En la madrugada del 28 de febrero agentes de los servicios de seguridad polacos detuvieron al periodista freelance Pablo González en el hotel donde se alojaba, en la localidad polaca de Rzeszow, cerca de la frontera con Ucrania, mientras cubría la llegada de personas refugiadas de la guerra.
Desde entonces lleva más de cincuenta días encarcelado e incomunicado, acusado de “prorruso”, de espionaje y de “actividades contra el Estado polaco". Sin poder hablar con su familia ni sus abogados.
Durante este tiempo tan solo ha recibido dos visitas del cónsul español en ese país, el 7 de marzo y el 2 de abril, que certificó que se encontraba en buen estado físico y anímico. Desde entonces no se sabe nada de él.
La Fiscalía ya anunció que el periodista continuará en prisión provisional al menos hasta el 29 de mayo, pero que podría alargarse hasta mantenerse en seis meses detenido en total. En lo que podría ser una vulneración de hasta 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Las presiones por parte del Estado español han sido inexistentes e, incluso, el CNI realizó una vergonzosa y surrealista visita a las viviendas del periodista, de sus familiares y amigos pocos días después de su detención. Su pareja Oihana Goiriena relataba lo sucedido en una entrevista para VilaWeb:
“Fue surrealista. Se presentaron ocho personas con dos furgonetas. Unos cuantos se quedaron vigilando nuestra casa y la de al lado y dos personas se dirigieron a mí. Y empezaron a decir todo lo que sabían de Pablo: que viaja a Moscú con frecuencia, que su padre es ruso, que se había movido por aquí y por allá, que había cursado tales estudios, que si su madre se llama tal, que si vive no sé dónde, que si la casa en la que vivimos está a nombre de mi padre… Aquel momento fue acojonante. Estaba estupefacta porque la sensación que tenía era de que nos vigilaban. Cuando se te pasa el susto, te pones a pensar y ves que quizá no son datos tan difíciles de conseguir para un servicio de inteligencia”.
Ningún interés por parte del imperialista Estado español en cuestionar a su aliado polaco que está cumpliendo un rol clave en el conflicto en Ucrania para la OTAN y la Unión Europea, a pesar de la flagrante vulneración a las libertades de prensa y comunicación que está sufriendo Pablo González.
Un ataque basado en una acusación de espionaje que no tiene ningún fundamento, como señalan sus abogados, pero por la que podría recibir hasta 10 años de prisión. El Estado polaco se agarra a las raíces y conexiones personales que tiene Pablo González con Rusia, ya que su abuelo fue uno de los “niños de la República” evacuados a la URSS y su padre, Alexei E. Rubstov, tiene nacionalidad rusa. El propio periodista nació en Moscú en 1982 con el nombre de Pavel Rubtsov, pero ya de niño se trasladó con su madre a Barcelona.
Un intento claro de censura política y periodística. Hay que tener en cuenta que Pablo González ya había cubierto la revuelta del Euromaidan en 2014 y la posterior guerra en el Donbáss, haciendo crónicas que cuestionaban el punto de vista oficial del actual gobierno ucraniano. Por esta actividad periodística ya habría sido inscrito en 2016 en una ’lista negra’ de políticos, periodistas y activistas españoles que se consideraba favorables al discurso del Kremlin, según habría revelado una filtración, tal y como comenta su abogado Gonzalo Boye. Ahora en una nueva escalada del conflicto es detenido e incomunicado.
Ante este claro ataque a la libertad de prensa, nos solidarizamos Pablo González y seguimos exigiendo su inmediata liberación, así como el fin de toda censura a cualquier medio de comunicación. | 
