Al inicio de la jornada, según diversos diarios, al menos 6 provincias permanecían bloqueadas. La movilización viene con una demanda en contra de las medidas neoliberales que el presidente Guillermo Lasso ha implementado dentro del tiempo que lleva de gobierno, siguiendo una línea similar a la del gobierno pasado de Lenin Moreno, donde una postura y anti popular se vio tanto en las medidas y políticas implementadas y los actos de represión en las manifestaciones realizadas.
Se ha presentado un listado de razones por las cuales se hace el llamado para pararle la mano al gobierno que con sus medidas siguen atentando contra la clase trabajadora y campesinos Medidas que incluyen las políticas extractivistas que lleva adelante el agropower, destrozando el ecosistema.
Por esto entre los puntos más destacados de la movilización se encuentran: 1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles, 2. Moratoria de 1 año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas, 3. Precios justos en los productos del campo, 4. Empleo y derechos laborales, 5. No a la minería en territorios indígenas ni fuentes de agua, 6. Respeto a los 21 derechos colectivos, 7. No a la privatización de los sectores estratégicos, 8. Políticas de control y contra la especulación de precios, 9. Presupuesto urgente para salud y educación, entre otras.
FMI, injerencia, neoliberalismo y sometimiento al capital
El gobierno de Guillermo Lasso ha demostrado estar a favor y buscar la aceptación del Fondo Monetario Internacional, representando esto para el país una entrega y ejecutando planes económicos en pro de los empresarios que afectan directamente al pueblo trabajador e indígena
Recordemos que el préstamo que empezó el gobierno anterior de Lenin Moreno, donde se buscó la venia e implementaron las directrices del FMI tuvo como respuesta las grandes movilizaciones de octubre del 2019. Esta vez, frente a los nuevos ataques de la mano del FMI que aplica Lasso, se vuelve a las calles.
Ni bien fue anunciada la medida, Lasso amenazó con el uso de la fuerza represiva, “advirtiendo” que el gobierno no permitirá el cierre de carreteras, ni la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público. “Acciones que están prohibidas por la Constitución y las leyes”, dijo Lasso en tono prepotente y amenazante.
Leonidas Iza, dirigente de la CONAIE, ha recordado que se han dado tres acercamientos con el Gobierno, pero que “no se han puesto en marcha las propuestas”. Ahora estando al frente de la organización y llamado de las movilizaciones ha expresado su posición, declarando: “No podemos, en este momento, aceptar como una cuestión normal que el presidente de la Republica siga diciendo sí a todo lo que impone el Fondo Monetario Internacional… porque el presidente o está con el pueblo o si es que va con el Fondo Monetario Internacional este pueblo levantado de pie no va a permitir esta imposición”.
Pero lo cierto es que él y los demás sectores dirigentes de la CONAIE dieron un compás de espera, mientras Lasso no daba un paso atrás en sus medidas.
Una de las imposiciones del FMI es la liberación del precio de la gasolina, para alcanzar valores internacionales del mercado. Contra el aumento de la gasolina es uno de los reclamos y exigencias que tiene la movilización, ya que ha alcanzado precios nunca antes vistos en el país, pasando de $2,75 en el 2021 a $4,86 en junio de este año 2022. Esto ha afectado directamente a las familias trabajadoras y del pueblo pobre que, para aquellos que tienen algún medio de movilidad han buscado diferentes formas de poder sobrellevar el costo, pero que también conlleva un aumento escalonado de los precios de primera necesidad.
Con argumento de la crisis carcelaria y la delincuencia votan leyes para el uso extensivo de la fuerza represiva contra la protesta
Además de la crisis económica, el país que se encuentra en una crisis social, donde, por ejemplo, en menos de 16 meses, seis masacres carcelarias han dejado al menos 372 personas presas asesinadas en el país, aunque las organizaciones sociales sitúan en 500 aquel balance de muertes violentas. Cárceles que son verdaderos asideros humanos donde no se respetan los más elementales derechos humanos. El Estado es responsable de todas estas masacres.
