Las y los trabajadores del Plan ENIA, reclaman el pago de hasta 3 meses de sus sueldos adeudados además de denunciar la precarización laboral, el vaciamiento presupuestario de este programa orientado a la prevención y acompañamiento del embarazo no intencional en la adolescencia.
Desde septiembre del año pasado se viene denunciando el vaciamiento del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), presente en 9 provincias del país donde la tasa de embarazo no intencional es alta. Este programa funciona y es articulado por 3 ministerios del gobierno: ministerio de Educación, ministerio de Salud y ministerio de Desarrollo Social, y se estructura en escuelas, CAPS o "salitas" y en espacios comunitarios.
El paro, convocado desde ATE seccional de Quilmes y refrendado a nivel nacional, responde al reclamo reiterado de las y los trabajadores ante la falta de pago de los salarios de hasta 3 meses (abril, mayo y junio) en algunos casos y la precarización laboral, con contratos anuales (bajo la modalidad de monotributo), sin la seguridad de continuidad de trabajo, ni tampoco ningún derecho laboral básico. Un avance en la precarización laboral sostenida y ejecutada por los gobiernos tanto del peronismo como de Cambiemos desde la última década.
“Al día de hoy no han cobrado su salario correspondiente al mes de abril, mayo y junio, sin que se les informe con claridad los motivos o la fecha en que se realizarán los depósitos correspondientes; no se están cubriendo las vacantes -cada vez más numerosas- tanto en salud como en educación, lo que se configura de hecho como un vaciamiento progresivo del Plan en las provincias, puesto que el último cambio en la contratación generó incompatibilidades “arbitrarias” y sin fundamento que dejaron a agentes fuera del plan”, sostienen los trabajadores.
Sólo en Tucumán, el programa cuenta apenas con 6 agentes del área de Desarrollo Social, para la cobertura de 3 departamentos "prioritarios" (Capital, Cruz Alta y Tafí Viejo). Entre muchas otras tareas, son quienes realizan las asesorías en derechos sexuales y (no) reproductivos, realizan recorridas barriales, talleres, stands informativos, articulan con referentes comunitarios y organizaciones sociales, capacitan a referentes y agentes de salud sobre el Plan. En el área de Educación son apenas 11 agentes para la cobertura de 100 escuelas. Y entre otras tareas, realizan el acompañamiento pedagógico, la capacitación a docentes e instituciones educativas a fines de garantizar la aplicación de la ESI. Desde el área de Salud, entre muchas otras tareas, les agentes asesoran en salud integral a estudiantes, desarrollan acciones de promoción y prevención de la salud integral de los y las adolescentes desde una perspectiva de derechos en salud, Educación Sexual Integral, género y diversidad, son facilitadores para el acceso a recursos específicos en salud favorecer el ejercicio del derecho a la salud de adolescentes desde una concepción de salud amplia e integral.
Las y los trabajadores del Plan Enia no solo reclaman por sus salarios y condiciones laboral, además denuncian un vaciamiento presupuestario generalizado:
"Faltan recursos imprescindibles para la realización de las tareas, materiales pedagógicos desactualizados o de acceso solo digital (lo que es una dificultad para muchas escuelas y termina representando un costo para les trabajadores que terminan imprimiéndolos con fondos propios), no hay folletería, faltan métodos anticonceptivos en muchos centros de salud con los que se articula, se sigue sosteniendo buena parte del trabajo remoto, lo que genera horas de trabajo adicionales, los protocolos de actuación y las redes de apoyo que deben activarse ante situaciones de emergencia, de extrema vulnerabilidad, o las llamadas “situaciones singulares” no funcionan, teniendo que hacer frente solas (y con recursos propios) a esas situaciones quienes trabajamos en el territorio”, sostienen.
El plan se presenta en éste contexto de ajuste como una muestra más de lo frágil en la realidad del discurso "progresista" del feminismo de los ministerios, como ya lo vimos meses atrás con el reclamo de centenares de trabajadores de formación docente de la actualización académica en ESI, quienes daban cuenta de lo contradictorio del discurso de “garantía de derechos”, cuando hacía meses de compromiso de contrato y no tenían respuesta, recién cuando el colectivo de formadores se organizó tuvieron respuesta.
El ajuste en curso se profundizará aún más bajo la injerencia del FMI, que viene presionando por un recorte aún mayor para pagar una deuda ilegítima y fraudulenta. Los sindicatos estatales deben convocar a asambleas abiertas y unificar la lucha de les trabajadores precarizades de todas las dependencias del Estado. Es necesaria una salida en conjunto con la clase obrera contra el ajuste y para que la crisis la paguen quienes la generaron.
