Históricamente, el acceso de las clases trabajadoras a la enseñanza en el Estado español fue más bajo que el de los países de su entorno. En 1931 el número de personas con la educación secundaria completada era la mitad que el de miembros del clero. Es precisamente esa fecha cuando comienza a plantearse en la II República la implantación formal de la escuela gratuita y de la obligatoriedad de la enseñanza primaria, la categorización de docentes como funcionarios, la libertad de cátedra y de la laicidad de la enseñanza, apareciendo en su Constitución.

Las burguesías que apoyan la república como un proyecto "modernizador" optan por la ampliación del sistema educativo como garantía para unos cambios económicos que requerían mayor formación. También, un mayor acceso a la educación para las clases populares era una concesión ante una fuerte situación de lucha de clases y una forma de controlar la formación de las clases populares frente a la influencia de las organizaciones obreras que trataban de impulsar la educación para la clase obrera que el estado no proveía.

En cuanto a la normativa educativa que se aprobó en estos años, destacaban los cambios respecto a la regulación del bilingüismo, permitiendo que en las escuelas primarias se enseñase en lengua materna diferente al castellano; se suprimió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, se reforzó la formación de los docentes y se reguló la inspección en la primera y segunda enseñanza.

Sin embargo, tanto en el Bienio Negro de 1933 como, sobre todo, en el franquismo, la educación se convirtió en un vehículo transmisor de su ideología, por lo que proliferan decretos y órdenes ministeriales con una sola idea: la educación debe ser católica y patriótica.

El sistema educativo franquista se definió como autoritario y nacional-católico convirtiéndose la escuela pública en subsidiaria de los colegios de la iglesia. Ni qué decir que esta educación era sexista y segregadora, puesto que volvió a separar los colegios por sexos y se impartía una formación diferenciada (con este fin se creó la Sección Femenina). A pesar de ello, durante la posguerra el número de alumnos (y sobre todo de alumnas) en todas las etapas educativas descendió, al bajar los salarios e imponerse el trabajo infantil para subsistir.

A pesar de que el Estado necesitaba de una instrucción pública para especializar a los trabajadores, era una educación clasista ya que había un sistema educativo para clases altas (cuyos hijos llegaría a la universidad) y otro para las clases menos favorecidas que no pasaba de la enseñanza primaria. En este marco, como decíamos, la educación se caracteriza por ser ultranacionalista y dogmática. Con la intención de aplastar más a un movimiento obrero vinculado a la formación y la ideología, se llevaron auténticas purgas en el sector educativo para acabar con todos los docentes «rojos»; purga que afectó a más de un tercio de los trabajadores de educación.

Tras la muerte de Franco en 1975, la educación española queda regulada por la Constitución de 1978, art. 27, marcando los principios generales de toda la legislación educativa, introduciendo grandes diferencias de enfoque y ciertas modificaciones parciales. Aun con todo, la perspectiva de una educación pública, gratuita y de calidad quedaba lejos. Durante finales de los 70 y los 80 se sucedieron fuertes huelgas en el sector educativo, todas ellas como respuesta a las políticas educativas de los sucesivos gobiernos de la Transición. Los trabajadores perseguían huir del encorsetamiento franquista, pero no estaban dispuestos a caer en el liberalismo del capital. Levantaban huelgas indefinidas para luchar por una educación universal por y para los hijos de los trabajadores.

¿Qué truncó su éxito? En lo más inmediato y a nivel de calle, una burocracia sindical de CCOO y UGT que, recién salida de la clandestinidad, asimilaba el nuevo orden liberal y se ponía al servicio de los grandes capitales antes que de los trabajadores y estudiantes. Esto iba más allá de CCOO y UGT, alcanzando al PCE y el PSOE también al ser parte de los Pactos de la Moncloa que inauguraban un nuevo régimen del 78 al gusto y continuidad de los antiguos franquistas. Y esto no ocurría sólo con los trabajadores, también el estudiante sufría la incipiente cúpula sindical y estudiantil, con el Sindicato de Estudiantes diluyendo entre pactos las movilizaciones del curso 86-87.

