económica extractivista y de saqueo; en control total del poder ejecutivo, legislativo y judicial.
En contraposición, desde el PTS en el Frente de Izquierda apoyamos la defensa de los territorios de los pueblos originarios y campesinos como también, un presupuesto real, a la medida de las urgencia habitacional para tener un verdadero plan de obras públicas, bajo control de los trabajadores, que solo se podrá obtener con la unión de todas las familias trabajadoras, que quieran poner en pie una fuerza para frenar todos los atropellos y abusos hacia los derechos básicos que portan cada jujeño; y hagan escuchar su voz frente a los poderosos. |
