La actual senadora (Independiente) por la Región Metropolitana, Fabiola Campillai, se encontraba esperando locomoción en las cercanías de su hogar en San Bernardo para dirigirse a su trabajo cuando una bomba lacrimógena llegó directamente a su rostro; perdiendo la visión de sus ojos, el gusto y el olfato. Tras los hechos, Maturana fue imputado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas.

La Fiscalía, que pide 12 años contra Maturana, comenzó sus alegatos y al terminar será el turno del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Los hechos acontecidos ocurrieron durante el contexto de la gran contingencia policial a raíz de la represión durante las movilizaciones de la revuelta de octubre del 2019. A la fecha son 433 víctimas de traumas oculares quienes se encuentran con las marcas de la represión policial.

El negacionismo: el arma para limpiar responsables políticos y materiales

La abogada defensora Catherine Lathrop aseguraó que hubo una investigación sesgada, cuestionando el principio de objetividad. La teoría de la defensa de Maturana es "no se podrá acreditar que como única posibilidad, la lesión provocada en la víctima haya sido exclusiva y excluyentemente ocasionada por un impacto con proyectil de lacrimógena", lo segundo es que "el arma utilizada sea idónea para lesionar... que sea idónea para hacer puntería a la distancia que y que el señor Maturana haya obrado dolosamente, con el objetivo de lesionar".

Con todos estos argumentos, lo que plantea la defensa es relativizar no sólo la agresión hacia Fabiola Campillai, sino las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el gobierno de Sebastián Piñera a través de las fuerzas de Seguridad y del Orden desde el 18 de octubre.