“El que tiene plata hace lo que quiere”, dice un viejo refrán. La frase aplica para muchas cosas y es una de las formas en que el saber popular discrimina, groso modo, entre los sectores privilegiados y la gran mayoría del pueblo trabajador.
Este lunes se puede aplicar al presidente Alberto Fernández. También a su esposa Fabiola Yáñez. El mandatario logró que se acepte su oferta de $1.600.000 para cerrar la causa que se le sigue por la fiesta clandestina en Olivos, celebrada en el peor momento de la pandemia.
El Olivos Gate, como fue bautizado ampliamente, desnudó los privilegios de la casta política que dirige el Estado en función de los intereses del gran capital. Una celebración realizada en la Quinta presidencial mientras millones de personas no podían salir a trabajar por las restricciones o no podían, siquiera, ver a sus seres queridos.
Sin embargo, esto no fue lo único. Presionando para garantizar el aislamiento obligatorio, el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales empujaron un empoderamiento de las fuerzas represivas. Esto implicó un crecimiento de la violencia y la impunidad policial. Bajo el amparo que daba el discurso político oficial se multiplicaron los casos de abusos y violencia por parte de las distintas fuerzas.
Fue la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez la que decidió aceptar la propuesta del presidente. También lo hizo con la propuesta que había presentado Fabiola Yáñez, la esposa de Fernández y otra de las partícipes de la fiesta. En este caso, la cifra asciende a $ 1.400.000. La confirmación de esta decisión pasó ahora al juez Lino Mirabelli, quien debe decidir si homologa lo acordado o lo rechaza. Pero solo podría rechazar el acuerdo declarándolo ilegal o arbitrario.
Esta situación vuelve a evidenciar los privilegios de los que goza la casta política que administra el Estado capitalista. Es decir, las ventajas materiales de quienes funciona como parte del engranaje que sostiene la dominación social y económica del gran empresariado.
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