Este jueves se formalizará en Rabat el fin de la crisis diplomática entre el Estado español y Marruecos desatada el pasado 18 de mayo con la retirada de la embajadora de la dictadura alahuí en protesta por la atención sanitaria del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez viajará a Rabat para mantener un encuentro y una cena de gala con Mohamed VI. Lo hace solo dos semanas después de que se filtrara a la prensa la misiva española en la que se reconocía por primera vez la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte del Ejército marroquí.

La aceptación de la autonomía tutelada que propone Marruecos y la renuncia oficial al referéndum de autodeterminación, vienen a certificar la que vienen siendo la política de facto del imperialismo español respecto a su excolonia en las últimas cuatro décadas.

La defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui no ha pasado de meras declaraciones mientras se firmaban acuerdos con la dictadura marroquí para la participación de empresas españolas en el expolio de sus recursos, se suministraban armas y material antidisturbios que se empleaban en el mantenimiento del régimen de ocupación y se firmaban acuerdos para que Marruecos ejerciera de gendarme de la frontera sur de la UE.

El papel de Mohamed VI en este último aspecto es una de las piezas claves para entender este nuevo episodio. Hasta ahora la gendarmería marroquí se ha convertido en una pieza clave del sistema de blindaje de las fronteras de la Europa fortaleza. Vigilando las costas atlánticas y del Estrecho ha contribuido a que las rutas migratorias de alarguen y se hagan más peligrosas, elevándose así el número de ahogados hasta los 931 del pasado año.

Lo mismo en las vallas de Ceuta y Melilla, donde no solo se vulnera todos los días el artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que prohíbe que un Estado impida la salida de sus ciudadanos del territorio, sino que se han cometido aberraciones como el abandono en el desierto de cientos de inmigrantes subsaharianos entregados por la vía de las devoluciones en caliente.

Son todas estas violaciones de Derechos Humanos las que hoy el presidente del “gobierno más progresista de la historia” quiere que queden garantizadas por la dictadura marroquí. El imperialismo español busca un socio estable en una región económica y geopolíticamente clave como es el Magreb. En el marco de un mundo cada vez más convulso, con amenaza de hambrunas y más conflictos en los países semicoloniales de cuyo expolio y presión participa, el Estado español pretende consolidar el modelo de concertinas y fosa común atlántica y mediterránea de su política de fronteras.

Su socio de gobierno de Unidas Podemos ha manifestado su oposición a la decisión del presidente respecto al Sáhara Occidental, e incluso ha promovido una resolución simbólica en el Congreso. Sin embargo su presencia y permanencia en el gobierno constituye el mejor respaldo, no simbólico sino real, a la política imperialista de Sánchez. Sin olvidar que en el episodio más reaccionario de la política de extranjería, el envío del Ejército a Ceuta en mayo de 2021, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, salió públicamente a respaldarla.

Ante el “progresismo” y esta “izquierda” imperialista, el mejor apoyo a la lucha del pueblo saharaui y contra las criminales políticas de extranjería es justamente construir otra bien diferente. Que denuncie y pelee abiertamente contra el imperialismo español por la retirada de todas las empresas españolas del Sáhara Occidental, el fin de los acuerdos de colaboración militar y policial con la dictadura marroquí y la apertura de fronteras a todos aquellos que huyen de la miseria y las guerras responsabilidad directa de las potencias europeas y EEUU.