Pablo González debería haber quedado en libertad, y sin cargos, el próximo 29 de mayo, pero la Justicia polaca, responsable de la investigación, ha decidido prolongar durante tres meses más la prisión provisional.

Fue la semana pasada cuando la Fiscalía polaca realizó la petición de extensión de la prisión provisional, que ha sido aprobada en audiencia este 25 de mayo. La defensa, por su parte, ya ha informado que en un máximo de siete días apelarán esta decisión. Bartosz Rogala, el abogado de Pablo González, ha señalado que aún no ha podido ver nueva documentación del caso, ya que la Fiscalía no le ha permitido tener acceso a estos informes.

Como se anunció en su momento, en la fecha de su detención, alargar en el tiempo la prisión provisional podría incluso ser una vulneración de hasta 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Recordemos que En la madrugada del 28 de febrero agentes de los servicios de seguridad polacos detuvieron al periodista freelance Pablo González en el hotel donde se alojaba, en la localidad polaca de Rzeszow, cerca de la frontera con Ucrania, mientras cubría la llegada de personas refugiadas de la guerra.

Desde ese momento, la acusación que cae sobre González es la de espionaje. Una acusación que no tiene ningún fundamento, como señalan sus abogados, pero por la que podría recibir hasta 10 años de prisión. El Estado polaco se agarra a las raíces y conexiones personales que tiene Pablo González con Rusia, ya que su abuelo fue uno de los “niños de la República” evacuados a la URSS y su padre, Alexei E. Rubstov, tiene nacionalidad rusa. El propio periodista nació en Moscú en 1982 con el nombre de Pavel Rubtsov, pero ya de niño se trasladó con su madre a Barcelona.

A pesar de estar frente a un claro atropello de la libertad de información, el Gobierno de Pedro Sánchez, aliado de Polonia en su política imperialista, no ha cuestionado en ningún momento las acciones del gobierno polaco.

Un intento claro de censura política y periodística. Hay que tener en cuenta que Pablo González ya había cubierto la revuelta del Euromaidan en 2014 y la posterior guerra en el Donbáss, haciendo crónicas que cuestionaban el punto de vista oficial del actual gobierno ucraniano. Por esta actividad periodística ya habría sido inscrito en 2016 en una ’lista negra’ de políticos, periodistas y activistas españoles que se consideraba favorables al discurso del Kremlin, según habría revelado una filtración, tal y como comenta su abogado Gonzalo Boye. Ahora en una nueva escalada del conflicto es detenido e incomunicado.

Ante este claro ataque a la libertad de prensa, nos solidarizamos Pablo González y seguimos exigiendo su inmediata liberación, así como el fin de toda censura a cualquier medio de comunicación.