El lunes 9 de mayo mientras se llevaba a cabo una importante asamblea estudiantil con cientos de personas en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, se produjo la detonación de una granada de gas lacrimógeno que provocó una avalancha de estudiantes desesperados por escapar. La asamblea tenía el objetivo de renovar la Federación Universitaria Local (FUL) y se presume que el objetivo del atentado fue justamente evitar la renovación de la dirigencia local y de esa manera volver a postergar el congreso universitario nacional que se tendría que llevar a cabo esta gestión.
Este hecho provocó el fallecimiento de 5 estudiantes y más de 80 heridos. Ante la situación, sectores afines al MAS así como también sectores vinculados a la oposición de derecha, han iniciado una campaña en redes sociales contra la autonomía universitaria. Lo hacen apoyándose en la ola de indignación y repudio que ha generado en la población el atentado realizado en Potosí, que al igual que el “accidente” sucedido en la UPEA (Universidad Pública de El Alto) durante el 2021, que se cobró la vida de una decena de estudiantes, pone una vez más de relieve la profunda crisis de la educación.
El diputado del MAS, Héctor Arce, ha sugerido al sistema universitario la necesidad de limitar la permanencia estudiantil en las universidades a un máximo de 7 años para impedir que dirigentes estudiantiles adopten como forma de vida el medrar de las direcciones estudiantiles las que disputan incluso por décadas. En la misma línea que Arce, desde la oposición, el ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, se manifestó en la necesidad de limitar el acceso a los cargos dirigenciales universitarios para “evitar” las corruptas y burocráticas prácticas de las camarillas universitarias.
Por su parte, el analista político afín al MAS, Gabriel Villalba, fue aún más lejos al sugerir la eliminación de la autonomía universitaria, la que sería la causa de la violencia en las universidades públicas. Esta ofensiva contra la autonomía universitaria, desempolva las aspiraciones de las dictaduras de Banzer (1971-1978) y García Mesa (1980-1981) quienes en sus primeras medidas de sus sangrientos gobiernos cancelaron la autonomía universitaria. Pero también retoma esa aspiración de los neoliberales que veían en la autonomía un inconveniente para sus reformas universitarias, que buscaban reducir la formación académica a tareas meramente técnicas, despojadas de cualquier pensamiento crítico.
Recordemos que fue desde el congreso universitario de la UMSA a fines de los ’80, a la cabeza de Guido Capra, momento en que se inició la ofensiva neoliberal en la universidad. Esta ofensiva se expresó por ejemplo en los intentos de eliminar al marxismo y todo pensamiento crítico de las cátedras universitarias, ofensiva que no se ha detenido hasta hoy. Aunque avanzaron mucho en estos objetivos, no pudieron erradicar el pensamiento crítico de manera absoluta. Esto fue gracias a la resistencia de docentes y estudiantes que apoyándose en la autonomía universitaria, pudieron establecer algunos límites a esa ofensiva política y académica derechista. Sin embargo, esta autonomía universitaria no ha dejado de degradarse profundamente al establecerse las camarillas docente-estudiantiles como instrumento fundamental para el control universitario.
Lo cierto es que el matonaje y diversas maniobras antidemocráticas para retener el control de las instancias de cogobierno universitario no son nuevas y no solo están limitadas al estamento estudiantil sino que forman parte de un denso y corrupto entramado de diversas camarillas docentes y estudiantiles que hace décadas se disputan las universidades. Sin embargo, estas prácticas cuentan con el visto bueno, e incluso la participación activa no solo del gobierno de turno, sino también desde la oposición. Ambos buscan controlar las universidades y con ellas al movimiento estudiantil, ya sea para su instrumentalización desde el gobierno, como Max Mendoza dirigente de la CUB (Confederación Universitaria Boliviana) hace décadas, Quelali en la FUL de La Paz o los amigos de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, en la UPEA (Universidad Pública de El Alto) son solo algunas muestras desde el oficialismo o como sucedió durante el golpe de Estado del 2019 cuando desde la UMSA se financió grupos de choque golpistas.
Desde las páginas de La Izquierda Diario nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con las decenas de estudiantes heridos, y nos sumamos al reclamo de justicia para las víctimas. Exigimos auditorias públicas y realizadas por Comisiones Independientes de docentes y estudiantes elegidos en asambleas democráticas. Llamamos a organizarse para defender la autonomía universitaria y recuperarla de las manos de estas corruptas camarillas que alimentan la decadencia académica y la corrupción institucional.
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