Los conductores de diversos transportes de servicio público bloquearon al menos ocho puntos clave de la Ciudad de México, exigiendo un aumento a la tarifa del pasaje, la cual reclaman sea similar a la del Estado de México. El Frente Amplio de Transportistas argumentan que demandan este aumento producto del incremento de la inflación y los precios del combustible pues el ingreso que perciben no es fijo.
En tanto, el gobierno de la CDMX negó el alza de la tarifa del pasaje y sostuvo que se respetará el derecho a manifestarse sin que se “afecte a la ciudadanía.”
La política que beneficia a las grandes fortunas
A partir del año del pasado la inflación en el país ha crecido de manera exponencial con cifras no vistas desde hace 20 años, siendo México el top 10 de países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor inflación en los alimentos, la cual, afecta principalmente a las familias trabajadoras y populares, pues con los salarios raquíticos y precarizados no alcanza para cubrir estos productos.
El alza de los precios deriva de la pandemia por COVID-19 pero también por la especulación que ejercen los empresarios con los productos destinados a la población. Sin embargo, la respuesta del gobierno no es un control en los precios, sino el impulso de una canasta básica con precios justos, argumentando que no impondrá nada a los grandes empresarios.
Por otra parte, aunque la reforma energética impulsada por el ejecutivo de la 4T pone en cuestión algunos aspectos de la reforma de 2013 impulsada por Peña Nieto, esto no significa que haya soberanía energética o que termine con la participación de capital extranjero. Por ejemplo, el gas natural es el combustible más consumido en México; de acuerdo con la Secretaría de Energía la importación de éste ha incrementado 30 veces en el periodo de 1998 a 2021, el cual proviene principalmente de Estados Unidos. Por lo tanto, esta dependencia comercial genera el incremento en el alza de los precios de combustible pues el poder de mercado de las empresas les permite cobrar precios demasiado altos, los cuales se ven reflejados en la venta de las mercancías.
Ante este contexto, la salida de los transportistas no debe venir de la exigencia del incremento del pasaje, dado que la situación de precariedad en sus salarios no se verá resuelta, además este incremento afectará aún más el bolsillo de las familias pobres y trabajadoras de la ciudad. Por ello, el transporte debe estar en manos de sus trabajadores y debe ser nacionalizado para no estar a cargo de las empresas privadas cuyas concesiones les otorga el gobierno.
El aumento salarial debe venir de impuestos progresivos a las grandes fortunas, empezando con los consorcios que se enriquecieron con las concesiones al transporte y que, como grupo Carso, han causado desastres como el de la Línea 12. Esta medida podría incluso reducir el costo del pasaje de las redes de transporte (camiones, metro, metrobús, tren ligero, suburbano, cablebús, etc.) sin afectar el salario de los choferes.
Los transportistas deben demandar su basificación con derechos laborales como el acceso a la salud, jornadas laborales reducidas mediante una escala móvil de horas de trabajo y un salario ajustado a la inflación y que cubra la canasta básica, además de luchar por un sindicato que este a cargo de sus trabajadores con representantes rotativos y revocables en cualquier momento como medida para evitar la perpetuación de charros que no representan los intereses de las bases trabajadoras. | 
