En junio de 2022, el país atraviesa por una fase de volatilidad financiera. La caída de los títulos públicos originada en la plaza local presionó sobre la tasa de interés. Los dólares libres (CCL, bolsa, blue) subieron, aumentando la brecha que existe con la cotización oficial, al 80%. A su vez, la tasa de inflación proyectada para 2022 tiene un piso del 70%. Dada la fuerte dolarización de la economía y las exiguas reservas del Banco Central, cualquier perturbación que se produzca en el futuro en los mercados de deuda va a acelerar el nivel de precios y aumentar la fuga de capitales.
El canje de la deuda (2020) y el acuerdo con el FMI (2022) tienen por objetivo regular pagos al exterior que registran picos exorbitantes en 2027-29. Tales transferencias de recursos afectarán seriamente la marcha futura de la producción, el consumo y la inflación.
A partir de 2007 el alza de los precios estuvo en una franja de entre el 20% al 25% anual. Durante el gobierno de Macri, la crisis de la deuda y las devaluaciones, hicieron que el nivel de precios ascendiera al 50%. La inflación estimada este año es, según los relevamientos del Banco Central, del 70%, el máximo en treinta años.
En las elecciones presidenciales de 2019, triunfó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Su plataforma sobre la reestructuración de la deuda externa estuvo basada en propuestas vagas (negociar con el FMI como Portugal y no como Grecia o asignar la plata de las Leliq a los jubilados). El ministro Martín Guzmán emprendió los primeros pasos, adoptando medidas restrictivas contra el salario y las jubilaciones. Las tratativas con el FMI fueron postergadas y se dio prioridad a las negociaciones con los grupos financieros de Wall Street (JP Morgan, BlackRock, PIMCO, entre otros). El uso principal dado a estos fondos contraídos en la era macrista había sido garantizar ganancias financieras con las Lebacs y asegurar que, al cabo de un plazo, los especuladores pudieran sacar esas ganancias del país. Tal mecanismo se resquebrajó con las devaluaciones de mayo de 2018.
El canje de la deuda negociado por Martín Guzmán fue aprobado por el congreso en 2020, con todos los votos del oficialismo, sin disidencia alguna. Sólo los dos diputados del FITU se opusieron a esta decisión ruinosa. En sus propios términos, la renegociación presentó problemas para las partes porque la cotización de los bonos descendió rápidamente en Wall Street y porque el riesgo país nunca bajó de los 1200 puntos básicos. En junio de 2022, está por encima de los 2100.
La política que implementó el gobierno nacional para afrontar las negociaciones externas hundió el salario y las jubilaciones en los niveles de la pandemia y tal situación continuó hasta el presente. La aceleración inflacionaria de 2022 no hará sino consolidar el porcentaje de la población bajo la pobreza en torno al 35%. Semejante ajuste provocó la dura derrota del peronismo en las elecciones parlamentarias de 2021 y generó una división en el gobierno.
El avance de las tratativas con el FMI profundizó aún más ese enfrentamiento. Parte del kirchnerismo liderado por la vicepresidenta votó en el Congreso, en marzo de 2022, contra el acuerdo con el Fondo, aunque nunca aclaró cuál es su política para encarar el problema de la deuda. A juzgar por sus declaraciones, esa ala del Gobierno pide condiciones más livianas pero no propicia el cese de pagos. Los cruces entre ambas partes del oficialismo dominan la política cotidiana como se vio con la reciente expulsión del ministro Kulfas. Por otra parte, las exigencias fiscales, monetarias y externas del FMI frenan la actividad productiva, mantienen deprimido el salario real y exacerban la inflación. En este marco, el gobierno empezó a embestir contra el movimiento de desocupados.
La deuda externa que se renegoció tiene sus primeros vencimientos de capital en 2024, no bien entre en funciones el próximo gobierno. Por su magnitud y por su extensión en el tiempo (vence en 2036), esos pagos generan presiones permanentes sobre el sistema productivo y las finanzas del país. El acuerdo que se firmó con el FMI busca, en lo básico, que la Argentina junte una masa inicial de dólares que posibilite cancelar los primeros vencimientos. Para nada es un plan de estabilización.
La inflación en el futuro se va a acelerar por dos problemas fundamentales. Uno es de tipo fiscal, porque dado el volumen de los pagos, cada vez que el tesoro no cuente con los ingresos impositivos para adquirir dólares, deberá solicitar esos pesos al Banco Central y con estos fondos comprar reservas en el mercado de divisas. Esa emisión de pesos de la autoridad monetaria (más allá de la prohibición que pueda haber impuesto el FMI) significará una liquidez adicional en el sistema que va a presionar sobre el tipo de cambio. Frente a ello, el Banco Central tendrá que aumentar la deuda interna (Leliqs o, alternativamente, títulos del tesoro) y subir la tasa de interés. En junio reciente, se vivió un episodio de este tipo, aunque a una escala reducida, porque hubo ventas a cargo de unos fondos comunes de títulos públicos por 9.000 millones de pesos que sacudieron la plaza monetaria.
