La Izquierda Diario accedió a la declaración testimonial de una profesional de la salud que trabajó durante años en el Escuadrón de Esquel. En 2017 la mujer escuchó a varios gendarmes comentar que, tras el operativo represivo del 1° de agosto en la Ruta 40, hubo un “detenido” que “se les fue”. ¿A qué jefes y subalternos mencionó? ¿Qué otros detalles contó ante el fiscal de la causa? Pese a no estar más Bullrich como ministra, afirma que la Gendarmería la sigue persiguiendo.

Como informó hace dos semanas este diario, un nuevo testimonio incorporado a la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado puede hacer girar la orientación del expediente que hasta el momento le dio Gustavo Lleral, juez federal de Rawson. Está por demás probado que el magistrado pretende quedar en la historia como quien le salvó el pellejo a la Gendarmería Nacional, a Patricia Bullrich y demás exfuncionarios de Cambiemos haciendo pasar los hechos de los que el joven fue víctima como un “accidente” producto de su inexperiencia para incursionar en las gélidas aguas del Río Chubut.

La llegada de una nueva testigo a la causa pone en aprietos a Lleral. Se trata de una profesional de la salud, con grado de “segundo comandante” de Gendarmería, quien hasta fines de 2021 y durante varios años cumplió tareas en los consultorios del Escuadrón 36 de la fuerza ubicado en la ciudad chubutense de Esquel. La mujer (cuyo nombre se preserva por respeto a las fuentes), pertenece a una familia de gendarmes de Chubut y desde hace meses decidió mudarse a otra provincia. A causa del “abandono de destino” (tras pedir una licencia no volvió a reportar en el escuadrón) la Gendarmería la puso “en disponibilidad”.

Desde su nuevo domicilio (a unos dos mil kilómetros de Esquel) tomó contacto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con organismos de derechos humanos como la APDH y con la familia de Santiago. A propuesta de Sergio Maldonado y su abogada Verónica Heredia, el fiscal federal de Esquel Federico Baquioni finalmente le tomó declaración testimonial el 18 de abril. Dos semanas después, el testimonio fue incorporado al expediente.

Tras conocer de primera mano el relato de la mujer, el hermano de Santiago comentó en programas de Radio Nacional y la Televisión Pública parte de los hechos por ella narrados. Con el testimonio incorporado al expediente (al que accedió este medio), nuevos detalles permiten sumar información, nombres, fechas y contextos. La Izquierda Diario pudo saber que algunos detalles de la testimonial no fueron volcados completamente al escrito. Pero la declaración fue filmada y grabada, además de realizarse en presencia de la doctora Heredia, por lo que la querella podrá exigir que se recurra a esos registros en caso de creerlo necesario.

De la propia declaración de la testigo surge que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla, estaba en contacto con ella desde, al menos, varias semanas antes que lo hiciera la familia Maldonado. Ella reconoce que, cuando decidió irse de Esquel en diciembre del año pasado, se convenció de que lo mejor era hacer la denuncia ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hoy es atendida por una psicóloga de la secretaría.

Ahora el testimonio ya está en el expediente y será el Poder Judicial el que deberá mostrar hasta dónde piensa investigar. De todos modos, el fiscal Baquioni solicitó al juez Lleral que haga “reserva” de la declaración hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el recurso de recusación del propio juez que presentó ya hace tiempo la familia Maldonado. Como se recordará, la querella busca un cambio de juez para que se investigue la hipótesis de desaparición forzada (desestimada por Lleral).

Qué dice la testigo

A lo largo del escrito de 15 páginas, la segunda comandante de Gendarmería menciona a varios uniformados del Escuadrón 36, desde el entonces jefe del destacamento Pablo Badié y su segundo Juan Pablo Escola hasta personal de enfermería que compartía tareas con ella.

Además de los comandantes Badié y Escola, son nombrados como protagonistas de hechos relevantes para la causa la esposa de éste último, Zulma Alegre, y los gendarmes Emmanuel Echazú, Felipe Dávila, Jorge Espejo, Magalí Bustos, Daniel Alegre, Félix Bobadilla, Bruno Cárcamo, Marcelo González, Martín Lozano, Esteban Sánchez, Yanina Saldaño, Mauricio Villares Rosales, Jorge Renaif, y otros de apellidos Ahumada, Ibáñez, Capandegui y Baglieri.

También mencionó a un miembro de la Policía Federal (del que no pudo o no quiso dar el nombre) que había llegado en agosto de 2017 a Esquel para “trabajar” en el caso y, en un encuentro circunstancial, le dio información sobre algunos de los movimientos realizados por el Ministerio de Seguridad que conducían Patricia Bullrich y su segundo Pablo Noceti.

Sobre lo que sabe respecto a la desaparición y muerte de Maldonado, la testigo reprodujo dichos que escuchó de boca de sus colegas en el consultorio y relató acciones sospechosas de varios de los nombrados. Naturalmente, no todos con los mismos grados de jerarquía, responsabilidad y protagonismo en las circunstancias narradas.

