En la jornada de ayer se llevaron a cabo dos sesiones en la Legislatura jujeña, la 1º Especial por la cual el Poder Ejecutivo hizo aprobar las designaciones de funcionarios en la SuSePu, órgano encargado de “cuidar” a los usuarios antes las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales. La nota discordante entre las bancadas mayoritarias que aprueban toda designación de sus funcionarios sin reservas, la dió el pliego del militante radical Carlos Oheler, funcionario comodín que se desempeñó en distintas dependencias de las estructuras estatales y como diputado provincial. Recordemos que este el mencionado funcionario había sido removido del cargo de Presidente del directorio de la empresa JEMSe por haber emitido expresiones insultantes, discriminatorias y de odio hacia el colectivo feminista a través de redes sociales. Más allá de puntuales cuestionamientos su pliego fue aprobado.
Luego, en la 3º Sesión ordinaria ambos bloques mayoritarios, UCR y PJ, votaron afirmativamente el proyecto del oficialismo por el cual se limita el derecho constitucional a ser elegido por el pueblo. La mencionada norma, conocida popularmente como “Ficha limpia”, establece que las personas que posean una doble condena no podrán integrar una lista de candidatos a cargos electivos, violando el elemental derecho de la presunción de inocencia, ya que al modificar el Código Electoral provincial y la Ley que regula las cartas orgánicas de los partidos políticos, imposibilita su postulación, aún sin haber terminado todo el proceso de apelaciones que garantiza el sistema vigente.
¿Qué implica el proyecto Ficha Limpia?
En Brasil, fue con esta ley, que el mismo PT votó y Lula apoyó en 2010, que impidió al expresidente y candidato por el PT, presentarse a elecciones.
Según esta ley, quien tuviera condena en segunda instancia, como fue el caso de Lula, no podía ser candidato en las elecciones. Hay que recordar que este proceso judicial se dio como parte del golpe institucional que depuso a Dilma Rousseff de la presidencia, no por un hecho de corrupción sino por haber modificado el destino de partidas presupuestarias.
A Lula lo acusaron de haber recibido como "dádiva" un departamento en Guarujá, cuestión que no pudo ser comprobada, por lo cual fue proscripto, condenado y encarcelado -más allá de haber sido el candidato con mayor intención de votos-. Es decir que los jueces, que respondieron al pedido de la Embajada de Estados Unidos, se opusieron a la decisión popular.
Más allá del caso puntual de Brasil, una ley con estas características, dota al Poder Judicial de facultades, por encima de la decisión popular, otorgando la posibilidad a que sean los jueces, funcionarios que no son alcanzados por estas limitantes, quienes decidan quiénes pueden ser candidatos y quiénes no.
Discutamos un nuevo Código Electoral, realmente democrático
Más allá de los denodados esfuerzos de las diputadas oficialistas que presentaron el proyecto, intentando justificar esta restricción como un “pedido de la gente” para depurar las listas de candidatos, lo que no se quiere discutir con todas las fuerzas políticas existentes, más allá de las representaciones parlamentarias, es la democratización del acceso a tales representaciones.
Se desvía una discusión de fondo con cambios cosméticos para evitar dar respuesta al pedido de miles de jujeños que efectivamente pidieron derogar el proscriptivo piso electoral del 5% -del padrón-, uno de los más altos del país, que defienden ambos partidos mayoritarios (UCR-PJ) y por el cual distintas fuerzas políticas de la provincia no tienen representación parlamentaria. Motivo por el cual el parlamento provincial se mantiene virtualmente clausurado a toda discusión, votando solamente los proyectos que envía el oficialismo.
De igual manera, para escuchar a la población se podría discutir el tramposo sistema de colectoras, donde se entremezclan eternos candidatos, ya convertidos en políticos profesionales que disfrutan de sus privilegios por décadas y son elegidos en un virtual arrastre de un candidato “votable” por la coyuntura del momento. También se debería atender el pedido del electorado que exige en todo momento la transparencia en el financiamiento de los partidos y la utilización de los medios de comunicación, donde las fuerzas políticas mayoritarias, conducidas por empresarios de los medios, hegemonizan el aire publicitario con millonarias campañas. En la misma sintonía, las legisladoras oficialistas que “escuchan a la gente” deberían cambiar el vetusto Código y atender el pedido de miles que exigen la obligatoriedad de los debates de candidatos, de manera pública y en espacios neutrales. Estos son algunos temas que realmente reclama la ciudadanía y a modo de ejemplos acercamos desde estas páginas. |
