Uno de los compromisos del Gobierno progresista para con Europa era la eliminación de la temporalidad en el sector público. En el Estado español, el 25% de los docentes son interinos (más de 622.000), y la Comunidad Europea avisó de que debía en los próximos dos años reducir ese porcentaje. Ésta ha sido también reivindicación constante (en letra, no en hechos) de los sindicatos, los cuales mostraron al Gobierno su apoyo a la hora de diseñar un plan de estabilización laboral. La gran campaña educativa del PSOE+UP consistía en una reforma educativa con precedentes (la Lomloe es una copia de la antigua ley educativa del PSOE) y en un plan de estabilización de los interinos que planea reducir ese 25% a un 8%.

Esta estabilización iba a aprovechar las 37.000 plazas de reposición que saldrán este año y el siguiente. Junto con la convocatoria para cumplir estos puestos, iba a salir otra para estabilizar a los interinos en los puestos ya creados. En total, 125.000 plazas serían ofertadas con este plan.

Dejando de lado que reducir el porcentaje no es acabar con la temporalidad, sino solo reducirla, en diciembre el Gobierno adelantó cómo sería la forma de acceso, y la polémica se desató. Según el borrador, las oposiciones consistirían en dos vías de acceso.

Por un lado, para todos aquellos interinos que hayan mantenido plaza varios años antes del 1 de enero de 2016, podrán acceder sin fase oposición. En su caso, sólo habrá un concurso de méritos. La pregunta es cuántos interinos hay que, antes de esa fecha, sigan siéndolo y hayan mantenido su vacante (pista: muy pocos). Esta vía, además de ser criticada por aquellos interinos que, siendo muy precarios, no cumplen los estrechos requisitos para optar a ella, está en vías de ser juzgada por el Tribunal Supremo para valorar hasta qué punto es legal. Que es una oposición irregular no cabe duda, sin embargo, su posible ilegalidad puede provocar cambios decisivos para el plan del Gobierno.

La segunda vía consistía en una oposición estándar, con fase de oposición y concurso, con alguna modificación: no habría parte práctica y se aumentaría el peso de la formación permanente y los años de experiencia. Esto favorecía que aquellos interinos que no entraban en la primera vía, tuvieran más posibilidades que los nuevos aspirantes para conseguir plaza.

Tras la publicación del borrador, ese colectivo precario que son los interinos y opositores se crispo y rompió aún más. Los interinos más habituales vieron que el plan de estabilización era, en el fondo, una forma de lavarse las manos, ya que eran migajas que no servirían para estabilizar su puesto. De este modo, hubo huelgas, como la del 30 de noviembre en Cataluña. A la vez, los aspirantes protestaron contra los sindicatos y el Gobierno, que no respetaban la igualdad de oportunidades en el acceso. Eran ataques que también cayeron sobre los interinos, dividiendo a colectivos que, en el fondo, tenían más en común por su precariedad que diferencia por privilegios.

Estas protestas por dos bandas han calado (relativamente) en el Gobierno, quien este pasado 12 de abril sacó el decreto para la convocatoria de oposiciones del plan de estabilización. En este nuevo documento, se reducía significativamente el peso de la experiencia, de la formación permanente y de haber aprobado oposiciones posteriores a 2012, para equiparar a los aspirantes con los interinos. Esta oposición – concurso en la que los interinos pierden ventaja será la que se aplique a las plazas de reposición y nueva creación, no a las plazas ya cubiertas por interinos, la cuales tratarán de ser cubiertas con el primer modelo.

Al margen de la crítica que se puede hacer a las oposiciones y de los perjuicios que a corto plazo provocan estas convocatorias entre los opositores, el hecho es que este plan de estabilización, lejos de serlo, es una política reaccionaria para hacer malabares con plazas para que no cambie nada.

