El mes pasado la SEP anunció la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, cuyos recursos serían destinados a La Escuela es Nuestra, un programa para supuestamente mejorar la infraestructura escolar.
Creado en 2019, el programa La Escuela es Nuestra funciona mediante la transferencia directa del dinero a comités escolares de madres y padres de familia en los planteles (de los que estamos excluidos las y los docentes), bajo el discurso de eliminar intermediarios gubernamentales. Sin embargo, partir de 2020 los recursos empezaron a ser distribuidos por Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios consentidos de la 4T.
Con la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo llovieron las críticas pues, más allá de los hipócritas lamentos de la derecha, con dicha imposición realmente se atentaba contra algunos beneficios para los alumnos, como el servicio de alimentación.
Al parece el gobierno federal tomó nota del descontento y ahora lo que plantea es aumentar las escuelas con “horario extendido”, integradas en el programa La Escuela es Nuestra, pero con un duro golpe al magisterio de por medio.
En la mañanera del 26 de abril, López Obrador informó que serían las asociaciones de madres y padres de familia quienes, mediante los recursos de La Escuela es Nuestra, se encargarían de “decidir si quieren pagarle a los maestros y que ellos estén pendientes de que vayan los maestros más tiempo, y lo mismo en el caso de los alimentos”.
Se trata de una nueva embestida contra los derechos de las y los trabajadores de la educación, que de concretarse les dejaría en una situación de vulnerabilidad al atentar contra la seguridad salarial.
La medida, además, apunta a la confrontación entre docentes y madres/padres de familia. Si ya de por sí La Escuela es Nuestra combinaba un avance en el desentendimiento del Estado respecto a sus tareas en materia educativa por un lado, con la integración de madres y padres a tareas propias del Estado por otro, ahora se pretende que asuman funciones patronales.
Además, los recursos con que las madres y padres pagarían a las y los docentes se restarían a lo disponible para infraestructura y equipamiento escolar.
Mientras que el gobierno pretende tomar así en cuenta a las madres y padres de familia y sostiene en el discurso una supuesta “revalorización” del magisterio, en realidad no se nos ha consultado para nada en la toma de las grandes decisiones educativas, que nos han sido impuestas con la complicidad de los charros del SNTE.
No podemos permitir que pase este ataque. Es necesario organizarnos escuela por escuela, zona por zona y a nivel nacional, en unidad con las madres y padres de familia, para movilizarnos unitariamente con independencia política respecto al gobierno y la derecha. Los próximos 1 y 15 de mayo son escenarios inmediatos para exigirle al gobierno que no se implemente esta medida, junto al resto de nuestras demandas.
Desde la agrupación Nuestra Clase consideramos que la CNTE debe abandonar la confianza en que sólo presionando para abrir mesas de diálogo con AMLO se podrán resolver nuestras demandas, romper la tregua y ponerse al frente de impulsar esta perspectiva de lucha. | 
