Maduro anunció este miércoles que el país ofertará, a través de bolsas de valores, hasta el 10 % de las acciones de varias empresas públicas, incluidas compañías petroleras, de telecomunicaciones y gasíferas. “Vamos a sacar entre el 5% al 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional”, dijo en un discurso televisado.
La oferta, explicó, comenzará el lunes 16 de mayo e incluirá hasta el 10% del paquete accionario de las compañías seleccionadas. “Usted se podrá convertir en inversionista de CANTV (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela), de Movilnet (Telefonía móvil), de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios)”, detallaba Maduro. En otras palabras, en casi todos los sectores económicos que están bajo la órbita del Estado.
Cuando Maduro habla de un “5% al 10% de las acciones” de las empresas estatales, está diciendo que aunque de manera gradual, ira a un proceso de privatización mayor, todo dentro de un plan más acelerado y completo en el marco de la llamada Ley Antibloqueo (ley promulgada en 2020 donde con una retórica de defensa del país por las sanciones del imperialismo norteamericano, plantea una política aperturista y de reversión hasta de las nacionalizaciones chavistas -que recordemos: se hicieron pagando a los empresarios, como un premio por "las molestias ocacionadas"), con el secretismo de Estado hecho Ley, donde se hace público sólo aquello que el propio Gobierno decide.
De tal manera, Maduro sigue en carrera en su curso privatizador. Bajo el secretismo que le da la Ley “antibloqueo” el Gobierno opera aceleradamente y hasta los medios económicos internacionales lo remarcan como “positivo”. Tal como lo dijo en su momento cuando era promulgada: “La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!”.
Tras el anuncio de dicha Ley, escribíamos desde este mismo diario: “Avanzan con toda una cadena de privatizaciones de empresas con total discrecionalidad en el marco de todo el secretismo de la Ley ‘Antibloqueo’. Un país a remate llevado a cabo por el Gobierno de Maduro. Todos lo festejan. Aunque algunos le cuestionan que no se realiza como en los años 90, observando la cuestión de la discrecionalidad, pero no el entreguismo, como si la relativa ‘transparencia’ del remate de entonces (que era un régimen de varios partidos y sin el nivel de autoritarismo actual) no hubiese implicado negociaciones a espaldas de los intereses de los trabajadores y el pueblo, y los más variados secretos para beneficiar tanto a compradores transnacionales y locales como agentes del Estado.”
Luego de la total flexibilización de los controles de cambio y de precios y de la bendición por parte del Ejecutivo del uso de divisas extranjeras en el país, exoneración total de impuestos a transnacionales y empresarios locales, el gobierno de Maduro ha entregado a “inversionistas” privados extranjeros y nacionales el manejo de importantes compañías de sectores estratégicos. “En un sentido, la revelación del impulso privatizador de Venezuela es un claro avance positivo” se alegraba la agencia especializada en noticias económicas Bloomberg.
Así lo decía Maduro en febrero del año pasado: "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela". Y luego de mencionar a los distintos países europeos así como asiáticos, rusos y de otras latitudes, también enfatizaba: "Quiero decirles a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar".
Es sabido que en el sector agroindustrial, supermercadista y hotelería, son decenas las empresas que desde hace mucho tiempo han pasado a manos privadas. Entre las que han sido noticia se encuentran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio, que fue nacionalizada en 2010) donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes (una gran procesadora de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) se conoce que la maneja un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en el Estado de Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.
Pero es en el sector petrolero donde el camino de las privatizaciones tiene un avance constante desde hace ya varios años. El Gobierno ha otorgado a las empresas locales y extranjeras más control sobre los activos administrados en campos petroleros y plantas de compresión de gas. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas como PetroSinovensa y Petrozamora, por solo mencionar algunas.
Todo este curso entreguista y privatizador de Maduro es festejado por las transnacionales y todos los grupos económicos del país. A nivel local van desde los tradicionales sectores económicos como los que emergieron con el chavismo y los propios burócratas -funcionarios- del Estado, que con el concurso de testaferros participan del festín.
Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.
Enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. |
