El pasado domingo la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) aprobó un nuevo Código Penal que sustituye la normativa que regía desde 1987. Según informó el gobierno de Miguel Díaz-Canel, el proyecto de ley se consultó con jueces, fiscales y otros profesionales y estuvo disponible en sitios web oficiales para recibir opiniones de la población. Evidentemente esta metodología del gobierno no implica una verdadera participación democrática de los trabajadores y los sectores populares de la isla. De esas consultas, el parlamento deicidio cuáles propuestas recoger y cuáles no atender.
Según la exposición de Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, el nuevo Código Penal extiende su aplicación a actos ilícitos en el espectro radioeléctrico, el derecho humanitario, las telecomunicaciones, medio ambiente y patrimonio natural por lo que lo calificó de "moderno e inclusivo".
En el nuevo Código, que empezará a regir en unos 3 meses cuando sea publicado en la Gaceta Oficial, las penalidades por “actividades subversivas” y “uso abusivo de derechos constitucionales” aumentan en varios años. Se trata de algunas de las figuras legales utilizadas para castigar supuestos delitos relacionados con la protesta social.
Asimismo, la edad punible se mantiene en 16 años y se incorporan nuevos delitos vinculados con la corrupción y a agentes económicos privados. También se legaliza de pleno derecho la reclusión domiciliaria, que si bien se venía ejecutando en los hechos, tenía varios vacíos legales que permitían actos de violación de derechos humanos.
En lo que respecta a la pena de muerte, se prevé para al menos 23 delitos (4 más que la norma de 1987) que se califican como de extrema gravedad, aunque por los costos políticos que representa este tipo de medidas el gobierno cubano no la aplica desde 2003.
Es evidente que esta reforma perfecciona los mecanismos punitivos y aumenta las penas que pueden ser aplicadas contra manifestantes que participen de acciones de protesta contra el gobierno. Esto se da después de las escandalosas y severas condenas aplicadas contra cientos de participantes de las movilizaciones del 11 de julio de 2021, que alcanzaron los 30 años de reclusión, en procesos plagados de irregularidades, con prisión preventiva a más de 800 personas, e incluyendo denuncias de torturas contra los enjuiciados. La reforma del Código penal constituye un nuevo salto en el carácter represivo del régimen de partido único.
El derecho penal cubano y sus implicaciones
En Cuba, bajo el régimen de partido único, las leyes y la acción de las fuerzas represivas fueron utilizadas por la burocracia gobernante -desde los años posteriores al triunfo de la revolución- para acallar toda disidencia, especialmente por izquierda y garantizar que se mantenga la opresión política.
Como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética, el mantenimiento del bloqueo estadounidense y la propia política de la burocracia gobernante, se desarrolló una profunda crisis económica y social en la isla, que recayó sobre las espaldas de las masas populares. En este contexto, se ha profundizado la utilización de las leyes y el Código Penal contra toda inconformidad ante la desigualdad social y las malas condiciones de vida, y para garantizar la opresión política que la burocracia requiere para mantener su dominación. Esto ha implicado una mayor persecución contra activistas, trabajadores y jóvenes que son críticos con el gobierno a la par que reivindican las conquistas de la revolución.
Ejemplo claro de esto fueron las manifestaciones del 11 julio de 2021 en distintos puntos de la isla, motorizadas por la denuncia de las malas condiciones de vida, contra la represión y por derechos democráticos (como los de expresión y manifestación) y por el gran ajuste económico contra el pueblo que significó la Tarea Ordenamiento. Que sectores de derecha procapitalistas y proimperialistas hayan pretendido luego montarse sobre ese estallido social, no altera la legitimidad de las protestas ni justifica la desmedida represión policial y las posteriores persecuciones, reclusiones, malos tratos y juicios sin las debidas garantías como denunciaron distintos sectores solidarios con la revolución. A pesar de que la Constitución cubana garantiza, al menos discursivamente, los derechos de manifestación como un derecho humano, la policía no tuvo empacho en detener alrededor de mil manifestantes. Aquí las normas jurídicas jugaron un papel fundamental pues trataron de legitimar el empleo de la fuerza contra los inconformes. Luego de ello, fueron enjuiciados y condenados cientos de manifestantes, en un intento de “ejemplificar” y amedrentar a la juventud y a la clase trabajadora para que no salga a manifestarse por sus derechos.
En ese mismo sentido se inscribe la aprobación de un Código Penal que endurece los castigos y mantiene medidas tan cuestionadas como la pena de muerte. La burocracia gobernante pretende afianzar sus mecanismos represivos para contener cualquier protesta social, en una sociedad cada vez más desgarrada a causa de las políticas que avanzan hacia la restauración capitalista y las carencias materiales, responsabilidad tanto del bloqueo imperialista como de la política aperturista del gobierno. Ante esto, es fundamental seguir denunciando la opresión política y la represión del gobierno de Díaz-Canel, y exigir la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos del 11 de Julio, así como el pleno derecho a expresión, movilización y organización para todos aquellos que defiendan las conquistas sociales que aún quedan de la revolución y enfrenten al imperialismo.
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