A medida que transcurra el año electoral 2023, esta clase de episodios se intensificará, sobre todo, por el riesgo que afectará progresivamente a los títulos internos estatales, frente a un cambio de gobierno. Esa dinámica exacerbará la tasa de inflación y la tasa de interés. Si bien el Banco Central podría emitir para pagar su deuda, esto puede precipitar una escalada del dólar. En este caso, el gobierno no tendrá otra salida que establecer algún tipo de default, como al estilo del aplicado por el ministro Lacunza en agosto de 2019.
El segundo problema se refiere a las reservas externas del país. Los actuales pagos financieros al exterior, la remisión de dividendos, los gastos de turismo afuera del país y las salidas de capitales crecen a un ritmo elevado. El gobierno contrajo con el FMI el compromiso de acumular reservas externas por U$S 5.800 millones anuales en 2022. Al mes de junio, ha podido obtener una cifra por debajo de U$S 1.000 millones cuando en igual período de 2021 había alcanzado U$S 6.500 millones. A pesar de la suba de la soja a valores históricos, de U$S 650 la tonelada, la balanza comercial también se ha visto reducida por las importaciones de gas, producto de la improvisación oficial en la construcción del gasoducto a Vaca Muerta. A mediados de junio, las reservas líquidas del Banco Central están en valores exiguos. Esto habla de la necesidad de ajustes permanentes para afrontar la deuda de los bonistas y el FMI. Más allá de anuncios de aumentos de las exportaciones primarias, el gobierno de Fernández no tiene ningún instrumento para conseguir divisas que le permitan salir de la trampa de la deuda en la que se metió.
La oposición de derecha, esto es, la alianza entre el PRO y la UCR, ofrece la alternativa de cancelar los pagos externos pero a través del mecanismo de obtener fondos frescos en los mercados externos, a cambio de reformas estructurales dirigidas en forma directa contra el salario, las jubilaciones y los niveles de ocupación. También Milei anuncia con estridencia soluciones en esa dirección. Los acreedores pueden ver con interés esta salida. Sin embargo, el FMI y los grupos de Wall Street también conocen sus riesgos porque saben bien que la alianza PRO-UCR fue la que provocó la catástrofe de la deuda en 2016-2019. Segundo, nadie asegura que la derecha a cargo del gobierno cuente con la fuerza efectiva para implementar esa reconversión. El país ya no posee activos suficientes para un nuevo plan Brady. Tarde o temprano, la Argentina entrará en un incumplimiento y en la necesidad de un nuevo ajuste.
A pesar de registrar precios internacionales en valores récord, el salario y el consumo tienden a un deterioro progresivo. Los saltos inflacionarios de 2022 han sumergido en la pobreza a grandes franjas de la población. Ninguna de las dos alas del gobierno peronista es capaz de mostrar una propuesta para encarar la crisis actual. No existe la posibilidad de salir de la presente situación sin replantear drásticamente la relación con el FMI y los acreedores privados.
Sin embargo, hay que decir que el no pago por sí sólo, no resuelve el problema del salario, de la producción y de la inflación. Se requiere, además, llevar adelante una política en favor de los intereses mayoritarios a través de la nacionalización de la banca, del comercio exterior y de las grandes corporaciones. En otros términos, hay que poner en marcha un cambio fundamental, en lo político y en lo económico. Es un camino por recorrer, porque ninguna fuerza del gobierno ni del campo opositor, con la excepción de la izquierda que enfrenta la deuda, está decidida a impulsarlo.
La historia de una inflación crónica en el país ha dado lugar a diversas teorías, aunque casi todas ellas tienen una capacidad explicativa cuando las tasas son más bajas. Es el caso de los conflictos en la distribución, problemas fiscales, la inexorable inercia de la inflación pasada sobre la presente. Pero el problema actual ha desembocado en una crisis que exige soluciones, que deben ser resueltas con gran decisión política.
Frente a las medidas impuestas por el FMI de subir ganancias y bajar salarios, la CGT no ha convocado a una sola huelga general en defensa del salario obrero. La política conciliadora de la burocracia sindical ni siquiera le permite reclamar reivindicaciones mínimas frente a la emergencia. Ninguna pelea por el salario y por el trabajo puede avanzar sin una amplia movilización popular y sin articular y consolidar fuerzas en el movimiento obrero en su conjunto, en juntas internas y en sindicatos. Otro tanto puede decirse de los centros de estudiantes en las universidades. Sólo la movilización de fuerzas populares y la izquierda puede sacar al país de la parálisis actual. |