Es un plan descentralizado, confuso y poco preciso, pues muy pocos interinos saben en qué medida pueden aspirar a su plaza, o en qué convocatoria deben estar. Sin embargo, la descentralización también tiene que ver con que son las comunidades autónomas las que tiene que ejecutar el plan. La respuesta ha sido hacer una convocatoria previa al decreto (algo que el retraso de su aplicación ha favorecido). Salvo Catalunya y Euskadi, todas las CCAA han adelantado su convocatoria de oposiciones para que no caiga bajo el marco legal del nuevo decreto.

Esto ha levantado un debate en torno a si es mejor que haya oposiciones a la «vieja usanza» o mediante el plan del Gobierno. Desde luego, los distintos gobiernos autonómicos no han convocado oposiciones para proteger a los aspirantes, sino como una forma de hacer política a través un colectivo precario para atacar al Gobierno progresista. Es esta una táctica que permite el propio decreto y que, en última instancia, está permitiendo a las comunidades gobernadas por la derecha erigirse como defensores de los interinos y opositores. Pero, como decimos, no es más que una guerra sucia. Pensemos en la Comunidad de Madrid: ¿realmente alguien piensa que Ayuso, que ha cerrado escuelas infantiles, que ha sacado la Ley Maestra y que sigue vendiendo la educación pública a la privada, va a tender una mano al sector más precario de la docencia?

Las oposiciones de siempre han sido un método muy poco efectivo, reaccionario y elitista para cubrir plazas públicas, y no son mejores las anteriores que estas. Si te ves obligado a compaginar con los estudios un trabajo precario, las posibilidades de aprobar y conseguir plazas son, prácticamente, nulas. Igualmente, el gasto en cursos para conseguir puntos y academias sigue incrementando el rasero elitista a la hora de acceder a una plaza.

De igual manera, las oposiciones, por mucho que digan los críticos, aunque favorecen la experiencia de los interinos, está demostrado que muy pocos interinos logran conseguir plaza. De hecho, un estudio de CGT demostraba que cuanto más tiempo es un uno interino menos posibilidades tiene de sacar la oposición, por edad y tiempo para el estudio disciplinario y de nueva formación. Es decir, las oposiciones son un método para cribar y generar temporales crónicos.

El quid de la cuestión no es quién ofrece las oposiciones más «justas», sino que el plan del Gobierno sólo da cancha a la extrema derecha liberal al tiempo que, por sí mismo, no estabiliza el empleo público. Se ha desatado una guerra fratricida entre interinos y opositores, que disputan los restos, cuando el auténtico problema es que ni el Gobierno central ni los autonómicos están dispuestos a estabilizar realmente el empleo.

La política reaccionaria del Gobierno progresista, aunque juegue con los baremos para no favorecer a nadie, no va a ayudar a los interinos y opositores a conseguir su plaza. En lugar de repartir horas, hacer públicos los centros privados y financiar una contratación masiva que permita bajar las ratios y ofrecer una enseñanza auténticamente pública y de calidad, lanzan un plan miserable para que los temporales se maten por ellos en unas oposiciones injustas para todos. Aprovechan la discordia del colectivo, la complacencia de los sindicatos y el seguidismo de las autonomías, que no dudan en aprovechar la baza, para maquillar la miseria y la precariedad, hacer del acceso del empleo una carrera de fondo, donde prima más la competencia que la educación como tal.

Precisamente por esto, opositores e interinos deben unirse, organizarse, diseñar un plan de lucha y forzar al Estado a que abra el acceso a la educación. El dinero que hay para enviar armas para Ucrania, para financiar la Iglesia o para dar subvenciones a la privada bien puede servir para crear nuevos puestos, repartir el trabajo y que todos los que queremos dedicarnos a la educación podamos hacerlo en buenas condiciones. Hay medios de sobra para estabilizar el empleo, mejorar las condiciones de la escuela pública y abrir a innovaciones pedagógicas de la mano del profesorado. Pero es este un plan de estabilización que el gobierno no va a ofrecernos, que ninguna autonomía va a conceder, y que sólo nosotros podemos conquistar.