Una vez más sale a la luz la participación de funcionarios del Poder Judicial en los crímenes cometidos durante la última dictadura, aunque los condenados gracias a la lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos sean muy pocos.
En este caso se trata del exjuez federal Olmedo de Arzuaga, a quien los jueces del Tribunal Federal de Santiago del Estero, Abelardo Basbús, Juan Carlos Reynaga y Enrique Lilljedahl, lo condenaron a seis años de prisión por ser responsable de los delitos de "omisión agravada de hacer cesar la detención ilegal” y “violación de los deberes de funcionario público”. Los fundamentos de la decisión se conocerán el próximo 19 de abril.
A Arzuaga le fijaron además de los seis años de prisión una inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena al considerarlo responsable de los delitos de “omisión agravada de hacer cesar la detención ilegal” al respecto de Sara Alicia Ponce, Miguel Ángel Cavallín, Gladys Estela Loys y Mercedes Cristina Torres y de “violación de los deberes de funcionario público”.
Olmedo de Arzuaga ejerció la abogacía desde 1971, y desde hace décadas es funcionario del Poder Judicial. Fue quien presidió el tribunal que llevó adelante el segundo juicio en Catamarca por el crimen de la adolescente María Soledad Morales.
Ese tribunal condenó a Luis Luque, hijo de un diputado nacional, otro joven y varios policías por encubrimiento. Pero esa condena se logró por las grandes movilizaciones contra el primer fallo que dejó impunes a los hijos del poder.
Además de Olmedo de Arzuaga, fueron condenados otros cuatro imputados, con penas que van de los tres años y dos meses a los doce años de prisión y absolvieron al ex militar Jorge D’Amico.
Al policía Juan Felipe Bustamante se limpuso una pena de doce años de prisión por ser coautor de los delitos de “violación de domicilio”; “privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia”, contra Carmen Margarita Morales y Rubén Barraza; y “tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político”.
Otro condenado fue el ex policía Roberto Díaz Cura, a quien se le impuso la pena de diez años de prisión por ser responsable de los delitos de “tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político” y ”privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia” contra Roberto Zamudio.
También se condenó a cinco años y seis meses de prisión al ex policía Pedro Carlos Ledesma por ser partícipe primario de los delitos de “tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político” y ”privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia” contra Carmen Margarita Morales.
Para el civil Raúl Humberto "Cashulo" Silva, el tribunal dispuso una condena a tres años y dos meses de prisión, si bien la fiscalía había pedido una pena de cuatro años, por ser responsable de la “privación ilegítima de la libertad agravada por simulación de autoridad” en perjuicio de Dante Barraza.
La causa
La causa comenzó en febrero de este año, y el exmagistrado Olmedo de Arzuaga, fue acusado por sobrevivientes que declararon que fueron visitados por funcionarios judiciales cuando estaban en el centro clandestino de detención D2 y que sus denuncias sobre la situación que estaban viviendo y los tormentos que habían sufrido fueron desoídas.
Las querellas acusaron también al ex funcionario judicial como partícipe necesario de tormentos y privación ilegítima de la libertad y como miembro de una asociación ilícita. Los otros cuatro imputados que recibieron condenas, fue en el marco de un proceso de reenvío de la denominada "Megacausa III", que comenzó en diciembre de 2017.
Ese proceso de reenvío fue producto de las absoluciones que se dictaron en la "Megacausa III", el primer debate por crímenes de lesa humanidad en Santiago del Estero, que tuvo entre sus acusados a funcionarios judiciales de la última dictadura.
En esa causa se juzgaron delitos de torturas, detenciones ilegales, homicidios y abusos sexuales contra 38 víctimas –14 de las cuales permanecen desaparecidas- durante el período comprendido entre 1975 y 1983, lo que muestra la responsabilidad del gobierno peronista previo al golpe.
Las querellas y el Ministerio Público Fiscal recurrieron a la Cámara Federal de Casación Penal al finalizar ese debate, contra las absoluciones que dictó el Tribunal. Finalmente la Sala IV de Casación las revocó en julio de 2019 y ordenó el reenvío de la causa para una nueva sentencia.
Jueces de la dictadura que siguieron en funciones
Un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) del año 2019, detalla quiénes son los funcionarios judiciales que están siendo investigados, tanto en esta etapa de instrucción como de elevación a juicio.
Son un total de 48 personas, que en más del 50 % eran jueces o juezas durante la dictadura; el 20 % tenían cargo de secretarios; el 19 % eran fiscales y el 8 % defensores oficiales. De los imputados tan sólo once fueron condenados al momento del informe, de los cuales ocho se desempeñaban como jueces al momento de los crímenes.
El total eran 59 pero la impunidad garantizada por todos los gobiernos hizo que murieran imputados pero impunes 11 integrantes del Poder Judicial, responsables de delitos de lesa humanidad.
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