Desde hacía cuatro años Marcos se encontraba “internado” en el “área de seguridad” del Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís de la capital correntina. En rigor, estaba detenido por una causa tramitada en el fuero civil (no penal) del Poder Judicial, que el 1° de abril finalmente ordenó su externación. Pero el Servicio Penitenciario logró postergar su libertad sacando de sus sucios cajones una causa contra él, prescripta en 2017. Cinco días después de esa orden de externación, el colchón de su celda se prendió fuego y él recibió quemaduras letales.
El 1° de abril el Juzgado Civil N° 13 dispuso su externación para continuar su tratamiento de forma ambulatoria y bajo los cuidados y supervisión de su madre, quien junto al resto de su familia no dejaron de estar en contacto telefónico con él ni un sólo día. Mientras se realizaban los trámites para su salida, le informaron a su madre que Marcos no saldría por contar con una causa por supuestos “daños a los bienes del Estado” -se lo acusó de romper una cámara de seguridad- con fecha de mayo de 2017, la cual habría prescripto.
Como había aparecido este “antecedente”, Marcos fue traslado a una celda de contención del Área de Seguridad del hospital hasta tanto se realizaran las averiguaciones del caso. “Hasta el día 4 se comunicó con mi mamá, conmigo y con mi otra hermana. Estaba muy contento porque llegaba el día 5 y ya iba a estar libre”, relató Yanina a este medio.
Lo que iba a ser un reencuentro familiar lleno de alegría, se desvaneció con una llamada del Servicio Penitenciario. “A las 8:30 de la mañana nos llamaron y nos dijeron que hubo un incendio, que se prendió fuego el colchón y que fuéramos al hospital Vidal a ver a Marcos, que estaba con lesiones leves. Mi mamá fue y el médico le dijo que Marcos estaba grave, tenía el 70 % del cuerpo quemado”.
Según lo informado en el acta (al que este medio tuvo acceso) a las 2.50 de la mañana del día 5 de abril, el sargento Marcelo Ruiz Díaz, encargado de la guardia de prevención, vio el colchón prendido fuego en la celda 1 del sector de contención donde se encontraba López. Llegó personal con extintores de polvo y apagaron el siniestro, “ocasionado por el interno de marras” según lo descrito en el informe.
Una vez controlado el fuego, los oficiales penitenciarios abrieron la celda y trasladaron a Marcos a la Enfermería donde la médica de turno, Raquel Alfonzo constató, al momento del exámen, quemaduras en rostro, tronco, miembros superiores e inferiores, con dificultad respiratoria; por lo que indicó su traslado al Hospital Vidal, dada la gravedad de la situación.
Ese mismo día, a la tarde, le informaron a la mamá de Marcos, que ya quedaba libre y podía irse a su casa. El 6 de abril a la 1:15 de la madrugada, Marcos falleció en el hospital.
Yanina responsabiliza al Estado por las condiciones inhumanas que terminaron con la vida de su hermano, pero que padecen todas las personas alojadas en las unidades penitenciarias a lo largo del país y que todos los gobiernos han dejado pasar.
“Hay responsabilidad estatal en la carencia de colchones ignífugos y efectivos elementos de control de fuego (extintores, manoplas, etc.). Nosotros no creemos que él prendió el fuego. Estaba muy contento porque ya salía. Todo es muy oscuro. Nadie abrió la celda, a Marcos lo sacaron con el 70 % del cuerpo quemado. Los penitenciarios que estuvieron ese día siguen trabajando como si nada hubiera pasado, ni suspendidos están. Él tenía que estar en casa con nosotros, no en un cajón. Por eso exigimos esclarecimiento y castigo a los responsables de todos estos graves hechos”.
En una columna de este diario escrita hace algunos meses por la médica forense Virginia Créimer, la especialista en casos de violencia del Estado afirmaba que es “dramático” ver el accionar policial y penitenciario frente a personas vulnerables (por ejemplo, ante casos de consumo problemático de sustancias), que “se repite una y otra vez, con una violencia inusitada y paradójica, en definitiva aleccionadora, desatando como resultado la muerte de quien debería ser asistide por el sistema de salud”.
Allí Creímer agregaba que “son las familias las que tienen que luchar con el dolor de la pérdida, con la aporofobia de la gente, con la criminalización de la pobreza y el arrasamiento de los grupos vulnerables frente a un Estado cómplice por acción u omisión”. El caso de Marcos López un nuevo ejemplo de ese panorama donde el Estado, de punta a punta, es el responsable.
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