El proceso, en el cual se logró por primera vez que Bravo se sentara en el banquillo, había reconocido que “yo ordené que les tiren (a los prisioneros), no lo pensé y le disparé a todo lo que se movía”.
El genocida Bravo reconoció su responsabilidad en los asesinatos, pero argumentó que se trató de una reacción al intento de fuga de los detenidos, como intentó instalar la dictadura de Lanusse en ese momento.
La participación de Bravo en los hechos nunca estuvo en duda, incluso fue mencionada en un documento secreto de la Armada en el que se instalaba la versión oficial sobre el intento de fuga y se señala que "ante la emergencia, el Teniente Bravo inició el fuego con su PAM".
Bravo reside en Estados Unidos desde 1973, cuando fue enviado como agregado naval por la dictadura de Lanusse. Se retiró de la marina en 1979, pero se quedó en Estados Unidos, donde obtuvo la ciudanía y se convirtió en un importante empresario, que llegó a ser contratista del departamento de Estado. Durante las audiencias reconoció un patrimonio de 6 millones de dólares.
La corte de Florida lo declaró culpable por su responsabilidad en la Masacre de Trelew en 1972, la decisión se tomó en un veredicto unánime por parte del jurado de Miami integrado por siete miembros. Al ex marino se le ordenó pagar una recompensa de 27 millones de dólares en daños y perjuicios a familiares de cuatro de las víctimas: Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps.
Los cuatro familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villarreal de Santucho y Alberto Camps había denunciado en octubre de 2020 a Bravo porque desempeñó un papel clave en el fusilamiento de 19 prisioneros políticos desarmados en la base militar de Trelew, en la madrugada del 22 de agosto de 1972.
Bravo, de 80 años, permaneció inmutable al escuchar el veredicto en la sala de audiencias. En el fusilamiento de Trelew murieron 16 detenidos y por este crimen es requerido por la justicia argentina y tiene un pedido de extradición aún pendiente.
Como dijo uno de los familiares que en su testimonio trazó un puente entre la masacre de Trelew y el terrorismo de Estado de la última dictadura. "Tardamos 50 años en llegar acá, no nos rendimos nunca”, dijo al declarar el lunes pasado en la audiencia.
La pelea por el castigo a Bravo continúa para conseguir la prisión perpetua y cárcel común. La condena, aunque solo lo obliga a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew, es un paso más en el camino contra la impunidad de la que aún goza los genocidas que continúan sueltos y sin juzgamiento. | 