Pero además de aplicar severos planes económicos que aumentan la miseria, ahora con el argumento de la inseguridad votan más leyes represivas. Así se presentó, nuevamente, la ley de “uso progresivo de la fuerza” en la Asamblea nacional (parlamento) y es aprobada con un número de 104 votos a favor, entre oficialismo y oposición. Los asambleístas justificaron la votación a favor por la delincuencia, sin embargo, y en el fondo, con el argumento de combatir la inseguridad en esta ley incluyen artículos para que los órganos represivos del Estado, como la policía y las FFAA, violenten elementales libertades democráticas y facilitan una mayor represión contra la población que vulnera el elemental derecho a la protesta social.
Es que tanto el gobierno como los partidos de oposición patronal, buscan ocultar el verdadero origen de la inseguridad: la enorme desigualdad social y la miseria generada por este sistema capitalista de explotación. Aplican medidas económicas y paquetazos contra el pueblo que lo hunden cada vez más en la pobreza, todo para mantener las grandes ganancias de los capitalistas. Por eso es que es este sistema putrefacto, de grosera concentración de las riquezas en un polo ultra minoritario de la población y grandes necesidades en el otro extremo, el causante del robo y el “delito” en los sectores más pobres, que son empujados cada vez más a la miseria.
La criminalización de la protesta social y la pobreza con estas medidas que votan en la Asamblea Nacional, además de desviar la atención de las grandes organizaciones criminales (imbricadas con los políticos burgueses, las policías, etc.) cumple un papel importante en el control y disciplinamiento de los los sectores más pobres de la clase obrera para imponer las condiciones de precarización laboral.
La pretensión de combatir el crimen fortaleciendo las fuerzas represivas, no hace más que alimentar el asesinato vil llevado a cabo por los órganos policiales y las propias mafias policiales que son las principales fuentes de delito.
Nuevamente la movilización y apoyo de los trabajadores y el pueblo pobre
En Ecuador la lucha y resistencia ante las políticas neoliberales que han sido implementadas por el último y el actual gobierno se hacen presente nuevamente, cuando en el país se vive una crisis económica que está afectando a la clase trabajadora sin posibilidad de completar una canasta básica. A esto se suma la crisis social que impera en todos lados.
Como dijimos, ya en 2019 estallaron grandes movilizaciones. Trabajadores de las ciudades, campesinos e indígenas confluyeron en las calles contra las medidas ordenadas por el FMI que ya en ese momento ocasionaron aumentos de la energía y alimentos. El 9 de octubre de ese año, una huelga general atravesaba el país y ponía en vilo a Lenin Moreno, que acudió a una salvaje represión para frenar la ola de protestas. Enormes movilizaciones que empalmaban con las que realizaban las mayorías populares de Colombia o la rebelión popular en Chile.
Luego de lo peor de la pandemia, en 2021 volvieron las protestas a Ecuador, contra las pésimas condiciones de vida de las amplias mayorías y en particular el aumento de combustible, frente a un país que tiene al Fondo Monetario monitoreando las cuentas: un verdadero pacto de coloniaje, como también denuncian en Argentina por el acuerdo para el pago de la deuda externa.
En esas oportunidades fueron los sindicatos de trabajadores, la CONAIE, así como otras organizaciones quienes llamaron a movilizar, pero no tuvieron la política de darle a esta acción una verdadera continuidad, organizando asambleas donde sean los trabajadores y trabajadoras, campesinas y campesinos quienes decidan un plan de lucha para derrotar las medidas neoliberales, haciendo uso de sus propios métodos, como la huelga general.
Lo que resalta es la voluntad de lucha del pueblo pobre y trabajador ecuatoriano. La organización y movilización independiente, es el camino para derrotar esos planes ordenados por el FMI.
Para los trabajadores, los pueblos originarios, sectores populares y la juventud se trata de que ante tanta historia de saqueo y entrega, es necesario cambiar el rumbo: junto a las peleas urgentes del presente ante los golpes de la crisis, es cada vez más necesario poner en discusión que las riquezas naturales, las capacidades humanas y los grandes avances tecnológicos nunca podrán estar puestos en beneficio de las mayorías bajo este sistema social. | 