Por ejemplo, dijo que el 2 de agosto de 2017, al otro día del operativo represivo contra los miembros de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, asistieron al consultorio Dávila y Espejo. Que ambos gendarmes comentaban “que había un detenido” (al que caracterizaban como “hippie”), a quien habían apresado “en la zona del campo de Benetton”, donde “había una sección de Gendarmería”. Los hombres habrían dicho que el joven fue llevado allí porque en el lugar de la represión “había mucho alboroto” y “situaciones de violencia”.

La caja de Escola

Una de las partes más relevantes del relato refiere a Juan Pablo Escola, quien el 1° de agosto estuvo a cargo del operativo. Días después de la represión, mientras la familia y organismos de derechos humanos denunciaban la desaparición de Maldonado, el comandante fue al consultorio del escuadrón. Según la testigo, “llegó con teléfonos en la mano” y “le dijo que lo atendiera rápido” por una dolencia física. “Él recibía llamados donde lo felicitaban por el accionar que había llevado a cabo. En ese momento golpeó la puerta el Comandante Pablo Badié, quien le transmitió a Escola que salga de fisioterapia porque tenía un llamado especial del Director Nacional de Gendarmería. Escola a modo de broma le dijo que le interesaban más los llamados del Ministerio de Seguridad”.

Siempre según su relato, el lunes 7 de agosto a las 5 de la mañana Escola le tocó el timbre de la casa a la testigo y le pidió una “gauchada”, ya que se avecinaba un allanamiento “en el Barrio Militar y en el escuadrón”. El favor era que la mujer guardara en su casa una caja (tipo de zapatos). “Al preguntarle al comandante de qué se trataba, le dijo que se callara la boca, que ella sabía lo que tenía que hacer, que era una orden y que no preguntara”. La mujer, asustada, tras pedir consejos a un familiar decidió llevar la caja al escuadrón y esconderla en el consultorio. Una vez que la escondió, le contó la situación a una compañera enfermera.

Los allanamientos se hicieron entre los días 10 y 11 y estuvieron a cargo de la Policía Federal. Según el relato de la testigo, los federales no ingresaron a los consultorios, lo que para ella significó un alivio. Y si bien no quiso saber qué contenía la caja, relató que su compañera sí la abrió y vio que había “una pistola, celulares y un par de trapos”. Agregó que Escola, al enterarse que ella había fallado a la “gauchada”, mandó a su esposa al consultorio a retirar la caja. Luego, con la enfermera de testigo, le reprochó: “sos poco inteligente, ¿cómo se te ocurre traer la caja al Escuadrón habiendo un allanamiento? Esa caja hay que guardarla bajo siete llaves”.

¿Pistas de un crimen?

La mujer también afirmó ante el fiscal Baquioni que luego del allanamiento fue al consultorio el sargento Alegre, que “le transpiraban las manos y le temblaba la voz”. Éste le habría comentado “que se sentía mal, que vio cosas que nunca antes había visto, que tenía miedo y que no sabía con quién hablar”. Además le dijo que había material que no se llevaron (en el allanamiento) y que él “no sabía qué hacer con ese material”.

Durante esos días la testigo escuchó a muchos gendarmes que desfilaron por su consultorio, que “ya no iban a atenderse sino más bien a contar situaciones muy puntuales”. Por caso, Félix Bobadilla entre otras cosas le contó que “él tomaba toda la situación como algo normal, decía que toda la vida se había dedicado a situaciones así. Le manifestó que acababa de ordenar los paquetes que Escola le había dado, que eran todos tipos de prueba”.

Uno de los gendarmes, pareja de su compañera enfermera, habría comentado que “había recibido un radio encriptado que decía qué hacer con el cuerpo”. Y la propia enfermera le aseguró que, en una reunión de jefes, escuchó al comandante Pablo Badié decir que Escola “lo mató” (sin mencionar el nombre de la víctima).

Respecto a quién sería el supuesto autor material, la testigo afirma que el gendarme Marcelo González le dijo, mientras era atendido por una enfermedad, que en la sección “núcleo” del Escuadrón “se sabía quién le quitó la vida a Santiago Maldonado, que ‘Ahumadita’ se había mandado la cagada del siglo”. La confesión de González agregaba que quien había dado la orden fue Juan Pablo “Chuqui” Escola y que “Ahumada la había ejecutado”.

Si bien en la declaración testimonial no se transcribe el nombre de pila, podría tratarse del entonces cabo primero Andrés Alberto Ahumada, el mismo que el mediodía del 1° de agosto usó una de las Ford Ranger del operativo como ariete para traspasar violentamente la tranquera de la Pu Lof y perseguir a los jóvenes mapuche hasta la vera del río. Tal como informó en su momento La Izquierda Diario , durante esa arremetida ilegal Ahumada portaba una pistola Pietro Beretta FS 92, calibre 9 milímetros, cargada y lista para usar. Vale decir que si bien en el cuerpo de Santiago, hallado el 17 de octubre, no había heridas de bala, el juez Lleral nunca se ocupó de determinar si “Ahumadita” disparó su pistola o no.