Curso 86/87: Y la juventud tomó las calles

Pero la auténtica traición sería a manos del PSOE. Tras su llegada al poder en 1982, aprobó las leyes orgánicas básicas que, junto a la constitución, regulan el sistema educativo español. Las más importantes eran la Ley de Reforma Universitaria, que introduciría a las empresas en la universidad y reforzaba el férreo control de las castas docentes sobre el resto de la comunidad universitaria; y la Ley Reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). De igual manera, aprobaron las leyes para favorecer la contratación a partir de oposiciones, los primeros pasos para la temporalidad en el sector público.

En la LODE de 1985 apareció por primera vez el concierto educativo, es decir, centros privados subvencionados por el Estado y pago de sueldos a los docentes, integrándolos en la red pública. Realmente se comenzó concertando aulas para universalizar y alargar la enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años, para poder garantizar la escolarización a toda la generación del Baby Boom (de 1957 a 1977) debido los pocos fondos de los que disponía. La realidad fue una pésima organización, un nulo interés por la construcción de escuelas públicas, favorecer a empresas privadas y a la Iglesia, ya que muchos centros concertados eran y siguen siendo religiosos.

Así es como la mercantilización de la educación pública y universal española comenzó siendo un nicho de mercado en expansión. Pese a que Felipe González llegó a decir en un discurso en Hospitalet de Llobregat, en el año 2000, que la escuela concertada fue uno de sus mayores errores, lo cierto es que ni en sus doce años de mandato, ni en los posteriores del PSOE, Jose Luis Rodríguez Zapatero (LOE, 2006) y ni en el actual de Pedro Sánchez (LOMLOE, 2020) han tenido la más mínima intención de acabar con los conciertos educativos. Para el PP la educación concertada es un pilar fundamental en lo que ellos llaman libre elección educativa, por lo que tanto José María Aznar (LOCE, 2002) y Mariano Rajoy (LOMCE, 2003) sólo tuvieron que seguir la estela de sus aliados al frente de defender los intereses de la Iglesia y de los oligopolios que querían sangrar el sector público de enseñanza.

Hoy la escuela concertada acoge a dos de cada cinco alumnos en su etapa escolar obligatoria. En 2020, España era el país con más educación concertada. La enseñanza privada, ya sea con o sin subvenciones directas, supone un 33% del total del Estado. Algunas comunidades autónomas superan este porcentaje: el País vasco tiene casi un 50% de educación concertada y Madrid más del 35% (y va in crescendo).

Traducido en cifras, la concertada acoge cerca del millón de alumnos y emplea a 130.000 docentes en 3.500 centros escolares. Aproximadamente, seis de cada diez colegios concertados pertenecen a la iglesia o a fundaciones asociadas a ellas (datos recogidos de www.laicismo.org). El resto son, en su mayoría, pequeñas iniciativas privadas. Siendo las Comunidades Autónomas de País Vasco y Madrid las de mayor implantación con uno o dos elementos comunes: rentas per cápita altas y/o una larga tradición de gobiernos populares.

Casi 7 mil millones de euros se destinaron a centros concertados en 2020, según la Estadística de gasto público en educación (resultados provisionales del año 2020) del Ministerio de Educación, que se detraen del sistema público, suponiendo más del 12,5% de la partida presupuestaria total para educación, cuando atienden al 29% de los alumnos. Además, la concertada vuelve crónicas las desigualdades sociales porque, aunque esté prohibido por ley, seleccionan a su alumnado imponiendo, por ejemplo, las famosas cuotas voluntarias para filtrar a las familias que no pueden pagarlo justificándolo con cuotas por el gabinete psicopedagógico, aumento de horas lectivas de ciertas asignaturas, etc.

Esta segregación social, así como los contenidos ideológicos son usados por la derecha para ganar fuerza, una posición que le regala un Gobierno del PSOE (apoyado por Podemos y el PCE), el cual tampoco tiene un objetivo distinto al PP: se trata de hacer negocio en la educación. Sobre la falsedad del lema de la libre elección de centro, ya hablamos en este artículo centrado en Madrid y la Ley Maestra.

