Los funcionarios del Sindicato de Empleados Profesionales sin Fines de Lucro, IFPTE Local 70, AFL-CIO, CLC están indignados por el proyecto de opinión filtrado de la Corte Suprema que pondría fin al derecho constitucional al aborto. También condenamos rotundamente las restricciones y prohibiciones del aborto.
Todas las personas merecen el derecho fundamental a tomar sus propias decisiones. La justicia reproductiva consiste en apoyar el derecho de una persona a elegir las circunstancias, si las hay, en las que tiene hijos. Las restricciones y prohibiciones del aborto suponen un desprecio por la autonomía corporal y la capacidad de decisión de las personas gestantes, y otorgan al Estado un control indebido sobre lo que deberían ser decisiones médicas privadas.
Los derechos reproductivos son derechos de los trabajadores, y el acceso al aborto es una cuestión laboral. La autonomía económica y la planificación familiar -la capacidad de controlar si se quiere tener hijos, cuántos hijos tener y cuándo tenerlos- están íntimamente relacionadas. Este tipo de autonomía es fundamental para la autodeterminación y la seguridad económica. La negación de servicios de aborto perjudica de manera desproporcionada a las personas negras y morenas, a los pobres, a las personas con discapacidad, a los inmigrantes y a las personas LGBTQ. Restringir los derechos reproductivos es una agresión a los trabajadores.
El proyecto de ley para anular el caso Roe v. Wade y el caso Planned Parenthood v. Casey forma parte de un esfuerzo coordinado para recortar aún más los derechos de los estadounidenses a pesar de la opinión del pueblo. El juez Alito ha planteado una línea de pensamiento peligrosa y regresiva que podría tener implicaciones para otros casos, incluidos los relacionados con los derechos de los trans, la anticoncepción, la igualdad matrimonial, el matrimonio interracial y la sexualidad. Esto no puede permitirse.
Los funcionarios electos de todos los niveles deben tomar medidas inmediatas para preservar el derecho al aborto. Apoyamos los esfuerzos actuales para codificar las protecciones del aborto en la ley e instamos a los legisladores a que eliminen cualquier barrera legal restante que pueda ser utilizada para retrasar o negar el acceso a la interrupción del embarazo. Esto incluye garantizar que la atención a la salud reproductiva, incluido el aborto, esté disponible para todos, no sólo para aquellos que puedan pagarla.
Este proyecto de decisión aún no es ley. El aborto sigue siendo legal, y NPEU apoya de manera inequívoca a los trabajadores de la justicia reproductiva que siguen garantizando el acceso a la interrupción del embarazo. Estamos agradecidos por el trabajo de nuestros miembros en la primera línea de este asunto.
Como miembros del sindicato, haremos todo lo que esté en nuestra mano para defender los derechos reproductivos dentro y fuera de nuestros lugares de trabajo, y pedimos a otros dentro del movimiento sindical que se unan a nosotros en esta lucha. | 