El mismo gendarme que mencionó a Ahumada le confirmó a la testigo “que había un puesto de Gendarmería Nacional en la estancia Benetton y que a Santiago Maldonado lo tenían ahí”. Al respecto, la mujer dijo que, “cuando hilvanaba los testimonios, daban a entender que habían detenido a una persona, que la tenían en la estancia de Benetton y que se lo tenía detenido para sacarle información sobre sus compañeros”. Pero que “se les había ido la mano”. Así, con el correr de los días sus interlocutores pasaron de hablar de “un detenido” a “un muerto”.

Represalias, migración y quiebre

La testigo relató el proceso que le tocó vivir desde aquellos meses agitados de 2017. Cuenta que un día fue al consultorio el gendarme Jorge Renaif, que tenía estrecha relación con los jefes, a decirle que “estaban preparando algo para ella”, que “la estaban nombrando como que era la zurdita” y que ya estaba “en situación de amenaza” porque era una testigo clave. “Estás sabiendo mucho, te tenemos que cerrar la boca, cuidate”, le habría dicho Renaif.

A mediados de octubre, coincidentemente con la aparición del cuerpo de Maldonado, ella empezó a ver gendarmes rondando por su domicilio al tiempo que el comandante Escola la visitaba en su puesto más asiduamente que antes. Y asegura que un primer alférez “era enviado por el comandante Pablo Badié para que anotara todos los nombres de los que iban y venían de su consultorio”.

La testigo quiso dejar en claro en su declaración testimonial que “todo lo que relató fue lo que ella vivió durante los últimos cuatro años, que fue lo que la llevó a radicarse en su domicilio actual y a encontrarse en situación de disponibilidad dentro de Gendarmería Nacional”. Afirmó que fue víctima de “persecución” por parte de los jefes Escola, Badie y su sucesor Cueto, quien había dado la orden de vigilarla, intentar impedir que hablara e incluso que saliera de Esquel.

En 2019 la mujer pidió el “pase de destino”, es decir un traslado a otro escuadrón. Pero se lo denegaron. Entonces empezó a planificar su deserción, hasta que en diciembre de 2021 se fue con parte de su familia para no volver. Desde lejos pidió una licencia de treinta días. Terminada ésta, pidió una licencia especial. Las cartas estaban echadas, por eso decidió denunciar a sus perseguidores ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acusándolos de “violencia institucional”. Hasta el momento, la Secretaría de Derechos Humanos no informó nada respecto a la testigo, aunque sí le provee asistencia psicológica.

La mujer no dijo si desde la cartera que conduce Martín Soria se comunicaron con la que maneja Aníbal Fernández. Pero sí afirmó que desde el Ministerio de Seguridad enviaron a un emisario de Gendarmería a hablar con ella para ofrecerle rever el tema del “pase de destino” al tiempo que se negaban a escuchar su relato de todo lo vivido. “Cuando quería contar toda la situación no me dejaban y me decían que espere a que la superioridad decida”, relata en su declaración.

Otro dato que agrega es que hace meses intenta poder hablar con la máxima jerarquía de la Gendarmería pero no lo logra. En enero viajó a Buenos Aires, pero le rechazaron una audiencia con el director de Derechos Humanos. Luego “tramitó un expediente para hablar con el Director Nacional de Gendarmería”, el comandante general Andrés Severino, pero “al día de la declaración no le había contestado”. Y “después de eso la mandaron a disponibilidad por orden del Jefe actual del Escuadrón 36 Esquel”.

Si todo lo que cuenta la testigo es cierto, su decisión de declararlo en sede judicial responde claramente a la búsqueda de protección a su integridad y la de su familia. Pero más allá de sus motivaciones particulares, sus palabras contienen información que inexorablemente el Poder Judicial debe chequear, confirmar y actuar en consecuencia. Lo que no es posible a esta altura es que este testimonio no se tome en serio.

Tiempo de espera

Tras tomarle la declaración a la testigo, el fiscal Baquioni abrió un nuevo expediente (separado de la causa madre del caso Maldonado) para determinar “la posible comisión de delitos contra el correcto funcionamiento de la Administración Pública por parte de integrantes de Gendarmería Nacional relativos a una potencial persecución institucional, requiriendo diversas medidas de pruebas tendientes a determinar la veracidad” del relato de la mujer.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal decidió adoptar nuevas medidas de protección para ella, dando intervención al Programa Nacional de Protección de Testigos y a la Dirección de Protección de Testigos de la policía de la provincia donde vive actualmente.

Como se dijo más arriba, el fiscal también le pidió al juez Lleral que “reserve la presente testimonial” y “notifique a las querellas su contenido” hasta que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva su recusación”, pedida por la querella desde hace más de dos años.

Mientras la familia Maldonado espera que el Estado argentino dé respuestas concretas sobre qué pasó con Santiago, cómo pasó y quiénes son los responsables materiales, intelectuales y políticos; con la nueva testigo surgida desde el riñón de la Gendarmería se abren más y más preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto de lo que contó la mujer ya se sabía desde el principio en los despachos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, tanto de la administración de Cambiemos como de la del Frente de Todos? Y también, ¿qué información tiene en su poder sobre el caso Maldonado la actual conducción de la Gendarmería que responde a Aníbal Fernández?