El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra las cifras de estos casos reconocidas por el Gobierno de México desde el 15 de marzo de 1964 cuando comenzó su conteo, hasta la fecha, superó las cien mil personas registradas. Entre lo más alarmante de esa cifra es que más del 80% de los casos han ocurrido en los últimos dieciséis años, a partir de que el gobierno del panista Felipe Calderón estallara la "guerra contra el narco" y el Ejército fuera desplegado en el territorio.
El incremento dramático de las cifras de desaparición y su distribución por el país fue representado gráficamente por Quinto Elemento Lab bajo la frase "La magnitud de la tragedia".
Citados por la agencia DW, integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México señalaron que aunque la cifra es grave, "es poco precisa pues, con base en nuestra experiencia hay una importante y diversa cantidad de casos no considerados dentro del registro". Por su parte, desde su cuenta de Twitter Madres buscadoras de México señaló: "No nos sorprende la versión oficial... Nosotras creemos que son muchísimos más".
Cien mil corazones rotos: Centro Prodh
Organizaciones de Derechos Humanos como el Centro Prodh se pronunciaron por memoria y justicia para las víctimas y familiares y lanzaron llamados para que el Gobierno de México atienda las recomendaciones emitidas por organismos internacionales en la materia.
A más de cuatro años de que entrara en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, este fenómeno no sólo no ha disminuido sino que se ha disparado. Mientras en el gobierno de Felipe Calderón el registro fue de 16, 897 personas desaparecidas y en el sexenio de Peña Nieto se registraron 35 mil 92, en lo que va de la administración de AMLO se cuentan 31 mil 271 personas desaparecidas.
El mismo Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda enumeró los pendientes para hacer efectiva esta Ley que no cuenta aún con un reglamento ni ha emitido los lineamientos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Algunas de las medidas con las que ha incumplido esta Ley es la creación de un registro de fosas comunes y clandestinas (tan solo en 2020 fueron halladas 559 fosas clandestinas en México según cifras del Gobierno Federal) y del registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas (más de 52 mil personas permanecen sin identificar en distintas dependencias educativas y forenses), así como un banco nacional forense. No existe además ningún enfoque que contemple a personas migrantes, mujeres, niñes y adolescentes.
La publicación de esta nueva cifra oficial de desapariciones en México ha traído consigo otras estadísticas. Una de ellas ubica a Jalisco (con 14 mil 871, Tamaulipas (con 11 mil 971), Estado de México (con 10 mil 966), Nuevo León (6 mil 222) y Veracruz (con 5 mil 736) en la lista de los estados en donde más desaparecen personas a nivel nacional.
Tras su visita a México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas detectó que de finales de noviembre de 2021 a mediados de abril de 2022 desaparecieron 3 mil 804 personas, un promedio de 28 al día y señaló el incremento de las desapariciones forzadas es facilitado por la impunidad "casi absoluta". Tras conocerse la actualización de las más de cien mil personas desaparecidas, la ONU insistió en señalar un "patrón de impunidad" en la cifra. Según datos del organismo, entre el 2% y el 6% de los casos de desaparición han resultado en procesos penales y apenas 36 han tenido alguna resolución a nivel nacional.
La publicación de estas cifras llega en medio de una disputa entre familiares de víctimas y el gobierno de la Ciudad de México, quien con Claudia Sheinbaum a la cabeza no dudó en retirar de la antigua Glorieta de la Palma fotos y mantas de desaparecidos y desaparecidas colocadas con el propósito de establecer en ese sitio un memorial.
Esta lucha y estas cifras son un recordatorio sobre los alcances y consecuencias de la política de militarización a la que el gobierno de Morena ha querido dar un nuevo rostro, con la creación de la Guardia Nacional y la cada vez mayor encomienda a las Fuerzas Armadas de asuntos de índole civil y público. Asimismo, recuerdan que la verdad y la justicia no vendrán sino de la organización independiente y masiva que arranque en las calles la creación y financiamiento de comisiones de investigación independientes del Estado; el juicio y castigo para los responsables de esta "guerra", así como otras medidas como el regreso a sus cuarteles y desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas. | 