No existe la libertad de elección de Centro si no se crean, o se cierran directamente, escuelas públicas en diversas zonas, pero proliferan los centros concertados. Si estos no fueran un negocio, habría escuelas concertadas en los pueblos de la España vaciada y no es así; pueblos que además están viendo cómo se cierran sus escuelas públicas, obligando a sus alumnos a desplazarse a otras localidades. Para colmo, suprimen las rutas escolares dejándoles varados cuya única opción que les queda es la organización de las familias. Esta política es la que ha expulsado de las escuelas infantiles a los hijos de las familias humildes. Casi un 87% de los niños se han quedado sin plaza en Madrid, abocando a las familias a tener que pagar abusivas escuelas privadas.

Daría para varios artículos el hablar con detalle de la externalización de servicios en los centros públicos, como son los comedores escolares, que en el B.O.E. número 294, de 8 de diciembre de 1992 pasaron a ser empresas del sector quienes se encargasen, siendo regulada la tarifa por la Administración competente; el servicio de limpieza de los centros educativos público, que está derivado a las CCAA y éstas a los ayuntamientos siendo éstas empresas privadas que explotan y malpagan a sus empleados. En el mismo caso se encuentra el servicio de mantenimiento de los centros educativos, así como las licitaciones de obras para la ampliación y mejora. También se podría hacer mención de las empresas que realizan las actividades extraescolares. Sin olvidar el negocio de los libros de texto.

Otro punto a desarrollar sería el de los recortes en la crisis de 2008, la tasa de reposición del 0% de docentes, la increíble subida de las tasas universitarias, el negocio de los masters de grado y postgrado universitario introducidos con el Plan Bolonia (lo que supone la expulsión del proletariado de la Universidad en favor de la burguesía), el negocio de las pedagogías alternativas y la innovación educativa donde han visto un gran filón económico y el implantado aprendizaje por competencias (reducir la educación y la enseñanza a una serie mínimas destrezas o habilidades y lleva consigo la disminución de los contenidos, la impartición de conocimientos, la destrucción de las especialidades. Desde el punto de vista del aprendizaje es una falsedad, ya que hace que la escuela sea un dispositivo de inserción laboral, para las clases más desfavorecidas).

Naturalmente, a corto plazo habría que elevar la inversión en educación al menos un 10% del PIB y eliminar los conciertos educativos e invertir esos casi 7 mil millones de euros, más la subida en la partida presupuestaria, en la mejora de la calidad educativa bajando ratios, dotando a la pública de todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios, terminar con los contratos precarios de los interinos y que el resto de servicios en los centros educativos vuelvan a ser públicos.

Habría que abogar por crear una red de trabajadores públicos que se dediquen al mantenimiento, obras y mejoras de todos los edificios públicos y a la construcción de todos los centros educativos públicos que sean necesarios. Habría que eliminar las externalizaciones de los comedores escolares haciéndolo un sector público y de calidad.

En última instancia se trata de defender una educación pública, laica, de calidad y gratuita, contando con los docentes que están en activo y conocen las necesidades reales de la educación, no con bancos y expertos de entidades privadas que sólo quieren mercantilizar la educación; además de elaborar el temario mínimo dejando margen a la libertad de cátedra para completarlo y/o adaptarlo a cada región, localidad, etc.

Sin embargo, este programa no lo pueden levantar los mismos que acaban con la educación, que la venden a las empresas y para quienes “reforma educativa” es sinónimo de eliminar derechos y empeorar las condiciones de los centros. Es la clase obrera, los trabajadores del sector quienes organicen la respuesta en las calles. Para ello, es necesario hacer de los centros órgano de decisión desde los cuales luchar y construir una alternativa a la educación liberal y capitalista. Esto implica desconfiar, no sólo en el PSOE, sino también sobrepasar la pasividad provocada por las direcciones sindicales, obreras y estudiantiles, que llaman a confiar en un gobierno que, descaradamente, apuesta por una educación neoliberal, a la claudicación ante la derecha y su educación segregada y conservadora, antes que permitir un movimiento obrero dispuesto a luchar por sus derechos. Es la educación que nos merecemos y a la que tenemos que aspirar luchando unidos.