El movimiento indígena, centralmente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) convocó una jornada de protestas el lunes: la liberación del precio del combustible fue el emergente mayor, un aumento exponencial en un país productor de petróleo, que se siente de inmediato en lo vital para las y los trabajadores y los sectores populares, alimentos y transporte. Las comunidades indígenas vienen enfrentando, además, las consecuencias de una política extractivista que entrega sus territorios a concesiones mineras.
El gobierno de Lasso venía en el último tiempo intentando proyectar una apariencia de figura “democrática” y “dispuesta a escuchar” los reclamos en mesas de diálogo, la CONAIE le otorgó un importante tiempo de espera, pese a que Lasso no había retrocedido un ápice en sus planes.
Frente a los anuncios de movilización, reaccionó de inmediato, acusando al movimiento indígena de intento de desestabilización y de cometer “actos terroristas”, como consecuencia, fue detenido el dirigente Leonidas Iza en mitad de la madrugada, en un auto no identificado y pasaron varias horas hasta que se conociera su traslado a otra ciudad, todo esto para intentar desmovilizar la convocatoria. Iza fue liberado en la madrugada del miércoles, pero el Poder Judicial le abrió una causa y lo someterá a juicio, que tendrá lugar el 4 de julio.
La continuidad de la política de Lenin Moreno y un octubre latente
El malestar en Ecuador no es coyuntural, es un malestar profundo, que enfrenta no solo al gobierno, sino al conjunto del poder político y económico del país, al recuerdo latente de las jornadas de octubre de 2019, que pusieron contra las cuerdas al antipopular Lenin Moreno y limitaron los planes de ajuste del FMI. Lasso manifestó que no permitiría que este paro adquiera las dimensiones de un nuevo estallido social, pero ¿qué fue lo que generó esta nueva respuesta en las calles?, acá va un breve recuento en el aniversario de su gestión.
Después de dos años de pandemia; su campaña de vacunación fue promocionada como una de las “más exitosas” de América Latina, pero no fue suficiente para tapar el sol con la mano, en Ecuador, un trabajador o trabajadora promedio cobra “con suerte”, un salario mínimo vital de 425 dólares, mientras la canasta familiar llega a 728 dólares, Lasso había prometido un aumento de 100 dólares a los salarios pos pandemia, pero no llegó a aclarar que lo dividiría en cuotas a lo largo de su mandato, por eso el aumento en realidad fue solo de 25 dólares este año.
Las y los trabajadores venían durante la pandemia, del sometimiento a un régimen laboral de abierto ataque a los derechos, con la Ley de Apoyo Humanitario impulsada por el gobierno de Moreno, las patronales podían modificar las jornadas de trabajo, establecer reducciones salariales, dejar de pagar aportes o despedir sin ningún impedimento. La iniciativa de Lasso en esta materia, fue hacer una especie de "copy-paste" de la ley y adaptarla al mundo pospandémico bajo el nombre del proyecto “Creando Oportunidades”, donde básicamente propone un régimen laboral alternativo, donde las partes en “común acuerdo” pueden modificar las condiciones de trabajo (como si el empresario y lxs trabajadores tuvieran una relación de iguales).
Así se disfraza de “pleno empleo” la precarización laboral, en un país donde las condiciones de trabajo, el ataque al salario y la pérdida de derechos laborales, constituyen hoy preocupaciones centrales.
Lasso prometió transformar la pobreza en microemprendimientos, con créditos, endeudamiento y la clásica apelación neoliberal del esfuerzo individual, pero no solo se mantiene la pobreza, sino que la imagen del banquero “que se hizo de abajo”, quedó más desacreditada después del escándalo de los Pandora Papers que lo involucraron con paraísos fiscales.
Despidos a trabajadores de la salud, ajustes en educación, un plan privatizador de los recursos energéticos, la represión al movimiento de mujeres en pleno 8M, la oposición a legalizar el aborto en casos de violación (¡) el aumento del costo de vida, y una enorme crisis en el sistema carcelario, donde el hacinamiento, las condiciones degradantes y la violencia dejaron más de 300 presos muertos en un año, sumado al emergente de grupos ligados al sicariato que actúan en las principales ciudades del país y que han servido al gobierno para emprender una política de militarización, estados de excepción, y criminalización de la protesta, son parte del conjunto de elementos que hacen que Lasso tenga hoy una mala imagen del 69%, pero no se trata solo de su gobierno.
Un cuestionamiento al país del FMI
La rebelión de 2019 tenía planteado de fondo un cuestionamiento al modelo de país, el ajuste que necesita el Fondo no encuentra vía libre para ser aplicado sin contradicciones, (aunque la pandemia le haya dado un respiro) ese malestar profundo sigue presente en el país actual.
La UNES (Unión por la Esperanza) un bloque constituido centralmente por el Movimiento Centro Democrático y el Movimiento Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa, se presenta como la mayor fuerza opositora, pero en los hechos le garantiza la gobernabilidad a CREO, haciendo alianzas en la Asamblea Constituyente, donde el gobierno tiene una escasa minoría, pero por sobre todo y a pesar (en el caso de Revolución Ciudadana) de ser una fuerza que concentra apoyo de una parte importante de la población, se mantuvo en la completa inacción frente al ajuste de un gobierno que señalaba como el representante de la banca y una continuidad del morenismo, demostrando que no son alternativa.
Para redoblar la movilización y que confluyan junto al movimiento indígena, las organizaciones de trabajadores, estudiantiles y sindicatos, hace falta la organización en asambleas donde se pueda discutir un plan de lucha para pararle la mano al ajuste de Lasso y por la libertad inmediata de los presos políticos.
La organización independiente de los trabajadores y los sectores populares, con un programa que unifique sus demandas, contra el ajuste del FMI, los tarifazos, la precarización laboral, el extractivismo y que centralmente ponga en cuestión la propiedad de los recursos estratégicos, es la que podría lograr una salida de fondo para las demandas estructurales y la conquista de todas las demandas. |
