El exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, podría salir del Reclusorio Norte, en donde cumple su condena, luego de acordar con el gobierno de López Obrador de "reparar el daño" que hizo durante su gestión hacia la empresa paraestatal.

Lozoya, cuando estaba a cargo de PEMEX, se vio involucrado en la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, la cual sobornó con grandes cantidades de dinero y recibió desfalcos financieros de la paraestatal mexicana al extender sus tentáculos hacia los funcionarios de Peña Nieto para poder aprobar la Reforma Energética. Los cambios de Peña Nieto permitieron un mayor avance de los capitalistas privados e imperialistas en lo que refiere a minar el monopolio del Estado en materia de hidrocarburos, razón por la cual hoy abundan empresas imperialistas como gasolineras, una ironía de un gobierno que dice reivindicar el legado de Lázaro Cárdenas y permite la entrada de las mismas comañías que él expropió.

Una vez descubiertos los desvíos de fondos, Lozoya fue arrestado en Málaga, España, en febrero de 2020, siendo trasladado a México en calidad de testigo protegido y gozando de audiencias virtuales a puerta cerrada como garantía de colaboración con el gobierno de señalar a sus cómplices; posteriormente fue enviado al Reclusorio Norte en la Ciudad de México, del cual podría salir en libertad.

La "fianza" que habría pagado Lozoya serían propiedades y dinero. Según dio a conocer el periódico Reforma la tarde de este lunes, Lozoya pagaría un total de 10.7 millones de dólares (es decir, más de 220 millones de pesos), de los cuales 7 millones 385 mil dólares corresponden a los sobornos de Odebrecht y los 3 millones 400 mil dólares restantes corresponderían a la compra de la planta de Agronitrogenados.

Asimismo, Lozoya dejaría como garantía cinco inmuebles: su casa en Lomas de Bezares, en una zona exclusiva de la Ciudad de México en la alcaldía Miguel Hidalgo, así como la casa de su esposa en Ixtapa, Guerrero —las cuales serían suspendidas de los procesos de extinción de dominio que la FGR tiene sobre ellas—, y la de su padre en la colonia Bosques del Pedregal en la alcaldía tlalpan, junto con otras dos no especificadas.

Los nexos de Lozoya con el poder y la corrupción no son nada nuevo; de hecho, se puede decir que viene de familia. Y en ese mismo sentido, los acuerdos del exfuncionario con la FGR (y el gobierno de AMLO) serían a cambio de que se retiren las acusaciones penales contra su esposa, Marielle Helene Eckes, su madre, Gilda Austin, y su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin.

Resulta muy revelador que ante un funcionario corrupto que se enriqueció con el erario —es decir con los impuestos pagados por miles de mexicanos— le den trato preferencial y la oportunidad de "reparar el daño" mientras que a los sectores populares, como a los ambientalistas, las feministas, los indígenas, periodistas y obreros este gobierno responda con represión y calumnias.